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Demandan a legisladores de Nevada que sirven en dos cargos

Un grupo de expertos conservadores está demandando a varios miembros de la Legislatura de Nevada que trabajan simultáneamente como empleados públicos, alegando que su “doble empleo” viola la constitución del estado.

El Nevada Policy Research Institute (NPRI) alega que nueve empleados públicos (incluyendo a los líderes demócratas el Presidente de la Asamblea, Jason Frierson y la Líder de la Mayoría del Senado, Nicole Cannizzaro) no pueden ocupar tanto puestos electos como puestos públicos bajo la separación de poderes esbozada en el Artículo 3, Sección 1 de la Constitución de Nevada.

Esa disposición indica que “los poderes del Gobierno del Estado de Nevada se dividirán en tres departamentos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; y ninguna persona encargada del ejercicio de los poderes que pertenecen propiamente a uno de estos departamentos ejercerá ninguna función, perteneciente a cualquiera de los otros, excepto en los casos expresamente dirigidos o permitidos en esta constitución”.

Según la demanda, Cannizzaro y su compañera, la senadora Melanie Scheible, ambas demócratas por Las Vegas, trabajan como ayudantes del fiscal del Distrito del Condado Clark, mientras que Frierson y el senador James Ohrenschall, ambos demócratas por Las Vegas, trabajan como ayudantes de los defensores públicos. Además, las asambleístas Kasina Douglass-Boone, demócrata por North Las Vegas, Selena Torres y Brittney Miller, ambas también demócratas, trabajan para el Distrito Escolar del Condado Clark; la senadora Heidi Seevers Gansert, republicana por Reno, trabaja para la Universidad de Nevada en Reno; y el asambleísta Glen Leavitt, republicano por Boulder City, trabaja para la Comisión Regional de Transporte.

“El doble empleo de los demandados al ocupar simultáneamente cargos electivos en la Asamblea Legislativa del Estado de Nevada y puestos remunerados en los gobiernos estatales o locales de Nevada viola expresamente el requisito de separación de poderes de la Constitución de Nevada, artículo 3, sección 1, y socava la ética de su servicio legislativo al crear conflictos, concentrar el poder y diluir la separación de poderes”, se lee en la demanda, presentada por las abogadas Deanna Forbush y Colleen McCarty.

“Sin la intervención de este tribunal, los gastos o asignaciones legislativas y el dinero de los contribuyentes se pagarán a los acusados en violación de la Const. de Nevada, Art. 3, Sección 1 y se producirá un daño irrevocable e irreparable a los derechos previstos en esta disposición de la Constitución de Nevada”, añade la demanda.

“Plan publicitario”

En respuesta, Cannizzaro desestimó la demanda como una distracción de la sesión especial que se estaba celebrando en Carson City para abordar un déficit presupuestario creado por el cierre de empresas inducido por el coronavirus.

“Esto no es más que un plan publicitario diseñado para distraer de los muy reales y serios desafíos que tenemos por delante”, indicó Cannizzaro en un comunicado. “Los legisladores están en Carson City ahora mismo para una sesión especial en las peores circunstancias. Estamos tratando de hacer lo que es correcto para la gente que nos eligió para servir, y no vamos a abordar esta demanda”.

No es la primera vez que el NPRI ha demandado buscando un fallo de que los empleados públicos no son elegibles para servir en la Legislatura. El grupo demandó a Gansert en 2017 en nombre de un hombre que dijo que quería solicitar su puesto público en la UNR, el cual alegó que no debía ocupar porque era una funcionaria elegida. El demandante más tarde se retiró del caso.

En 2012, el grupo demandó al Senador Mo Denis, quien en ese momento trabajaba para la Comisión de Servicios Públicos, también en nombre de alguien que dijo que quería el puesto público de Denis. Denis renunció al puesto, haciendo que la demanda fuera discutible.

Diferentes puntos de vista

Diversas opiniones del fiscal general a lo largo de los años han llegado a diferentes conclusiones sobre la doctrina de la separación de poderes. En una de ellas, un conserje de escuela fue declarado inelegible para servir debido a su trabajo público. Otros han dicho que si una persona no era supervisor o gerente de un organismo público, podía prestar servicio. El entonces Fiscal General Brian Sandoval llegó a la conclusión en 2004 de que los empleados estatales tenían prohibido prestar servicios porque prestaban servicios en el poder ejecutivo, pero los empleados del gobierno local podían prestar servicios.

La Corte Suprema de Nevada sostuvo en 2004 que sólo la Legislatura tenía derecho a determinar las calificaciones de sus miembros, pero permitió que se presentaran demandas individuales para argumentar que determinados legisladores estatales estaban ocupando sus puestos ilegalmente.

NPRI v. Cannizzaro by SteveSebelius on Scribd

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