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Alta funcionaria de ICE en Las Vegas discute la proliferación de criminales indocumentados

A la principal representante de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en Nevada, no le sorprendió que uno de cada 14 reclusos estatales sea un inmigrante indocumentado, pero mencionó que hay poco que los funcionarios federales puedan hacer al respecto.

Dana Fishburn, subdirectora interina de la oficina de campo de ICE en Nevada, acordó una entrevista después de que una investigación del Las Vegas Review-Journal descubriera que casi mil prisioneros estatales tienen retenciones de ICE y aproximadamente una quinta parte de ellos son delincuentes reincidentes.

“Comparo todo aquí con California porque soy de California y los números son probablemente el doble o el triple de lo que son aquí, así que no, no es sorprendente”, anunció.

Pero Fishburn podría ofrecer pocas soluciones para la inundación de inmigrantes indocumentados que se encuentran en las cárceles de Nevada, lo que les cuesta a los contribuyentes estatales hasta 22 millones de dólares al año.

Señaló que las personas que ingresan ilegalmente, las que regresan después de haber sido deportadas y las que se quedan porque sus países no se los llevaron de vuelta por haber cometido un delito en Estados Unidos, contribuyen al alto porcentaje de la población carcelaria indocumentada de Nevada. Solo los cambios sistemáticos en las leyes de inmigración (que no se han actualizado durante décadas) podrían reducir el problema, advirtió.

“El Congreso podría cambiar las leyes fácilmente”, comentó. “Esa es la única manera.”

Cambios en la política

Antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente, la política de ICE era apuntar solo a los criminales para deportarlos. Un cambio de política reciente ha hecho que ICE se centre en inmigrantes criminales indocumentados, pero también en arrestar a otras personas indocumentadas que encuentran cuando arrestan a los delincuentes.

“Tenemos ‘colaterales’, que llamamos así, que se encuentran en el mismo lugar”, explicó. “Si están allí ilegalmente, también los arrestamos”.

Fishburn dijo que Nevada tiene solo alrededor de 600 camas de detención de ICE, por lo que muchos delincuentes son liberados bajo fianza o con pulseras de tobillo en espera de una audiencia de deportación frente a un juez.

Y el proceso de deportación puede prolongarse durante años.

“Aquellas personas que no están bajo custodia, por ejemplo, una de las madres que no cometió un delito, pero que está aquí ilegalmente, no irá a la corte en tres o cuatro años en este momento”, informó Fishburn. “¿Quién sabe qué podría pasar en esos tres años? Podría tener tres bebés más”.

Fishburn negó que detener a las personas indocumentadas adicionales, que no han cometido ningún otro delito que no sea ingresar ilegalmente a Estados Unidos, obstruye el sistema, pero admitió que está saturado.

“Estamos muy limitados sobre quién y cuántos podemos sostener”, argumentó. “Y también es una frustración para nosotros como agentes”.

Delincuentes liberados

Actualmente, hay hasta mil 100 delincuentes que buscan alternativas a la detención, como pulseras de tobillo, esperando que un juez determine si serán deportados, añadió Fishburn.

La investigación del Review-Journal destacó un caso en el que ICE detuvo a un ladrón de autos convicto después de cumplir su sentencia estatal, pero ICE lo liberó con un brazalete en el tobillo. Luego, secuestró y violó a una mujer en la avenida Tropicana.

En respuesta a la solicitud del Review-Journal, los funcionarios de ICE proporcionaron detalles de un inmigrante indocumentado de Filipinas que fue liberado bajo fianza tres veces por jueces de inmigración.

Mark Lamson, ahora de 37 años, fue arrestado por cargos de robo en 2010 y 2012 en California y en ambas ocasiones fue liberado bajo fianza por jueces de inmigración, según muestran los registros. Un juez lo liberó nuevamente bajo fianza en espera de su audiencia de inmigración después de que ICE lo detuviera en junio cuando estaba siendo liberado de una prisión de Nevada por posesión de cargos de propiedad robada.

La vocera de ICE, Paige Hughes, comunicó que la base de datos de ICE no explica por qué Lamson no fue deportado durante casi una década, a pesar de tres arrestos.

“Podría ser una serie de cosas, como si tuviera un abogado”, mencionó.

Pese a esos ejemplos, Fishburn defendió la política de ICE de liberar a algunos criminales condenados bajo fianza mientras esperan las decisiones de inmigración.

“Si tienen vínculos comunitarios y familiares, ese es uno de los factores que tomamos para determinar si vinculamos a alguien con un registro previo: hay muchas circunstancias diferentes que tendremos en cuenta y antes de vincularlos o ponerlos en las alternativas a la detención”, enfatizó.

Información limitada

A diferencia de los casos penales estatales en los que la mayoría de los registros son públicos, los medios de comunicación y el público disponen de poca información sobre delincuentes indocumentados.

El Review-Journal presentó dos solicitudes detalladas a la Ley de Libertad de Información de Antecedentes Penales e Inmigración (FOIA, por su sigla en inglés) de aproximadamente 170 reclusos de Nevada que contaban con retenciones de inmigración de ICE y reportes de delitos anteriores en su historial del Departamento de Correcciones.

La oficina de la FOIA solicitó exenciones firmadas de cada delincuente (citando la Ley de Privacidad) para divulgar la información. Pero el personal de relaciones públicas de ICE proporcionó información sobre un puñado de convictos sin exenciones.

Hughes dijo que ICE puede proporcionar información sin violar la ley de privacidad porque los oficiales de información pública operan bajo una nota de política que les permite divulgar más información de la que permiten las pautas de la FOIA.

“Tenemos la capacidad de divulgar una gran cantidad de información personal a los medios de comunicación que de otro modo no se divulgarían”, aseguró, y agregó que tienen personal limitado, por lo que no pueden investigar 170 casos.

ICE proporcionó información sobre cuatro delincuentes reincidentes para el reportaje del Review-Journal.

Hughes también proporcionó información sobre los 65 delincuentes de Nevada en libertad condicional y liberados bajo custodia de ICE desde abril, incluida información detallada sobre Lamson y otros cinco reclusos de Nevada. De las otras 59 personas en libertad condicional indocumentadas, 37 han sido deportadas, dos han recibido órdenes finales de deportación y están a punto de ser expulsados, ocho están esperando sus audiencias y una docena ha sido procesada para volver a ingresar al país después de la deportación.

Los funcionarios de la administración sostienen que no hay forma de reducir la cantidad de inmigrantes indocumentados en las cárceles de Nevada sin que los legisladores agilicen el proceso de deportación, limiten las solicitudes de asilo y aseguren las fronteras.

“Las personas todavía van a cometer crímenes”, concluyó Fishburn.

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