Demanda pretende acabar con la prostitución en Nevada
Dos mujeres que afirman haber sido forzadas a participar en tráfico sexual presentaron el lunes una demanda federal contra funcionarios de Nevada y otras personas, incluido un burdel del Condado Nye y un proxeneta encarcelado, por las laxas leyes de prostitución del estado.
Ángela Delgado Williams, una mujer de Texas en el centro de una demanda federal anterior, y una mujer de California no identificada, alegan en la demanda destinada a acabar con el tráfico sexual en el estado que durante años los funcionarios han protegido ilegalmente el comercio sexual y han permitido la esclavitud sexual.
“Es axiomático que el derecho a estar libre de la esclavitud es uno de los derechos humanos más básicos: incuestionable en el derecho internacional, y consagrado en la Constitución de Estados Unidos a un costo significativo”, afirma la demanda presentada por el National Center on Sexual Exploitation, junto con abogados de Reno y Washington, D.C. “Sin embargo, es un derecho que se les niega a numerosas mujeres y niñas en Nevada, donde son compradas y vendidas en un glamoroso y lucrativo monumento al derecho sexual masculino: el complejo industrial de la prostitución del estado”.
Williams y la mujer californiana, identificada en la demanda como Jane Doe, alegan que, debido a la prostitución legal en los condados rurales de Nevada, fueron obligadas a realizar actos sexuales mediante “fraude y coacción (incluyendo la manipulación psicológica y la servidumbre por deudas) en clubes de striptease legales, negocios de acompañantes legales” y el burdel Chicken Ranch de Pahrump.
Nevada, que “a su vez no aplicó o violó las leyes estatales y federales contra la prostitución, la publicidad de la prostitución, la servidumbre por deudas y el tráfico sexual, ha permitido que los traficantes sexuales operen en Nevada con impunidad”.
En octubre de 2019, un juez federal de Nevada desestimó la demanda anterior presentada por Williams y otras dos mujeres, que no fueron nombradas en la demanda del lunes, después de encontrar que el daño que las mujeres sufrieron no era una función de las leyes de prostitución del estado.
En esa decisión, el juez encontró empatía con las mujeres, pero también dijo que habían sido obligadas a realizar actos sexuales en otros estados.
Williams alega que fue obligada a lo que equivale a una esclavitud sexual por Jamal Rashid, el antiguo productor de hip-hop Mally Mall, condenado a principios de este año a 33 meses de prisión federal por poseer y explotar un negocio de prostitución.
Varias empresas mencionadas en la demanda recibieron ingresos y participaron en el reparto de beneficios con las empresas de acompañantes de Rashid durante una docena de años, según la demanda y otros registros judiciales.
Funcionarios de Nevada cooperaron con Rashid y sus empresas, el burdel y otros “para mantener y beneficiarse de un sistema legalizado de prostitución”, alega la demanda.
La demanda alega que más de un tercio de los aproximadamente 14 millones de dólares de ingresos generados por la prostitución ilegal en Estados Unidos se recaudaron en Las Vegas, citando un informe de 2021. Los burdeles legales generan unos 75 millones de dólares al año en Nevada, que a su vez recauda un nueve por ciento en concepto de impuestos.
Los funcionarios de relaciones con los medios de comunicación del gobernador Steve Sisolak, el fiscal general Aaron Ford, Las Vegas y el Condado Clark declinaron hacer comentarios. Un portavoz del Condado Nye no pudo ser localizado inmediatamente, y una mujer que contestó al teléfono en Chicken Ranch dijo que el negocio no haría comentarios sobre la demanda.
El FBI comenzó a investigar a Rashid en 2014 y descubrió que “persuadió, indujo, sedujo y atormentó” a cientos de mujeres para que se dedicaran a la prostitución a través de las líneas estatales. Rashid se declaró culpable en 2019 de un cargo de uso de una instalación interestatal en ayuda de una actividad ilegal.
Un esfuerzo para comunicarse con la Nevada Brothel Association no tuvo éxito el lunes.
