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Armas utilizadas en el tiroteo de Las Vegas estancadas en un limbo legal

Las armas con las que un hombre asesinó a tantos fans de la música country como pudo, podrían estar enredadas en dos complejos casos judiciales, emanados de la masacre que infligió hace casi 18 meses.

Existe la voluntad de destruir las armas y sus accesorios, pero también existe una intención. En enero, un donante anónimo se ofreció a cubrir su valor, por lo que los familiares que se reúnen para cobrar de los bienes del asesino no las verán vendidas y distribuidas.

Pero los instrumentos también son evidencia y un abogado de Las Vegas involucrado en una demanda federal que se deriva del ataque, está defendiendo su preservación. Así que permanecen bajo la custodia del FBI, almacenadas y estancadas ya que las familias de las 58 personas asesinadas el 1 de octubre de 2017, se ven obligadas a lidiar con eso en su vida.

“Estoy explotando mi cerebro pensando en qué hacer”, expresó David Horton al periódico Las Vegas Review-Journal, profesor de la Universidad de California, Davis y experto en casos de sucesiones.

“Normalmente, en la sucesión testamentaria, se habla del valor de los activos y quién los obtendrá”, continuó Horton. “Pero ahora tienes esta propiedad tóxica y alguien que puede reclamarla, porque aunque está contaminada, tiene valor. ¿Y luego le sumas las acciones privadas de un donante? Mi mente está que explota”.

Horton comentó que las demoras en los casos de sucesión son comunes, porque puede ser complicado terminar los asuntos de alguien.

“Sin embargo, este es un nivel de complejidad que no creo haber visto antes”, aseguró.

Dilema moral

Cuando Stephen Paddock se suicidó poco después del ataque que dejó más de 800 heridos, no tuvo testamento, por lo que su madre heredó sus bienes. Pero ella no quería tener nada que ver con el dinero, por lo que lo destinó a las fincas de los 58 que fueron asesinados.

La cuenta más reciente de su valor superó los 1.3 millones de dólares, según los registros judiciales presentados el otoño pasado. Esa estimación incluía al menos $62 mil en armas y accesorios de fuego recolectados en su hogar y en la suite del Mandalay Bay al momento de su muerte.

El importante valor de las armas presentaba un dilema moral, según el abogado que maneja el caso testamentario: venderlas y recolectar dinero para las familias de las víctimas, o destruirlas y perder su valor.

“Debido a la naturaleza altamente sensible de la tragedia y esta sucesión, sería mi preferencia personal que solicitemos al tribunal que las destruya en algún momento”, sugirió Alice Denton en septiembre.

Pero las armas aún estaban bajo custodia policial, por lo que no se ha tomado ninguna medida.

El dilema, que Horton lo describió como “extremadamente raro”, llegó a los titulares nacionales en enero. Fue entonces cuando un donante de California intervino para ofrecer 62 mil 500 dólares para asegurar que las armas fueran destruidas.

Sorprendida por el gesto, Denton planeaba avanzar con una petición para destruirlas en caso de que la policía las liberara. Fue entonces cuando intervino Robert Eglet.

Parálisis

Eglet, un abogado veterano de Las Vegas, está representando a un grupo de víctimas que demandan a Slide Fire Solutions, el fabricante de los automatizadores que Paddock usó para disparar rápidamente durante el ataque del festival Route 91 Harvest.

La queja argumenta, entre otras cosas, que la compañía mintió en su solicitud de licencia federal de armas de fuego, afirmando que fabricó armas cuando en realidad solo debía crear automatizadores, que luego se debían usar en armas fabricadas por diferentes compañías.

Una prohibición a nivel nacional de estos dispositivos por parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos entra en vigencia el martes.

El caso de Slide Fire probablemente no irá a juicio en corto plazo. Entonces, cuando Eglet se enteró de las acciones del donante anónimo, solicitó una orden de preservación de emergencia, que mantendría las armas en el limbo hasta que puedan usarse como evidencia en el caso de Eglet.

Un juez magistrado aprobó la orden, que citó a cualquier persona que pudiera tener la custodia de las armas, incluido el FBI, el Departamento de Policía Metropolitana y los bienes de Paddock.

El FBI no respondió. La Policía Metropolitana argumentó que la policía de Las Vegas no posee ninguna de las armas y un abogado, en nombre del administrador especial encargado de preparar el patrimonio de Paddock, argumentó que la orden era “prematura, demasiado extensa e indefinida”.

Más adelante en el documento, la abogada, Lisa Rasmussen, argumentó: “Sin ninguna garantía de que las armas de fuego finalmente se destruirán, o incluso una posible fecha o evento que podría provocar la liberación de ellas para su destrucción, el donante anónimo podría bien retirarse. Su oferta excesivamente generosa privó a los estados de las víctimas masacradas de las ganancias de las armas de fuego y obligó al Administrador Especial, en una fecha posterior, a venderlas y ponerlas de nuevo en circulación”.

El juez magistrado más tarde emitió una orden que puso fin a la moción de emergencia, pero al hacerlo, dejó lo que sucedió a continuación como algo “claro como el barro”, expresó Rasmussen al Review-Journal.

“Asesoré a mi cliente sobre la orden”, explicó Rasmussen, “pero también le dije, si tomas posesión de las armas, deberíamos tomar precauciones y no hacer nada hasta que notifiquemos al grupo de Slide Fire, cualquier acción de cualquier intento de disponer de ellos”.

Denton, la abogada testamentaria, calificó la orden de preservación como un “problema” en el complicado proceso de liquidación de los activos de Paddock.

“Estamos un poco paralizados con respecto a las armas”, contrastó.

Eglet no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una presentación de seguimiento, Eglet observó que sus clientes “están de acuerdo en que la destrucción de las armas de fuego y los accesorios es, en última instancia, el mejor resultado posible en esta terrible situación”.

El documento no indicaba cuándo podría suceder eso.

Se necesita cerrar el caso

Mynda Smith, la hermana de Neysa Tonks, una madre de Las Vegas que murió en el ataque, no estaba al tanto de las recientes complicaciones que rodearon la destrucción de las armas.

Ella dijo que la solicitud de preservarlas como evidencia era un “concepto realista”, pero esperaba que no retrasara la destrucción más de lo necesario.

“En mi opinión, solo hay tanta evidencia que se puede tomar de un arma”, expuso Smith. “No es que haya un millón de componentes o un millón de cosas para probar. Cuando se hace su propósito, lo que representaron ya no debe existir”.

Smith añadió que sabe que las armas son “solo objetos”, pero que se usaron para cometer un “verdadero acto de maldad”.

A ella le preocupa que, sin una garantía más concreta, las armas puedan algún día encontrarse en circulación o tal vez, en una tienda.

“Necesitan dar el cierre a las familias y los sobrevivientes, que ese cierre exista para que sepan que esa puerta se ha sellado”, concluyó. “Creo que ese es un mejor camino que dejar que simplemente se queden en una caja”.

Tanto en el tribunal federal como en el estatal, no se ha programado una audiencia sobre las armas.

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