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Activistas alarmados por aumento de deportaciones

Activistas en los estados de Arizona y California expresaron preocupación ante las cerca de 450,000 deportaciones que se llevaron cabo en el año fiscal 2013, sobre todo por aquellas calificadas de rápidas, que se realizaron en contra de indocumentados arrestados en la frontera con México.

“Desafortunadamente vemos cómo las deportaciones continúan. Mientras tanto no tenemos ningún tipo de alivio por parte del Congreso, y ambos partidos nos siguen tratando como una ficha política en las próximas elecciones”, dijo a la agencia Efe Dulce Matuz, una de las fundadoras de la Coalición para el Acta Sueño en Arizona.

Indicó que diariamente se destruyen familias, sin tomar en cuenta a los cerca de cuatro millones de niños estadounidenses que se estiman tienen padres indocumentados, o por lo menos, el padre o la madre.

La cifra de deportados fue publicada esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con datos actualizados.

El reporte señala que Estados Unidos deportó a 438,000 indocumentados en 2013, y que la mayoría son originarios de México, Guatemala, Honduras, y El Salvador.

Agrega que el número de expulsados representa un aumento del 4,5% respecto a los 419,000 deportados en el año fiscal 2012, y detalla que, en general, el número total de detenciones bajó de 678,606 en el año fiscal 2011 a 662,583 en el año fiscal 2013.

De los 438 mil deportados en 2013, alrededor del 44% fueron expulsados rápidamente luego de ser arrestados por la Patrulla Fronteriza en la frontera cuando intentaban ingresar indocumentados al país sin pasar por una corte de inmigración.

El diario The New York Times dijo que las nuevas cifras constituyen un récord.

“Estamos frente a una serie de promesas rotas por parte de la Administración del presidente Barack Obama, quien continúa deportando a miembros de nuestra comunidad”, aseguró Matuz.

La activista agregó que, aunque se ha prometido que el enfoque para las deportaciones sería para las personas con récord criminal, esto no es lo que pasa en realidad, ya que están deportando gente que no ha cometido ningún delito.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que la política de deportaciones prioriza a los extranjeros indocumentados que han cometido crímenes pero las organizaciones y grupos pro inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 deportados no representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En California, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés) acusó al gobierno de haber instaurado un “régimen de terror” luego de conocer el informe del DHS.

“Estamos extremadamente decepcionados”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

La activista demandó la toma de acciones ejecutivas para detener las deportaciones y evitar la separación de las familias.

“El hecho de que el 83% de todas las deportaciones se producen a través de órdenes de expulsión acelerada significa que a la inmensa mayoría de los inmigrantes se les niega el debido proceso”, apuntó.

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