Casa de rehabilitación de drogas en zona residencial de Las Vegas molesta a los vecinos
Donna Botti solía disfrutar caminar con su nieto pequeño alrededor de su fraccionamiento privado, deteniéndose para conversar con los vecinos en el camino. Eso fue antes de que la casa de enfrente se convirtiera en un centro de tratamiento residencial para adolescentes con adicciones y problemas de salud mental.
“Ya no llevo a mi nieto al frente”, dijo Botti, y agregó que está ansiosa por el aumento del tránsito, entre otras cosas. “Los autos simplemente suben y suben por la calle”.
Botti y sus vecinos comentaron que estaban sorprendidos por la conversión a fines de este verano de la casa de Bahama Bay Court, cerca de Twain Avenue y Fort Apache Road, en el suroeste de Las Vegas, lo que ha alterado sus nervios por el tránsito, la seguridad y los valores de las viviendas.
Se quejaron ante el gobierno del Condado de Clark, solo para que les respondieran que el centro de tratamiento residencial estaba protegido por la Ley Federal de Vivienda Justa y que las manos del condado estaban atadas.
Estaban desconcertados. ¿Qué tiene que ver una ley federal con el condado que aprueba un negocio bullicioso en su fraccionamiento anteriormente tranquilo?
La respuesta breve, según el condado, es que la Ley de Equidad de Vivienda prohíbe la discriminación de vivienda contra los hogares grupales, o “residencias comunitarias”, en el lenguaje del gobierno del condado, para personas con discapacidades. Y, según la ley, el alcoholismo, la drogadicción y las enfermedades mentales se consideran discapacidades.
Los vecinos continúan lidiando con el problema, sus preocupaciones solo crecen ahora que hay tres instalaciones de este tipo dentro de las mismas cuadras una de la otra. Pero Wayne Niimi, que vive a una calle de Botti, cree que sabe por qué.
Muchas de las casas cercanas fueron construidas en 1992 y tienen siete habitaciones y una gran sala de bonificación. “Cuando compramos aquí, nuestro fraccionamiento estaba lleno de niños. Para eso estaban destinadas las casas espaciosas”, señaló. Desde entonces, añadió: “los precios de las viviendas no han aumentado como era de esperarse”.
“Han aprovechado al máximo eso, obteniendo una casa grande por 100 dólares por pie cuadrado y convirtiéndolos en estos hospitales cercanos. Encontraron un verdadero punto dulce en este vecindario”.
Una clase protegida
La casa en Bahama Bay fue comprada en enero por Beron Family Trust y Rachel Golda Beron Trust, y alquilada a Ignite Teen Treatment, con sede en Los Ángeles.
Ignite Teen Treatment opera dos de las instalaciones de tratamiento residencial en el área, una a cada lado de Twain Avenue.
En un correo electrónico, el director ejecutivo de Ignite, Mendi Baron, señaló que “los recursos de salud del comportamiento son muy escasos, y especialmente para los adolescentes”.
“Los centros de Ignite atienden a clientes que ingresan voluntariamente al tratamiento para obtener la ayuda necesaria para hacer frente a una variedad de comportamientos desafiantes, influencias y preocupaciones que afectan a los adolescentes”, detalló Baron. “Ignite sirve orgullosamente a los adolescentes que luchan con una variedad de desafíos, desde la adicción hasta el control de conductas que son impedimentos para el éxito en la sociedad y el aula”.
Para la ubicación de Bahama Bay Court, la compañía solicitó la aprobación del condado “para alojar a 10 adolescentes en un hogar terapéutico familiar/grupal con licencia estatal utilizando las protecciones de la Ley Federal de Vivienda Justa y Estadounidenses con Discapacidades”, según un carta de justificación presentada ante el condado.
Entre los objetivos de política pública detrás de permitir hogares grupales en vecindarios residenciales, se encuentra que a aquellos con limitaciones mentales o físicas no se les debe negar una experiencia residencial, y que el apoyo de otros que experimentan desafíos similares mejora las posibilidades de un mayor éxito, señaló Ngai Pindell, profesora de la Escuela Boyd de Derecho en la UNLV.
“Sin protección legal, algunos gobiernos locales o vecindarios podrían participar en la discriminación contra las personas con discapacidad, un clásico desafío de uso de la tierra de NIMBY (No en mi patio trasero, por su sigla en inglés)”, dijo Pindell, quien enseña y escribe sobre el desarrollo comunitario y la ley del gobierno local.
La Ley de Equidad de Vivienda, modificada en 1988, establece que es ilegal discriminar en la vivienda contra personas con discapacidades, incluidas las que se recuperan de la adicción al alcohol y las drogas. La discusión del Congreso durante la consideración de las enmiendas a la ley, así como los estatutos relacionados, apoyó esta inclusión, que ha sido confirmada por los tribunales desde la década de 1990, apuntó Pindell.
“Manejando un negocio”
El gobierno del Condado de Clark tiene poca discreción cuando se trata de residencias comunitarias, subrayó un vocero. El condado aprobó la solicitud de Ignite mediante una acción administrativa y no notificó a los vecinos.
“Las residencias comunitarias deben notificarnos antes de la apertura para que podamos asegurarnos de que no estén más cerca de 660 pies de la residencia comunitaria más cercana”, puntualizó el vocero Dan Kulin. “Si no están más cerca que eso, están permitidos en áreas residenciales bajo la ley federal y no tenemos la discreción de negar tal uso en este caso. Si están a menos de 660 pies, necesitarían un permiso de uso especial del condado”.
Los residentes pensaron que habían encontrado un argumento ganador en los requisitos de distancia, hasta que se enteraron de que la distancia se mide por la ruta peatonal más corta y no en línea recta. La tercera residencia, un centro de vida sobrio operado por SeaBreeze Wellness Center, se encuentra a tres calles de Bahama Bay Court.
Los vecinos aún se preguntan si las instalaciones de Bahama Bay Court, al menos, podrían no ajustarse a la definición de residencia comunitaria.
“Están manejando un negocio aprovechándose de nuestro fraccionamiento”, criticó Víctor Padron, quien vive al lado del centro de tratamiento. “Todo el vecindario ha cambiado”.
El código del condado establece específicamente que el término “residencia comunitaria, no incluye instalaciones para el tratamiento del abuso de alcohol o drogas”.
“La residencia comunitaria no debería proporcionar tratamiento médico por abuso de alcohol y drogas”, aseveró Kulin. “La exclusión del tratamiento del abuso de alcohol y drogas se relaciona con la interacción médica y el tratamiento médico para la afección. De ninguna manera se deduce que los adictos no pueden vivir en una residencia comunitaria o en una vivienda grupal, ya que son una clase protegida”.
Ignite afirma en su sitio web que “los clientes del programa de rehabilitación para adolescentes viven en el lugar con el apoyo de nuestro equipo de tratamiento las 24 horas, compuesto por terapeutas con licencia, psiquiatras, enfermeras, especialistas en adicciones, consejeros experimentales, educadores, asesores y mentores”.
La realización de tratamiento médico en el sitio violaría el código del condado, enfatizó Kulin, y agregó: “Se les permite tener servicios de apoyo, por ejemplo, transporte para tratamiento médico”.
Baron, el director ejecutivo de la compañía, no respondió a una pregunta el viernes sobre si se proporcionó tratamiento médico en el sitio.
Buen vecino
En un correo electrónico anterior, Baron escribió: “Ignite se esfuerza por ser un buen vecino mientras mantiene a sus clientes cerca de un vecindario residencial tradicional para no estigmatizar su recuperación. Específicamente, Ignite ha adoptado numerosas políticas destinadas a abordar las preocupaciones de sus vecinos, incluidas las prohibiciones completas de tabaco, alcohol, merodeo y cualquier actividad a un volumen alto o excesivo”.
Padron, el vecino de al lado, aclaró que aunque no tiene quejas por el ruido, le preocupa el valor de su casa. Como lo dijo sin rodeos: “¿quién compraría una casa al lado de un centro de rehabilitación de drogas?”
Y al igual que sus vecinos, señaló que le molestan los vehículos y los autobuses que van y vienen durante todo el día, y la media docena o más de automóviles que se estacionan en la calle.
Michael Shannon, asistente del comisionado del condado Justin Jones, cuyo distrito incluye el área, le envió un correo electrónico a Botti este mes que “el caso con respecto al uso ilegal está concluido ya que la residencia comunitaria está permitida en vecindarios residenciales”.
“Continuaré intentando trabajar con Ignite Teen Treatment para tomar medidas para minimizar los impactos en su vecindario, especialmente en relación con el tráfico y el estacionamiento”, anunció Shannon.
Esta no fue la respuesta que los vecinos esperaban.
“Tienen todos los derechos”, contestó Botti sobre el centro de tratamiento. “No tenemos nada en contra”.
Los vecinos ahora se contactan con sus representantes en el Congreso, el organismo que modificó hace 30 años la Ley de Equidad de Vivienda.
“Puedo entender el espíritu de las excepciones que hacen para estas instalaciones de tratamiento”, concluyó Niimi. “No creo que hayan imaginado algo así, en esta escala, tener tanta gente en un hogar y tener un negocio fuera de él”.
