Corte de apelaciones escuchará argumentos sobre si niños deben tener abogado en casos de deportación

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito escuchará, la próxima semana, los argumentos orales de un caso que decidirá si los niños indocumentados deben tener abogado en casos de deportación.

Una decisión a favor abriría la puerta para que miles de menores centroamericanos, que desde el 2014 han llegado a la frontera sur con México en busca de asilo, tengan más oportunidad de ganar sus casos en las cortes de inmigración.

También significaría un traspié para la política migratoria del presidente Barack Obama, que prioriza la deportación de menores sin una aparente causa de asilo y con ello desincentivar la llegada de nuevos migrantes.

La demanda

La demanda fue entablada a mediados de 2014 por la Unión Americana de Libertades Civiles y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Los demandantes fustigan que el gobierno federal no provea asistencia legal a los migrantes cuanto éstos carecen de recursos para costear su defensa.

En los argumentos, los defensores de los migrantes pidieron a la Corte Federal de Seattle, Washington, que acceda a crear una “clase” de jóvenes que puedan beneficiarse de un abogado público si no tienen otra forma de representación.

El gobierno argumentó que el nombrar abogados para todos los niños que pelean su deportación destruiría el marco de referencia del sistema migratorio y decidió apelar. También sostuvo que, de permitirlo, se convertiría en un imán para que otros migrantes lleguen al país en busca de asilo y la oleada en la frontera o se detenga.

Demanda colectiva

El lunes el juez federal de distrito Thomas Zilly aprobó convertir en “colectiva” la demanda de “clase”, dejando abierta la posibilidad para que no solo los 9 migrantes de la demanda original se beneficien, sino todos los indocumentados que carezcan de recursos para pagar un abogado.

“Este tribunal tiene el mayor número de casos de menores centroamericanos en el país”, dijo a Univision Noticias Matt Adams, director jurídico del Proyecto Derechos del Inmigrante en el Noroeste, basado en Seattle.

A finales de mayo Univision Noticias reportó que entre el 18 de julio de 2014 y el 26 de abril de 2016, las cortes de inmigración emitieron 31,994 órdenes de deportación relacionadas con menores migrantes solos y acompañados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.

En base a datos entregados por la Oficina Ejecutiva de Asuntos de Inmigración del Departamento de Justicia y que fueron solicitados por Univision Noticias, en esos 22 meses la Oficina Ejecutiva de Examen de casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) recibió 108,115 casos, de ellos completó 51,723 (equivalente al 47.8%) y dejó pendientes de resolver 59,239 (52.2%).

En el año fiscal 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes no acompañados en la frontera cuando trataban de ingresar indocumentados al país en busca de asilo. En el 2015 la cifra bajó a 39,970 y en los primeros ocho meses del año fiscal 2016 los arrestos suman 38,566.

Día en corte

La Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, por su siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 2008, no permite que menores migrantes que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza. Deben ser entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para ser procesados y que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.

Del total de menores detenidos por la CBP en la frontera desde el 2014, más del 75% son centroamericanos. De ellos, cerca del 95% fueron liberados con una orden para presentarse ante las cortes de inmigración.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés) sostiene que el 93% de los casos en que los migrantes llegan sin abogado a una corte de inmigración, “concluyen con una orden de deportación”.

En espera de un fallo

El último fallo del juez Zilly “no ha entrado en vigor ya que el gobierno está apelando el caso”, explicó a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “La próxima semana el 9º Circuito escuchará los argumentos y tomará una decisión la cual, al ser pronunciada, sólo regirá en la jurisdicción de esa corte y no a nivel nacional”.

Velásquez agregó que el panel de jueces que revisa la demanda y escuchará los argumentos “no es liberal y no dudo que fallen en contra de otorgar representación pagada por el gobierno federal para los niños menores de edad. ¿De dónde sacaría dinero el gobierno para sumir esos costos?”, preguntó.

Sin embargo Adams confía en un fallo favorable al final del día. Dijo que de ganarse el caso, “el juez va a interpretar la ley para todos los niños que están ubicados en el 9º Circuito, que es el mayor del país. Y de seguro el dictamen impactará en el resto de circuitos”.

El 9o Circuito tiene jurisdicción en Washington, California, Idaho, Montana, Nevada, Arizona y Oregón.

La Casa Blanca insiste en que la totalidad de los niños migrantes detenidos en la frontera están en proceso de deportación, y que serán las cortes de inmigración quienes decidan sus futuros en Estados Unidos.

El juez Zilly, de 81 años de edad, fue nombrado por el presidente Ronald Reagan.

EE.UU. vulnera derechos

En marzo Human Rights Watch (HRW) dijo que “al no designar a abogados para representar a menores migrantes que enfrentan la posibilidad de deportación, el gobierno de Estados Unidos ha vulnerado sus derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional”.

“En audiencias de deportación, miles de menores están solos ante abogados gubernamentales y jueces, e intentan plantear una defensa sin asistencia de un abogado”, dijo Clara Long, investigadora sobre temas de inmigración en Estados Unidos de HRW. “Estas audiencias son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales”.

La organización de derechos humanos planteó que el Congreso debería promulgar un proyecto de ley que se encuentra pendiente en el Senado, y que exigiría al gobierno designar a abogados para los menores no acompañados y para víctimas de abuso, tortura y otro tipo de violencia, señaló Long.

En 2014 el Departamento de Justicia comenzó a procesar por “vía rápida” casos de deportación de menores en los tribunales de inmigración. Desde entonces, la justicia ha dispuesto la deportación de miles de niños que no estaban representados por un abogado, muchas veces después de tan solo una audiencia.

“Un sistema que pretende que un menor se presente solo ante un juez de inmigración cuya decisión podría ser de vida o muerte no es imparcial ni justo”, dijo Risa Kaufman, directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. “Numerosos países en todo el mundo reconocen la necesidad de brindar asesoramiento legal a menores en esta situación absolutamente vulnerable”.

 

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