Debate sobre fianzas en efectivo complicó la audiencia de Carson City el jueves
Un grupo de legisladores espera reducir la dependencia de Nevada en el sistema de fianzas en efectivo para las personas que esperan un juicio.
El Proyecto de Ley 325 de la Asamblea, que se expuso el jueves ante el Comité Judicial, revisará el sistema de fianzas del estado al hacer que la costosa fianza en efectivo sea el último recurso en la mayoría de los casos, declaró el patrocinador del proyecto de ley, Ozzie Fumo, D-Las Vegas.
“Este proyecto de ley no pretende terminar con la fianza en efectivo en Nevada”, explicó Fumo al presentarlo. “Todo lo que buscamos que hagan los jueces es que vean el efectivo o las condiciones monetarias de liberación como la última alternativa, no como la primera”.
El maratón de cuatro horas de audiencia vio a los abogados de defensa criminal y defensores de la reforma de justicia penal debatir los méritos de confianza en el efectivo bajo fianza con los fiscales, los agentes de la ley y las propias fianzas.
Tras subrayar las opiniones acaloradas que ambas partes tienen para el proyecto de ley, un agente de fianzas intentó que un partidario del proyecto fuera arrestado por la Policía Legislativa en Las Vegas después de enterarse de que la persona tenía una orden de delito menor.
Los partidarios del proyecto de ley, incluidos los abogados defensores de Las Vegas, Tom Pitaro, que es el socio legal de Fumo y Robert Langford (quienes se postularon sin éxito para fiscales de distrito en el Condado de Clark el año pasado) argumentaron que las personas arrestadas por delitos menores no violentos a menudo deben publicar miles de dólares en libertad bajo fianza o ser forzados a permanecer en la cárcel hasta su juicio, lo que afecta de manera desproporcionada a las personas de color y los pobres.
“Los pobres permanecen en la cárcel y los ricos pueden salir”, destacó Pitaro.
Encarcelamiento antes de la condena
“Y el sistema que mantiene a las personas en la cárcel”, continuó Pitaro, “va en contra de la suposición básica que subyace al sistema de justicia penal estadounidense: se asume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad”.
“Esa presunción de inocencia significa fundamentalmente que no castigamos a las personas por delitos hasta que son condenados”, detalló Pitaro. “Lo que está sucediendo con el sistema de fianzas es que el encarcelamiento está llegando antes de la condena y ese es el problema fundamental con el que hemos estado lidiando”.
El proyecto de ley atrajo a un amplio grupo de simpatizantes que incluía defensores públicos, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses de Nevada (ACLU), la Unión Culinaria, el Proyecto de Liberación Masiva y Americanos para la Prosperidad, una organización conservadora financiada por la Red Koch.
Holly Welborn, directora de políticas de la ACLU de Nevada, agregó que el proyecto de ley está diseñado para seguir las reformas de fianzas de Nueva Jersey.
La reforma de Nueva Jersey entró en vigencia a fines de 2016. En seis meses, el estado vio reducida su población en prisión preventiva en casi un quinto.
Representantes de la ley, fiscales de distrito y agentes de fianzas expresaron su oposición a la propuesta.
El fiscal de distrito de Carson City, Jason Woodbury, indicó que estaba preocupado por el requisito del proyecto que se celebre una audiencia de libertad provisional dentro de las 48 horas posteriores a la comparecencia inicial del acusado ante el tribunal y expresó preocupación de que los derechos de las víctimas no se aborden en el idioma.
“Los requisitos logísticos de la audiencia impuesta por el proyecto de ley son francamente imposibles”, respondió Woodbury.
Pero añadió que no quiere que su oposición se tome como un en contra a la idea de la reforma de fianzas, siempre y cuando se tome en cuenta la seguridad pública y la voz de las víctimas de delitos.
“Los avances científicos y tecnológicos brindan nuevas oportunidades para afinar y mejorar ese equilibrio entre la presunción de inocencia y la seguridad pública”, manifestó Woodbury.
Incidente en Las Vegas
En un momento durante la audiencia, que se realizó mediante videoconferencia en el edificio Sawyer en Las Vegas, donde varias personas declararon, un agente de fianzas se acercó a la Policía Legislativa exigiendo que uno de los partidarios del proyecto de ley fuera arrestado, informó Rick Combs, director de la Oficina del Concejo Legislativo en un correo electrónico.
El oficial reportó a la oficina del comisario de la ciudad, que confirmó la orden de arresto pero le avisó que no enviaría a nadie al edificio de la oficina estatal para atenderlo.
Combs dijo que era una situación que la Policía Legislativa “no había contemplado y no había incluido en la capacitación”.
Puntualizó que no cree que el oficial haya hecho algo malo, pero explicó que aconsejarán a sus oficiales que avancen en el sentido de que la persona que se queja sobre las órdenes debe llevar su problema a las autoridades correspondientes y que “no se tomará ninguna medida con respecto a los informes sobre el delito menor”.
Combs anunció que la policía nunca amenazó con arrestar a nadie que asistiera a la audiencia.
