Ex-maestra demanda al CCSD y a funcionarios escolares por presunto acoso a su hija
Una madre y ex profesora del Distrito Escolar del Condado Clark presentó una demanda federal el viernes alegando que el distrito no tomó las medidas adecuadas en respuesta a un compañero de clase que molestaba y amenazaba a su hija.
Michelle Cox presentó una demanda en la Corte de Distrito de Estados Unidos contra el distrito escolar y dos administradores de la Primaria Garehime, el director Ryan Lewis y el subdirector Jorge Palacios.
El abogado Jason Bach del Bach Law Firm en Las Vegas, que representa a Cox, declaró el lunes que la demanda es un intento de proporcionar a Cox y a su hija “la justicia que el distrito escolar no pudo proporcionarle”.
Una serie de eventos causaron graves daños a la hija de Cox y le costaron a ella su carrera como profesora, señaló Bach.
En un correo electrónico del martes al Review-Journal, el distrito escolar declaró que no comenta litigios pendientes.
En la demanda, Cox alega que sus derechos fueron violados bajo la Primera Enmienda, y la Ley de Permiso Familiar y Médico (FMLA, por su sigla en inglés). Y dice que los derechos de su hija fueron violados bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y el Título II del Acta de Estados Unidos con Discapacidades, “así como las demandas de la ley estatal por negligencia e imposición intencional de angustia emocional”.
Cox, quien fue maestra en la Primaria Garehime durante el año escolar 2018-2019, afirma que el distrito escolar falló durante casi dos años en responder a los reportes de intimidación y amenazas hechas a su hija (a la que se refieren los documentos del tribunal como “M.C.”) por un compañero de quinto grado, “L”.
El 30 de noviembre de 2018, L. amenazó a M.C., diciéndole: “Cuando sea grande voy a asesinar a alguien. Alguien que solía molestarme, alguien como tú”, según la denuncia. M.C. reportó la amenaza a su profesora.
La maestra de M.C. presentó un informe en línea al distrito escolar “que debió haber iniciado inmediatamente una investigación sobre el acoso” según la política del distrito escolar y la ley estatal, según documentos del tribunal.
Cuando Cox se quejó de la forma en que se manejaban los reportes, el distrito escolar y los administradores de la escuela tomaron represalias en su contra, alega la queja.
Cox tomó una licencia FMLA (que fue aprobada por el distrito escolar) para atender las necesidades médicas de su hija. El distrito “interfirió consistentemente con la capacidad de la señora Cox para tomar el permiso, obligándola a realizar el trabajo mientras estaba fuera y penalizándola por tomar el permiso, y luego obligándola a renunciar negándose a proporcionarle más permisos”, según la queja.
La queja también alega que el distrito escolar y la Primaria Garehime sabían que L. tenía “importantes dificultades de comportamiento, incluyendo comportamientos que representaban una amenaza para la seguridad de otros estudiantes”.
En octubre de 2019, Cox envió un correo electrónico al consejo escolar después de meses de intentar obtener el resultado de una investigación. Se asignó a un superintendente adjunto para investigar.
En una carta en enero, la asistente del superintendente escribió que sus hallazgos sobre el incidente de noviembre de 2018 estaban de acuerdo con el “informe de amenaza al estudiante” original de la maestra de la clase, según documentos de la corte. Señaló que los administradores de la escuela no realizaron una investigación o una evaluación sobre la evaluación de la amenaza.
La asistente del superintendente también agregó en la carta: “Además, la escuela creó el clima y las condiciones para perpetuar la presencia de la intimidación”, según documentos del tribunal.
