El programa de vivienda de Nevada sin fines de lucro viola sus políticas, según un informe
WASHINGTON - Una organización sin fines de lucro de Nevada que administra el programa estatal para ayudar a los propietarios que luchan con hipotecas, viola sus propias políticas y adjudica contratos sin ofertas competitivas, afirmó el jueves el Inspector General Especial para el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP).
El programa de Nevada fue seleccionado por Christy Goldsmith Romero, el inspector general especial del TARP. Pero dijo que a nivel nacional, la mayoría de Hardest Hit Fund no tiene requisitos federales para la competencia, a pesar de que se han otorgado y se otorgarán millones de dólares.
“SIGTARP descubrió que el contratista que ejecuta el programa Hardest Hit Fund de Nevada recientemente otorgó seis (-) cifras de contratos sin solicitud de propuestas, una violación de las políticas del contratista”, indicó Goldsmith Romero.
Con $2.3 mil millones en fondos federales disponibles para ser gastados por 19 agencias estatales hasta el 2021, Goldsmith Romero informó que el Departamento de Tesorería debería aplicar las protecciones de los contribuyentes y las normas de adquisiciones federales al Fondo de mayor impacto.
El Nevada Hardest Hit Fund es administrado por la Corporación de Asistencia de Vivienda Asequible de Nevada (Nevada Affordable Housing Assistance Corp).
Verise Campbell: directora general de la organización sin fines de lucro, comentó que esperaría a revisar un informe oficial del inspector general especial antes de comentar los hallazgos publicados en los medios de comunicación.
En 2016, una auditoría del inspector general especial descubrió que la organización sin fines de lucro había malgastado $8.2 millones en fiestas, regalos y paquetes de indemnización.
Esa auditoría resultó en el despido del ex CEO y una reestructuración de la organización sin fines de lucro para ser más receptivos al estado. Aún así, una auditoría reciente descubrió que la organización sin fines de lucro no cumplió con los umbrales para ayudar a los propietarios que luchan con los pagos de la hipoteca debido a la crisis de la vivienda.
La Tesorería anunció recientemente que $6.7 millones en fondos para Nevada se redistribuirían a otros estados como resultado de la incapacidad de la organización sin fines de lucro de cumplir con esos umbrales.
Campbell impugnó la revisión del desempeño por la Tesorería a principios de este año.
Pero la representante Dina Titus: demócrata por Nevada, instó al estado a tomar el control del programa y explorar el uso de otra organización sin fines de lucro para transferir más fondos del programa a los propietarios que necesitan la ayuda federal para conservar sus hogares.
Titus instó al fiscal general de Nevada: Adam Laxalt, esta semana a investigar la organización para determinar si se violaron las leyes estatales en la administración del Fondo Hardest Hit del estado.
Citando la mala gestión del pasado y el bajo rendimiento, Titus mencionó en una carta el 6 de marzo a Laxalt que “vamos a estar haciendo un directo servicio a nuestros propietarios y contribuyentes al permitir que este comportamiento continúe”.
Titus instó al fiscal general a actuar rápidamente para garantizar que el programa Hardest Hit del estado esté funcionando dentro de las leyes estatales “para que no se les quite más dinero a los propietarios de Nevada que todavía están ahogados”.
Laxalt, en una carta enviada el miércoles a Titus, le escribió que compartía las preocupaciones de la congresista sobre la administración plagada de problemas del programa. Dijo que el inspector general especial del TARP inició una investigación sobre la mala gestión por parte de la organización. El estado ha ofrecido su asistencia.
“Su capacidad, como miembro del Congreso, para solicitar información adicional del Departamento del Tesorería puede ayudar a descubrir información valiosa”, escribió Laxalt.
Además, resaltó que su oficina ha ayudado a otras organizaciones sin fines de lucro en el estado y ha financiado programas para ayudar a los residentes de Nevada con el colapso de la vivienda. Comentó que 200 mil nevadenses fueron ayudados por esos programas administrados por organizaciones sin fines de lucro.
“NAHAC no estaba entre las entidades financiadas por esta oficina”, escribió Laxalt.
El inspector general especial descubrió que la dependencia de las leyes estatales, que tal vez no se apliquen a las organizaciones que administran los programas estatales Hardest Hit Fund, “pone innecesariamente en riesgo a los contribuyentes federales”.
En California y Nevada, agregó Goldsmith Romero: las agencias estatales contrataron la administración del Fondo Hardest Hit a terceros no sujetos a los requisitos de la competencia.
La organización sin fines de lucro de Nevada tiene una política de que todos los contratos de más de $25 mil están sujetos a una solicitud de propuestas, pero eludió el requisito y otorgó varios contratos de seis cifras en 2016 y 2017.
Algunos fueron a antiguos colegas del CEO de la organización sin fines de lucro, según una auditoría, que se abrió en base a las preocupaciones planteadas por Titus.
