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Deberás pagar $280 por hora para ver videos de policía

Una copia de una hora de videos de cámaras de la policía de Las Vegas le costará al público 280 dólares a partir del próximo mes, una tarifa que supera con creces a otras agencias de policía locales de Nevada.

La nueva tarifa es casi seis veces mayor que la que cobró el Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) cuando lanzó su programa de cámaras corporales en 2014. El departamento aumentó su tarifa de una cuota inicial de 48 dólares por hora a 192 dólares por hora en julio pasado.

La tarifa se basa en la duración total del video, no en el tiempo que los detectives tardan en editar la información confidencial, un proceso conocido como redacción. Por ejemplo, un video de media hora de duración costaría 140 dólares según la nueva tarifa, sin importar las pocas redacciones que se hicieran.

Los oficiales de policía dicen que el aumento es necesario para recuperar los costos de la redacción, pero defensores abiertos de gobierno criticaron los costos como prohibitivos y posiblemente ilegales bajo la ley estatal.

“El único propósito de la cámara corporal es que el público vea las imágenes”, señaló Frank LoMonte, director del Brechner Center for Freedom of Information de la Universidad de Florida. “Una vez que empiezas a poner cientos de dólares de honorarios encima, deja de ser accesible”.

Los defensores también afirman que las crecientes tarifas de LVMPD ponen en duda la cantidad de material al que el público tendrá acceso en última instancia, aparte de los videos que el departamento ha decidido mostrar y distribuir durante las sesiones informativas.

“El extraordinario poder que concedemos a los agentes de policía debe ir acompañado de una transparencia igualmente poderosa”, argumentó la abogada Gunita Singh, miembro del The Reporters Committee for Freedom of the Press. “Las grabaciones de cámaras corporales son una forma primordial de hacer responsables a las fuerzas del orden”.

Comienza el 1º de julio

El último aumento entrará en vigor el 1º de julio, tras las protestas nacionales que piden más responsabilidad y transparencia por parte de la policía.

En las últimas semanas, múltiples protestas de “Black Lives Matter” en Las Vegas han terminado con oficiales de LVMPD disparando balas no letales y gas lacrimógeno a los manifestantes. Mientras los manifestantes se dispersaban a finales del 1º de junio, la policía de Las Vegas disparó y mató a un manifestante armado, y el oficial Shay Mikalonis recibió un disparo en la cabeza.

El Alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, mencionó el martes que las imágenes de las cámaras de la policía capturaron “miles de horas” de protestas locales desde diversos ángulos. El 13 de junio, al menos siete abogados y estudiantes de derecho, entrenados por el National Lawyers Guild para monitorear y documentar las interacciones con la policía y los manifestantes, estuvieron en una protesta y fueron detenidos.

Durante una conferencia de prensa, Lombardo dijo que los “observadores legales” arrestados durante el fin de semana estaban “provocando y obstruyendo” a los oficiales.

Uno de esos observadores, el abogado de oficio John Piro, comentó que era primordial que el público tuviera acceso libre a las imágenes de las cámaras corporales para examinar los reclamos del alguacil.

Por ejemplo, las imágenes de las cámaras corporales recientemente publicadas parecían contradecir la afirmación de Lombardo de que dos fotógrafas detenidas durante la protesta del 29 de mayo no se identificaron como periodistas hasta después de haber sido detenidas.

“Obstaculiza el seguimiento de una investigación”, comentó Piro sobre los honorarios de la redacción de LVMPD. “Hay pocas injusticias que suceden todo el tiempo que deberían salir a la luz, y son la razón por la que la gente está protestando en la calle”.

Historia de la cámara corporal

LVMPD, la mayor agencia de policía de Nevada, equipa a todos sus oficiales de patrulla con cámaras corporales.

El departamento aumentó los honorarios de redacción el año pasado para pagar los salarios y beneficios de los detectives que trabajan en su unidad de registros públicos, mencionó el sargento Charles Jivapong.

La tarifa se incrementa este año para cubrir el costo de la jubilación y el seguro médico de cada detective.

“Por cada hora de video, se necesitan cuatro horas para preparar, investigar y redactar”, explicó Jivapong. “Cada detective tendría que ir fotograma a fotograma y desglosar el video para las redacciones de audio y visual”.

Es necesario que los detectives hagan las redacciones porque los videos a menudo contienen información sensible para una investigación criminal, testificó el cabildero de LVMPD, Chuck Callaway, durante la Legislatura de Nevada de 2019. Otras veces contienen contenido gráfico.

“Si estás viendo un video de una persona siendo asesinada desde múltiples ángulos diferentes en un video, no puedes tomar a un empleado civil y hacer que redacte esa información,” dijo Callaway, refiriéndose al tiroteo masivo del 1º de octubre de 2017 en el festival Route 91 Harvest.

Pero el presidente de la Nevada Open Government Coalition President, Patrick File, mencionó que cobrarle al público por el tiempo que un empleado del gobierno pasa redactando un video entra en conflicto con las leyes de registros públicos del estado.

Señaló los materiales de capacitación publicados por la oficina del fiscal general de Nevada en noviembre, que establecen que las agencias gubernamentales pueden recuperar los costos reales (como la tinta, el papel o las memorias USB) pero “no el tiempo de los empleados para responder a la solicitud, a menos que sea extraordinaria”.

Costos asumidos

Debido a que LVMPD tiene una unidad de registros públicos dedicada a satisfacer las solicitudes de registros presentadas por las organizaciones de medios de comunicación y el público, File dijo que el departamento está esencialmente cobrando a los solicitantes por los servicios que los dólares de los impuestos ya han pagado.

“Responder a las solicitudes de registros es parte del trabajo del gobierno, por lo que estos costos ya son asumidos por el personal”, aseveró.

La oficina del fiscal general no hace cumplir la ley de registros públicos de Nevada, y no proporciona interpretaciones de la ley, escribió la vocera Mónica Moazez en un correo electrónico.

El juez de distrito Richard Scotti, en 2018, emitió un fallo que parece apoyar la posición de File. En el fallo, Scotti determinó que la ley estatal no permitía a LVMPD cobrar a las organizaciones de medios 50 dólares por hora por redactar más de 700 horas de filmaciones de cámaras corporales del tiroteo masivo de Route 91.

“Una tasa excesiva es la antítesis de la responsabilidad del gobierno”, escribió Scotti.

California rechazó tales tarifas

Uno de los vecinos de Nevada también ha reducido recientemente esas tarifas.

El mes pasado, la Corte Suprema de California dictaminó que las agencias del gobierno debían asumir los costos de editar las imágenes de la cámara corporal de la policía antes de liberarlas al público.

“Los costos de redacción podrían resultar prohibitivos para algunos solicitantes, impidiéndoles el acceso a los registros”, escribió la Jueza Leondra R. Kruger en la decisión de la corte.

No hay cargos por parte de algunos

En comparación, el Departamento de Policía de Henderson no cobra por redactar videos. La policía de North Las Vegas sólo cobra si las solicitudes requieren que los oficiales trabajen horas extras.

En el norte de Nevada, el Departamento de Policía de Reno cobra 28 dólares por cada hora de trabajo de los empleados en la redacción de los videos. La Oficina del Alguacil del Condado Washoe permite al público ver las imágenes de las cámaras corporales de forma gratuita en la oficina.

El Senador Estatal Ben Kieckhefer, quien copatrocinó las reformas del 2019 que fortalecieron las leyes de registro público de Nevada, agregó que le preocupaba saber que LVMPD estaba aumentando su tasa. Planea preguntarle al departamento por qué está aumentando las tarifas de las cámaras corporales.

“Cuando se empieza a hablar de ese tipo de dólares, sin duda serviría para disuadir a un ciudadano de acceder a los registros a los que tiene derecho legalmente”, dijo Kieckhefer, republicano de Reno. “Creo que es algo con lo que debemos tener mucho cuidado”.

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