Comité contra la corrupción en México rechaza investigar presunto espionaje


El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México rechazó instar a que el Gobierno federal informe sobre la adquisición y aplicación del software malicioso Pegasus, usado para espiar a periodistas, activistas y políticos opositores.

Con cinco votos en contra y uno en favor, el de la presidenta de la Comisión Ciudadana, Jacqueline Peschard, el Comité rechazó solicitar información sobre el programa espía con el argumento de que “el espionaje no es un delito considerado dentro del catálogo de corrupción”, informaron hoy medios mexicanos.

Peschard apuntó que, de confirmarse el espionaje, sería una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso podría configurarse el delito de peculado (malversación de dinero público), por lo que consideró de gran importancia contar con toda la información oficial al respecto.

“En opinión del Comité de Participación Ciudadana, pensamos que las autoridades podrían darnos información sobre el programa Pegasus. ¿Quiénes lo tienen? ¿Cuánto se ha gastado en él? ¿Cuál es el marco jurídico?”, subrayó.

Como integrante del Comité Coordinador del SNA, la secretaria de Función Pública y exfiscal general Arely Gómez, votó en contra, pero se negó explicar la razón de su voto.

El consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez, dijo que no podrían aprobar un exhorto en los términos propuestos porque el caso debe ser investigado primero por las autoridades competentes.

Por su parte, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, argumentó que las autoridades deben investigar el caso solo si se confirma que existe delito por perseguir, lo que a su juicio “no está probado ante nadie”.

El pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times reveló que el programa Pegasus, que solo se vende a gobiernos, había sido utilizado para espiar a críticos del Gobierno mexicano, como activistas de derechos humanos y periodistas.

Ante las críticas y las denuncias de diversas organizaciones sociales, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investigar el supuesto uso de este tipo de programas, aunque aseguró que su Gobierno no los ha usado para espiar a ciudadanos comunes.

Arely Gómez reconoció entonces que la PGR contaba con el programa pero sostuvo que durante su gestión siempre su utilizó conforme al marco legal.

Según las condiciones de venta del programa Pegasus, los gobiernos solo lo pueden utilizar para espiar en casos de sospecha de terrorismo y para perseguir criminales, como el caso de los cárteles del narcotráfico.

Frente a esta situación, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez, anunció el pasado 26 de junio que los periodistas y activistas que denunciaron el presunto espionaje del Gobierno deberán entregar sus teléfonos para un “análisis forense”.