La otra guerra, de partidos contra medio


Detrás de la lucha por imponer restricciones absurdas a la radio y la televisión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, está la costosa guerra declarada por los partidos en contra de los medios de comunicación. Nuestros políticos no quieren ser criticados, tienen la piel muy blanda.

Desde 2007 los partidos acordaron en el Congreso que su acceso a los medios electrónicos fuera gratuito, y se han apropiado de horas y horas en la pantalla y el cuadrante sin pagar un centavo por ello.

Esa medida tomada por todos los partidos en 2007 fue para castigar a los medios electrónicos porque supuestamente habrían cargado a la opinión pública en contra de un candidato presidencial el año anterior.

Tal concertación sólo estaba en la mente del candidato perdedor (alguien debe tener la culpa de sus derrotas, y él no es), y panistas, priistas y perredistas lanzaron esta ofensiva artera a la economía de los medios electrónicos para contentar al derrotado.

A partir de ahí se desató una encarnizada lucha, en que según muchos medios ser político es sinónimo de ser vividor e incompetente –equivocada generalización–, y los partidos mantienen su bota encima de la radio y la televisión con ese costoso atraco que es anunciarse gratis.

Perdón, no es gratis, sino que ese gasto corre por cuenta de las empresas que para sufragarlo deben recortar personal y programas valiosos pero sin anunciantes, y dejar en la pantalla o en el cuadrante programación irrelevante pero con patrocinio.

Los partidos son los anunciantes naturales de los programas de opinión, pero como se anuncian gratis no resultan costeables esos espacios.

La más reciente vuelta de tuerca de los partidos contra los medios fue la pretensión de imponer unos Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, con los que se pretende dificultar la opinión a través de la radio y la televisión.

Que no nos digan los partidos y los legisladores que eso fue asunto del Ifetel, pues ellos en el Congreso le dieron las instrucciones y facultades al Instituto para elaborar semejante esperpento.

Diputados y senadores (es decir, los partidos) tiraron la piedra y ahora esconden la mano, y tratan de eludir su responsabilidad de esa intentona autoritaria con un amparo.

Tales lineamientos establecen que en la televisión y la radio hay que diferenciar claramente lo que es información de lo que es opinión, so pena de sanciones.

Es decir, si Javier Alatorre dice que tal gobernador se compró una casa nueva en Houston y expresa que es necesario investigar esa adquisición, la televisora se haría acreedora de una multa al no decir que eso de investigar es una opinión del periodista.

O si da a conocer que en la carretera a Chalma un camión atropelló a cinco peatones por ir a exceso de velocidad y añade que hay que poner un freno a esos cafres, también incurriría en falta por no decir que esto último es opinión personal suya.

Se trata de inhibir la opinión.

Se trata de dificultar la crítica a los políticos.

Afortunadamente se ha frenado (momentáneamente) la entrada en vigor de los Lineamientos y hay amparos en la Suprema Corte, porque su aplicación vulneraría el derecho a la libertad de expresión.

Un capítulo más, pues, de la guerra de los partidos contra los medios electrónicos porque consideran que ellos y sus conductores son los causantes del creciente rechazo popular del que son objeto.