Enfrenta burdel de Nevada una demanda por pago para trabajadoras sexuales
Dos ex trabajadoras sexuales presentaron una demanda colectiva la semana pasada contra Sheri’s Ranch en Pahrump, alegando que el burdel debió haberlas tratado a ellas y a otras mujeres, como empleadas en lugar de contratistas independientes.
Las demandantes, quienes afirman que trabajaron en el burdel en los últimos años, sostienen que Sheri’s Ranch viola leyes estatales y federales al clasificar a las mujeres que trabajan allí como contratistas, lo que les impide cobrar el salario mínimo y el pago de horas extras.
La demanda representa un potencial desafío legal para el modelo de negocios de los burdeles de Nevada, mientras que los legisladores estatales están considerando prohibir los centros y los activistas presentan otra demanda federal que cuestiona su legalidad y afirman que algunas trabajadoras están siendo traficadas a través de ellos.
Los burdeles en Nevada típicamente clasifican a las servidoras sexuales como trabajadoras independientes, lo que les exige dividir la mitad de sus ingresos brutos con la casa, incluidas las propinas. Los demandantes en esta demanda también afirman que Sheri’s Ranch está violando la Ley Federal de Normas de Trabajo Justo al tomar el 50 por ciento de las propinas de las trabajadoras.
“Creemos que todas las trabajadoras que son empleadas controladas por sus empleadores y que dependen económicamente de ellos, tienen derecho a las protecciones de la Ley de Normas Laborales Justas y las leyes estatales sobre salarios mínimos y horas extras”, declaró Nicholas Conlon, de Nueva Jersey, abogado quien representa a las demandantes. “Estamos comprometidos a luchar por esas protecciones”.
La práctica de clasificar a las trabajadoras sexuales como contratistas independientes, ha ayudado a los propietarios a reducir gastos generales ya que ellas no reciben salarios por hora. Según los términos de sus contratos, simplemente reciben la mitad de lo que ganan por cada acto sexual que realizan, menos los gastos, incluido el costo de las comidas, el alquiler diario en las casas y el costo de un examen médico semanal obligatorio, entre otras cosas.
La demanda indicó que dichos gastos deducidos por Sheri’s Ranch son en realidad “retrocesos” ilegales a la casa porque los costos incurridos benefician al burdel.
Muchas ex trabajadoras de burdeles en todo el estado se quejan de que deducir el costo del alquiler y las comidas de su salario hace que se endeuden rápidamente.
“Realmente inflamos nuestras deudas, es por eso que a veces no podemos abandonar el trabajo”, comentó Jennifer O’Kane, una ex trabajadora sexual que afirmó que tenía empleo en los burdeles de Dennis Hof en el norte y sur de Nevada desde diciembre de 2010 hasta mayo de 2011. También confesó que era “madame” del Calico Club en Battle Mountain desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2016. “Tienen que quedarse prácticamente hasta que paguen su deuda”, detalló O’Kane.
Conlon incluyó que los tribunales evalúan seis factores para determinar si una trabajadora califica como empleada según la ley federal. Un factor crítico es la cantidad de control ejercido sobre la servidora por la empresa en cuestión. Como evidencia del control del burdel sobre las trabajadoras sexuales, la demanda cita el requisito de Sheri’s Ranch de que las mujeres permanezcan encerradas en la propiedad durante una a tres semanas seguidas, sin poder salir del lugar.
Las demandantes en el caso son Katherine Sears, residente de Iowa quien señaló que trabajó para dicho burdel desde julio de 2016 hasta septiembre de 2018 y Virginia Seganos, de Idaho, quien informó que trabajó en el burdel desde marzo de 2018 hasta febrero.
Aaron Shaw, director de mercadeo de Sheri’s Ranch, concluyó que el burdel no tenía comentarios sobre la demanda en este momento. Chuck Muth, un portavoz de la Asociación de Burdeles de Nevada, también se negó a comentar sobre las implicaciones de la demanda para otros burdeles de Nevada.
Conlon manifestó que la demanda no pretende ser un desafío amplio para todos los burdeles de Nevada.
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