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ACLU demanda a la policía de Las Vegas y al Hotel Río por arrestar a fiesteros afroamericanos

La American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada demandó el lunes a la policía de Las Vegas y a la del Hotel Río después de que agentes detuvieran a todos los asistentes a una fiesta de cumpleaños en el hotel en 2018, arrestaran a varias personas y luego la publicitaran como una “fiesta de pandillas”.

Según un comunicado de prensa de la ACLU, en el que se señalaba que las 34 personas de la fiesta eran afroamericanos, se informó al Río que habría una fiesta el 18 de agosto de 2018, pero después de las 2 a.m. de la mañana siguiente, “oficiales escoltados por el personal del hotel, irrumpieron en la suite”, decía el comunicado.

“Cada uno de los 34 huéspedes fue cateado, esposado y obligado a sentarse en el pasillo durante seis horas sin acceso a agua, comida o instalaciones sanitarias”, afirma el comunicado. “Los oficiales administraron revisiones de registros indiscriminadamente sin ninguna sospecha razonable de que un individuo haya participado, o hubiera participado, en una actividad criminal”.

Poco después de la fiesta, el capitán John Leon, de la unidad de pandillas del Departamento de Policía Metropolitana, le informó al Review-Journal que los agentes estaban siguiendo una investigación cuando disolvieron la fiesta y arrestaron a 12 personas. Según la denuncia, los detectives de la unidad de pandillas le comentaron a los oficiales que había tres “presuntos miembros de pandillas” en el Río: Cory Bass, quien es nombrado como demandante, y dos hombres sin nombre que no fueron encontrados en la fiesta, de acuerdo con la demanda.

Bass no ha sido condenado por un delito grave en el Condado Clark, incluidos los delitos que mencionan la actividad de las pandillas, según muestran los registros del tribunal.

El vocero del Departamento de Policía Metropolitana, Aden Ocampo-Gomez, mencionó que el departamento no hace comentarios sobre litigios pendientes. Caesars Entertainment Corp., que opera el hotel, no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

El 19 de agosto de 2018, la cuenta de Twitter de LVMPD publicó que los oficiales “irrumpieron en una gran fiesta de pandillas” y que “más de una docena de pandilleros identificados fueron arrestados y se recuperaron cinco armas de fuego”.

Sólo dos de las 12 personas arrestadas han enfrentado cargos relacionados con la actividad de las pandillas en el Condado Clark. Ninguno de los dos fue condenado por los cargos relacionados con las pandillas, según los registros de la corte.

La demanda nombra como demandantes a Phillip Semper, Corey Johnson, Ashley Medlock, Cory Bass, Michael Green, Demarlo Riley, Breanna Nellums, Clinton Reece, Antonio Williams, Lonicia Bowie y Carlos Bass. Además del Departamento de Policía y el Río, la denuncia nombra específicamente a los demandados Joe Lombardo, alguacil del Condado Clark; los oficiales de LVMPD, Andrew Bauman, Matthew Kravetz, Supreet Kaur, David Jeong y Theron Young; junto con el empleado del Río, John Carlisle.

Semper y Johnson, que tenían 24 y 41 años de edad al momento de la detención, respectivamente, se enfrentaron a un cargo de delito grave por llevar un arma oculta sin permiso, pero ambos casos han sido desestimados desde entonces, según muestran los registros del tribunal. Los casos se desestimaron después de que un juez determinó que los registros y detenciones eran inconstitucionales, según la denuncia.

El juez determinó que no había “ninguna prueba específica o creíble de ninguna actividad específica de una banda criminal” cuando la policía hizo los arrestos, según la denuncia.

De acuerdo con la denuncia, ocho de los 11 demandantes nombrados fueron arrestados y llevados a una cárcel, que incluye a Semper y Johnson. Medlock, Green, Nellums, Williams y Bowie fueron arrestados por órdenes de tráfico pendientes, según la denuncia.

En 2018, el capitán de la unidad de pandillas le reportó al Review-Journal que 10 de las 12 personas detenidas fueron arrestadas por órdenes pendientes.

“Administradores del Río sabían que celebraríamos una fiesta de cumpleaños cuando se reservó la habitación, pero en lugar de pasarla bien nos trataron como criminales”, declaró Medlock, uno de los demandantes, fue citado en la liberación de la ACLU. “¿Desde cuándo es un crimen ser afroamericano e ir a un cumpleaños?”

La demanda busca daños monetarios no especificados, junto con órdenes judiciales para detener el protocolo de LVMPD de “irrumpir en una fiesta”, que incluye registros ilegales, según la demanda. Los demandantes también piden un mandamiento judicial que incluya el establecimiento de una disciplina “clara y consistente” para los oficiales, un “sistema de advertencia” para recolectar información sobre el número de quejas de los ciudadanos contra cada oficial, y la disciplina para los oficiales que se descubra que han “participado en la elaboración de perfiles raciales”.

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