El gobernador saliente de Quintana Roo, México, no ha aclarado el destino de millones de pesos del erario

Roberto Borge, quien está a punto de terminar una cuestionada gestión gobernando la sureña entidad mexicana de Quintana Roo, no ha aclarado el destino de 2,106 millones de pesos mexicanos (equivalentes al tipo de cambio de hoy a más de 111 millones de dólares), según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano mexicano de fiscalización.

Además de la opacidad en el manejo de esa cantidad, Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, oficialista), dejará a la entidad que alberga el turístico balneario de Cancún con una deuda pública de 22,000 millones de pesos (más de 1.2 millones de dólares).

En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF presume un daño patrimonial asociado a diversos fondos federales enviados a cada entidad, entre los que destacan la aportación al programa Escuelas de Tiempo Completo. De los 184 millones de pesos (poco más de 10 millones de dólares), el gobierno local no ejerció 84.2 millones ( casi cinco millones de dólares), aunque tampoco los reintegró a la Tesorería de la Federación, como debió haberse hecho.

En cuanto a la seguridad pública, el gobierno de Quintana Roo no ejerció una quinta parte de su partida, y dejó también sin aclarar el destino esos más de 30 millones de pesos ( 1.6 millones de dólares).

Respecto al rubro Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, de la cantidad que el gobierno federal transmitió al estado no se había transferido el nueve por ciento del total, equivalente a 99’609,200 pesos mexicanos ( 5.5 millones de dólares).

De acuerdo a la ASF, el gobierno de la entidad no entregó documentación sobre cómo aplicó recursos federales, además de que se pagaron salarios a personas que no cumplían el perfil académico.

“El gobierno de Quintana Roo registró inobservancias o incumplimientos a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de operaciones y en el destino de recursos en servicios personales”, acota el informe de la ASF sobre la cuenta pública del 2014.

Quintana Roo, junto a Chihuahua (norte) y Veracruz (este), son los estados mexicanos donde se han detectado mayores irregularidades y se presume por ello la comisión de actos de corrupción.

“Buscamos contribuir a que la sociedad conozca la manera en cómo se utilizaron los recursos que provienen del pago de sus impuestos. Ese es el principio de rendición de cuentas”, dice en su mensaje la ASF.

Las 11 áreas clave con riesgo determinadas como resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014 son: información sobre beneficiarios de programas sociales; revelación de pasivos y gastos; integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de los programas públicos; adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen, en términos generales, la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado.

También obra pública; participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; débil incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en el ejercicio gubernamental; programas públicos duplicados y sin coordinación; servicios suministrados por particulares; y el diseño e implementación de la política para atender algunos problemas públicos.

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