Anulación de condena por conducción bajo efectos de alcohol genera tensión entre autoridades
La mordaz decisión de un juez de Las Vegas de anular una condena por conducir bajo los efectos del alcohol porque el fiscal también es senador del estado ha planteado la cuestión de la separación de poderes en el gobierno de Nevada.
“Esta Corte encuentra que es una violación del debido proceso procesal de casi el orden más alto que una persona sea juzgada y condenada por un funcionario público que está a cargo tanto de escribir como de hacer cumplir la ley”, escribió el juez de distrito Richard Scotti en una orden emitida el lunes. “Este tribunal considera que es fundamental para la jurisprudencia estadounidense que un acusado criminal no sea procesado por una persona que sea simultáneamente legislador y encargado de hacer cumplir la ley del Estado de Nevada”.
La decisión del juez no afecta directamente a otros casos procesados por la senadora de Nevada, Melanie Scheible, demócrata por Las Vegas, que trabaja como fiscal de distrito adjunto en el Condado Clark.
Pero el abogado defensor Craig Mueller, planteó el mismo tema en otro caso, y un grupo de expertos conservadores ha presentado una demanda contra los legisladores que trabajan simultáneamente como empleados públicos, incluyendo a Scheible y su compañero fiscal y la senadora estatal Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas.
El juez estuvo de acuerdo, desechando la condena por conducir bajo los efectos del alcohol en octubre de 2019 de Jennifer Plumlee en Henderson.
Poderes divididos
La Constitución de Nevada divide claramente el gobierno en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y establece que “ninguna persona encargada del ejercicio de los poderes que pertenecen propiamente a uno de estos departamentos ejercerá ninguna función, perteneciente a cualquiera de los otros, excepto en los casos expresamente dirigidos o permitidos en esta constitución”.
Robert Fellner, vicepresidente y director de política del Nevada Policy Research Institute, el grupo que demandó a los miembros de la Legislatura, elogió la decisión de Scotti.
“Creo que es un fallo tremendamente importante que va a tener un enorme efecto dominó”, comentó Fellner, añadiendo que la orden marcaba “la primera vez que un juez de Nevada se ha pronunciado directamente sobre este tema”.
El fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, agregó que su oficina aún no ha decidido si apelar la orden.
En julio, después de que el grupo de Fellner presentara una demanda contra los legisladores, Cannizzaro llamó a la queja “un truco publicitario” destinado a distraer los esfuerzos de los legisladores para abordar los asuntos presupuestarios relacionados con la pandemia.
Scotti escribió que la doctrina de separación de poderes del estado “existe para salvaguardar al pueblo contra la tiranía”, dictaminando que Scheible, que fue elegida en 2018, no tenía autoridad para procesar a Plumlee.
“Este Tribunal no ordena a la Oficina del Fiscal de Distrito que haga o no haga nada”, escribió Scotti. “Más bien, este Tribunal está protegiendo los derechos del acusado”.
Diferentes opiniones
Fellner dijo que los fiscales tal vez no quieran apelar la decisión porque una orden del Tribunal Supremo desfavorable a la fiscalía podría impedir que los diputados se desempeñen como legisladores en el futuro.
“Ciertamente se puede ver una razón política para no arriesgar ese daño”, comentó Fellner. “Mientras sea un fallo del tribunal de distrito, no es la ley. Pero creo que están en una situación difícil”.
Una gran cantidad de opiniones del fiscal general que se remontan a décadas atrás han estado divididas sobre la cuestión, con algunos prohibiendo todo servicio y otros permitiéndolo. Una de ellas, escrita por el entonces fiscal general Brian Sandoval en 2004, decía que los trabajadores del estado tienen prohibido servir en la Legislatura pero los empleados del gobierno local no porque no son considerados empleados del poder ejecutivo del estado.
La Legislative Counsel Bureau, el grupo de abogados no partidistas que asesoran a los legisladores estatales, ha dicho que la doctrina de la separación de poderes prohíbe que sólo los altos funcionarios o supervisores sirvan como funcionarios electos, ya que sólo ellos ejercen las funciones del poder ejecutivo.
