Duro golpe al tráfico de estupefacientes
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por medio de la oficina del fiscal del Distrito de Nevada, dio a conocer que cuatro personas, residentes de Las Vegas, se declararon culpables por sus roles en una conspiración para distribuir metanfetamina y pastillas de oxycodon recubiertas o mezcladas con fentanilo.
El anuncio fue dado a conocer por el fiscal federal Nicholas A. Trutanich, del distrito de Nevada y el agente especial adjunto a cargo, Daniel Neill, de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Los sospechosos, Esperanza Sanabia-Araujo (61 años de edad), Marla Mariscal-Sanabia (31), Armando Mariscal (62) y Fernando Bueno (29), todos de Las Vegas, cada uno se declaró culpable, el jueves 6 de agosto, de un cargo de conspiración para distribuir una sustancia controlada ante la jueza Gloria Navarro. Las audiencias de sentencia están programadas para el 16 de diciembre de 2020.
Según documentos judiciales, el 2 de octubre de 2019, las fuerzas del orden arrestaron a Sanabia-Araujo, Mariscal-Sanabia, Mariscal y Bueno durante una entrega de 50 libras de metanfetamina y 5,000 pastillas de oxycodon falsificadas mezcladas con fentanilo. La policía también recuperó un arma de fuego, en el interior del vehículo que los acusados usaron para entregar los estupefacientes.
El mínimo obligatorio que enfrenta cada acusado es de 10 años de prisión y la pena máxima legal es de, hasta cadena perpetua y una multa de $ 10,000,000. La sentencia de un acusado será determinada por el tribunal con base en las pautas de sentencia consultiva y otros factores legales.
Además de Sanabia-Araujo, Mariscal-Sanabia, Mariscal y Bueno, otras cuatro personas fueron imputadas, cada una en la acusación formal, que fue devuelta el 2 de octubre de 2019 por un gran jurado federal: Víctor Araujo, Reynaldo Sanabia-Araujo y Renzo Mariscal-Sanabia. A ellos se les considera prófugos y sigue pendiente una orden de arresto. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la oficina de policía local. Una acusación simplemente alega que se han cometido delitos. Un acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Este caso fue producto de una investigación de la DEA.
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