Asalto sexual en nuestras escuelas (Parte I)

El Distrito Escolar del Condado Clark no despidió al maestro de la escuela primaria Dailey, John Stalmach, cuando fue arrestado en 2012 por tener relaciones sexuales con un estudiante de 16 años de edad de la preparatoria Basic.

En cambio, el distrito le ofreció un acuerdo: a cambio de su renuncia, el incidente no sería documentado en su archivo personal.

Pero no fue la primera vez que Stalmach se enfrentó a acusaciones de comportamiento inapropiado.

Un número incalculable de miembros del personal del Condado Clark han logrado que se remueva de su historial personal las acusaciones de mala conducta sexual, creando una situación que permite que el comportamiento sexual entre estudiantes y maestros sea constante.

Eso es sólo una parte de una crisis que exhibe que el sistema de confianza se ha roto, según abogados y expertos, se deriva principalmente de tres cuestiones: el contrato del distrito con el sindicato de maestros, las lagunas en los controles de antecedentes y la capacitación insuficiente de los empleados.

Durante los últimos tres años, 31 miembros del personal han sido arrestados bajo sospecha de conducta sexual inapropiada o comportamiento inapropiado con algún estudiante. Desde julio, se han producido 11 arrestos.

Es más alto que el número de arrestos para el año escolar 2016-17 producidos en algunos de los distritos más grandes de la nación. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo sistema más grande del país, reportó sólo dos.

Los sospechosos de dos de los 11 arrestos de este año escolar tenían una historia conocida de conducta inapropiada, según los registros policiales, pero se les permitió permanecer en las escuelas – una práctica conocida como “pasar la basura” (“passing the trash”).

Es más, el distrito ha enfrentado por lo menos cinco demandas federales por mala conducta sexual entre miembros del personal y estudiantes en los últimos cinco años, tres de las cuales están en curso.

Dos de esos casos documentan ejemplos claros del sistema que pasa a los profesores problemáticos de una escuela a otra. Los cinco expresaron inicialmente que el distrito violó los derechos de las víctimas bajo el Título IX, aunque al menos uno de ellos ha descartado esa aseveración.

Y todos estos casos argumentaban originalmente que el distrito sabía o debía haber sabido acerca de la mala conducta del personal, pero no hizo nada, o nada en absoluto, para detenerlo.

“Tienes estudiantes que han sido molestados a los ocho o nueve años de edad que nunca volverán a confiar en sus maestros”, dijo Robert Eglet, abogado de varias familias en un caso que involucró al ex profesor Jeremiah Mazo.

– ‘Refugio seguro’ para los pedófilos.

Este año, el maestro Jeffrey Schultz y el custodio Jesús Acosta son los últimos ejemplos del fracaso del distrito para mantener al personal con historial conocido de mala conducta lejos de los niños.

Pero el desglose de las salvaguardias que existen para proteger a los estudiantes comenzó hace mucho tiempo, en parte debido al poder de los sindicatos que protegen a los empleados sin importar las acusaciones contra ellos, según los abogados involucrados en las demandas federales.

Si un maestro es destituído de una acusación criminal o civil, “todos los reportes escritos, comentarios o reprimendas sobre acciones que los tribunales consideraron que no han ocurrido, serán removidos del archivo personal del maestro”, según el contrato de la Asociación de Educación del Condado Clark.

Es esa cláusula, dice Eglet, que crea un “refugio seguro” para los maestros pedófilos en el Condado Clark.

“También puedes poner un anuncio … que dice: ‘Oye … maestros pedófilos, ven a Las Vegas a enseñar, porque a menos que se pruebe que eres culpable más allá de una duda razonable, tu historial será sellado’”, dijo Eglet.

Eso es exactamente lo que sucedió en el caso de Mazo, según el juicio de Eglet. En el 2008, Mazo fue arrestado bajo sospecha por abusar sexualmente de los estudiantes en la escuela primaria Simmons.

Pero cuando los cargos fueron rechazados, las acusaciones fueron retiradas de su archivo personal y continuó enseñando en otras escuelas del Condado Clark, de acuerdo con una queja enmendada presentada el 1 de marzo.

En lugar de despedir a Mazo o reasignarlo a un trabajo donde no tuviera contacto con niños, el distrito lo trasladó a otras escuelas, incluyendo a la escuela primaria Hayden, donde fue acusado nuevamente de abusar sexualmente de los estudiantes. Mazo se declaró culpable de tres cargos de felonía por intento de maldad con un niño en agosto de 2015 y está cumpliendo hasta 60 años de prisión.

El CCEA y la Asociación Estatal de Educación de Nevada están incluidos en la demanda, que indica que los sindicatos ayudaron a remover los cargos de Mazo en el 2008.

“No darse cuenta de las consecuencias de esto fue más allá de negligente – es una negligencia grave”, dijo Eglet. “El distrito escolar y el sindicato comparten la responsabilidad por este hecho”.

John Vellardita, el director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark, está detrás de la cláusula en el contrato.

“Representamos a 18,000 profesionales con licencia y hay 320,000 niños, hay muchas acusaciones infundadas que vuelan de un lado a otro”, dijo. “Sin un debido proceso que intenta esencialmente determinar lo que es un hecho o no, cualquier cosa que se pone en el archivo de alguien que no se basa en cualquier tipo de hallazgos de evidencia no debería estar ahí”.

Vellardita hizo hincapié en que el sindicato no aprueba ni protege, de ninguna manera, a ningún educador involucrado en un acto criminal.

“No queremos que la gente que se involucre en comportamiento criminal esté en las aulas o alrededor de los niños”, dijo.

Aún así, el contrato también permite a los maestros solicitar la remoción de informes o reprimendas de su expediente personal que están más allá de tres años y un día de edad.

John George, el abogado de Mazo, dijo que ha visto denuncias de impropriedades con niños, en su experiencia con el derecho de familia, señalando que en disputas entre padres o divorcio, alguien puede hacer una acusación que es completamente infundada.

“Generalmente, si se está llevando a cabo una investigación y encuentran que estas acusaciones son infundadas, ¿por qué permitiría que estas acusaciones afecten negativamente la vida de alguien?”, dijo. “Simplemente hacer una alegación como esa puede literalmente arruinar la vida de alguien”.

Pero añadió que no hay nada malo en agregar capas adicionales de protección en casos de mala conducta sexual. Además, se negó a comentar específicamente el caso de Mazo.

– Temores de litigios

Cuando se trata de despedir a un miembro del personal que es problemático -sea maestro, personal de apoyo o administrador- los temores de los líderes distritales de costosos procedimientos de arbitraje y demandas de terminación injusta juegan un papel en el problema.

“Mi punto es que es un componente principal en la manera en que estos casos no son perseguidos agresivamente”, dijo el abogado Don Campbell, que representó a la víctima en el caso de Stalmach. “Que sienten que los sindicatos tienen demasiado poder o que tienen demasiado dinero o que les hacen demasiada sombra a través del litigio”.

El superintendente del distrito escolar del Condado Clark, Pat Skorkowsky, reconoció que los costos de arbitraje y litigios se suman rápidamente.

“Tenemos que asegurarnos de que estamos manejándolo adecuadamente para siempre prevalecer en esas situaciones”, dijo.

Stalmach y otro profesor, Bambi Dewey, fueron acusados de tener relaciones sexuales con un estudiante de 16 años en 2012. Sin embargo, el distrito había investigado previamente a Stalmach por mensajes de texto inapropiados con una estudiante en su escuela anterior, Basic High, en el año 2009.

Después de esa investigación del 2009, tanto el director de la escuela como el director de relaciones de administrativas de empleados recomendaron la terminación de Stalmach por preocupaciones con su comportamiento, la demanda de Campbell quedó descubierta.

“Él absolutamente no puede volver a mi escuela”, dijo el director David Bechtel al distrito, de acuerdo con la demanda.

Pero el consejo general del distrito no despidió a Stalmach para evitar el arbitraje que habría ocurrido si Stalmach hubiera apelado la decisión, de acuerdo con la demanda. Stalmach se quedó en el distrito, y fue arrestado después del encuentro con el joven de 16 años aproximadamente tres años después.

Cuando los fiscales rechazaron los cargos en ese caso, el distrito aprobó el acuerdo con Stalmach para deshacerse de él. Stalmach, que ahora vive en Colorado, todavía tiene una licencia de enseñanza válida en Nevada que expira en julio de 2018, según el Departamento de Educación del estado. La licencia de Dewey expiró en 2013.

Skorkowsky dijo que es importante mirar el contrato del sindicato para ver qué se puede hacer para fortalecer las políticas del distrito.

Añadió que si hay situaciones que no justifican ninguna acción legal o disciplinaria, entonces el distrito no tiene necesariamente control sobre lo que entra en ese archivo de personal.

“Podríamos tener al mejor maestro del mundo, y de repente sale alguien a decir que sucedió un incidente, y no se encuentra nada en la investigación”, dijo. “Así que es muy difícil. Es una línea delgada tratando de proteger al profesor, así como de proteger a los estudiantes”.

– Problemas actuales

Se tomó a un padre molesto y una llamada telefónica a la policía para traer la historia anterior del profesor Brown Academy Jeffrey Schultz a la luz. Chad Jensen dijo que no estaba contento con las respuestas que recibió de un oficial de la escuela después de que le dijo que su hija de 13 años informó una conversación incómoda con Schultz. “Ella me dijo que no podía revelar ninguna información, que van a estar investigando, que no se va a hacer nada hoy”, dijo. “Yo dije, ‘Bueno, si ustedes no van a hacer nada al respecto, yo sí’”.

Así que salió y llamó a la policía.

Jensen posteriormente descubrió que Schultz había enfrentado acusaciones anteriores de mala conducta en la Academia Brown y otra escuela. Schultz ahora se enfrenta a tres cargos de molestar e indecencia hacia un menor menor de 18 años. Él está en suspensión pagada del distrito en espera de la carta de despido del superintendente.

Cerca de tres meses después, Jensen dijo que recibió otra llamada telefónica de la escuela: Su hija de 11 años informó que una maestra suplente tocó su muslo. La policía de Henderson confirmó que el asunto estaba siendo investigado, pero no se había hecho arresto en el caso desde el lunes.

La hija mayor de Jensen, Kendra, dijo que ella y dos amigos se sentían incómodos después de que Schultz les preguntó qué tipo de ropa interior llevaban.

Ellos presentaron un informe en la oficina más tarde ese día, dijo, en parte porque se acordaron de que su amigo previamente cambió de clase de Schultz. Ese amigo se sintió incómodo cuando Schultz le tocó el hombro.

“Estaba pasando por nuestras cabezas … como le hizo eso”, dijo la menor, “que no queríamos que nos pasara nada más.”

Jesús Acosta, un custodio de la escuela secundaria Tarkanian, fue advertido para corregir su comportamiento con los estudiantes antes de ser arrestado.

La policía del distrito había investigado previamente las conversaciones por correo electrónico y texto que Acosta tenía con los estudiantes en junio de 2016, según registros policiales. Se le dijo que se abstenga de compartir información de contacto personal con los estudiantes y mantener sus interacciones con ellos profesionales. Él mantuvo su trabajo en la escuela.

Este año, tres chicas de sexto grado de la escuela informaron que Acosta las había abrazado o besado y había hecho comentarios inapropiados que las dejaban incómodas. Acosta fue arrestado y acusado de tres cargos de contacto ilegal con un menor de 14 años de edad.

En una reunión de la Junta Escolar en mayo, la abuela de Kendra, Rhoda Jensen, emitió una petición a los síndicos.

“Tiene que parar. Estos son estudiantes de 11, 12 y 13 años que ahora no confían en sus maestros, sus directores, sus consejeros”, dijo. “No saben en quién confiar”.

– Violación de la ley federal Título IX

El consentimiento del distrito escolar del condado de Clark a una cláusula de escape en su contrato con el sindicato de maestros ha puesto el sistema en violación directa del Título IX, según un abogado con experiencia en la ley federal.

“Toda la atención está en torno a la violación en el campus a nivel universitario, pero realmente K-12 es un panorama mucho peor que lo que vemos en los campus universitarios”, dijo John Clune, un abogado de Colorado que ha litigado una serie de alto perfil en casos Título IX en todo el país.

Aprobado en 1972, el Título IX prohíbe la discriminación basada en el sexo en los programas de educación que reciben fondos federales. La ley también cubre actos de acoso sexual y conducta sexual prohibida.

Pero el contrato del distrito escolar con la Asociación de Educación del Condado de Clark estipula que “todos los reportes escritos, comentarios o reprimendas concernientes a acciones que los tribunales consideraron que no han ocurrido, serán removidos del archivo personal del maestro”.

Clune dijo que la cláusula del contrato claramente pone al distrito en violación de la ley federal.

“Las escuelas tienen un contrato con el gobierno federal. … Cláusulas en los contratos sindicales, nada de eso alivia la responsabilidad de la escuela bajo el Título IX”, dijo Clune.

Sin embargo, el superintendente Pat Skorkowsky cree que el distrito debe seguir el proceso del contrato sindical. Dijo que la cláusula no está en conflicto con el Título IX.

“Si no hay suficiente información para que podamos ver los cargos presentados en una jurisdicción, entonces es difícil para nosotros despedir a un maestro si no se presentaron cargos”, dijo. “Lo hace muy difícil”.

Pero Skorkowsky reconoció que “es hora de que revisemos eso y veamos circunstancias especiales, y eso es algo que habrá que hacer a través de negociaciones”.

Clune llamó a estos escenarios un problema de seguridad en el campus y consideró que los sistemas de escuelas públicas ignoran tales cláusulas o dejan de negociarlas en primer lugar.

“La escuela tiene la obligación de hacer su propia investigación”, dijo Clune. “El Departamento de Educación es muy claro. Las investigaciones tienen que hacerse de manera independiente. Esto no tiene nada que ver con si el caso termina o no va a la corte”.

Los casos del Título IX, según Clune, requieren “preponderancia de evidencia” como carga de la prueba inferior a la norma de “más allá de una duda razonable” en el contrato del sindicato de maestros. Cada una de las cinco demandas federales contra el distrito en los últimos cinco años han denunciado violaciones del Título IX; Dos se han resuelto, tres siguen en curso.

“Lo que sucede en tantas situaciones es que las escuelas no se toman el tiempo y no quieren gastar el dinero para desarrollar políticas fuertes”, dijo Clune. “Y luego terminan gastando diez veces más que en responsabilidad civil, (por) demandas y sus propios hijos resultan afectados”.

Las escuelas encontradas en violación del Título IX pueden perder fondos federales. Sin embargo, ninguna escuela de preescolar a 12º grado ha tenido fondos obtenidos debido a violaciones, según el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

El distrito fue previamente encontrado en violación de Título IX en diciembre por su mal manejo de las quejas de acoso de un estudiante de educación especial. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos ordenó a los empleados de la escuela del niño que se sometieran al entrenamiento del Título IX, entre otras acciones correctivas.

La ley también requiere que se designe claramente a un oficial de cumplimiento de Título IX calificado y de tiempo completo. Pero el coordinador del distrito no es fácil de identificar.

Susan Smith, nombrada superintendente auxiliar en el directorio telefónico administrativo del distrito, fue designada coordinadora del Título IX en diciembre. Sin embargo, una portavoz del distrito identificó previamente a Billie Rayford, Oficial Principal de Servicios de Instrucción Interino, como el Oficial del Título IX.

En línea, el sitio web del distrito todavía dice que el “oficial principal de oportunidad educativa” es el coordinador de Título IX en funciones.

El distrito ha tenido un coordinador de Título IX desde 2015, dijo una portavoz recientemente, y un miembro del personal ha sido seleccionado como el próximo coordinador. Ese empleado está actualmente en formación.

 

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