Falta de transparencia en el gobierno de Nevada

El ex senador estatal Mark Manendo acosó sexualmente a más de una docena de mujeres durante sus años en la Legislatura de Nevada, lo que provocó su renuncia. Las transgresiones se documentaron en una investigación financiada por un contribuyente de $67 mil, pero el público no puede ver el informe.

El ex jefe de policía de Henderson: Patrick Moers, se retiró con los beneficios completos por despido después de que un bufete de abogados contratado por la ciudad descubriera que acosaba sexualmente a al menos un empleado. La ciudad ha declarado ese informe, pagado por contribuyentes de la ciudad, confidencial y no disponible para el escrutinio público.

La UNLV suspendió un programa de VIH materno sin previo aviso, en parte debido a preguntas sobre el uso indebido del dinero de la subvención federal. La clínica fue auditada, pero ese informe financiado por los contribuyentes se mantuvo en secreto.

Una y otra vez, el Las Vegas Review-Journal buscó registros públicos, hizo preguntas y exigió apertura a los trabajadores del gobierno local y estatal cuyos sueldos se pagan con dólares de los contribuyentes.

La mayoría de las solicitudes son honradas. Sin embargo, muchos son ignorados, denegados o encontrados con gran resistencia, especialmente si los documentos avergonzarían a una agencia pública y sus empleados, o expondrían una fechoría.

“La transparencia es un valor democrático fundamental”, afirma John Wonderlich: director ejecutivo de la Fundación Sunlight, una organización de defensa del gobierno abierto. “Los abusos de ética y los abusos de poder prosperan en secreto y tienen dificultades para existir cuando el público está bien informado”.

Hoy comienza “Sunshine Week”, una iniciativa nacional para promover la importancia del gobierno abierto y la libertad de información. El Review-Journal publicará varias historias esta semana sobre la importancia de la transparencia gubernamental.

Rick Edmonds, miembro de la facultad del Instituto Poynter de Estudios de Medios, una escuela sin fines de lucro para el periodismo en Florida, detalló que el acceso público a dichos registros es esencial para verificar los hechos del gobierno.

“En los niveles más básicos, proporciona una idea de lo que el gobierno está haciendo en realidad, en lugar de un efecto abreviado”, agregó.

Escapatorias legales

La Ley de Registros Públicos de Nevada exige que todos los registros del gobierno, a menos que se declare específicamente confidencial bajo la ley estatal, se pondrán a disposición de sus ciudadanos. Las excepciones incluyen algunos registros relacionados con los servicios de bienestar infantil y direcciones de los oficiales de la policía.

En Nevada, sin embargo, los gobiernos tienen varias vías para subvertir el escrutinio.

Los funcionarios a veces se niegan a proporcionar registros mediante el montaje de excepciones dudosas, opiniones generales de abogados de hace décadas y cláusulas legales no relacionadas.

Para los registros que deben publicarse, los plazos de entrega pueden extenderse a meses, y las tarifas de investigación que ascienden a miles de dólares pueden equivaler a una denegación no oficial.

Y cuando todo lo demás falla, los funcionarios del gobierno cabildean ante la Legislatura estatal para crear o modificar leyes que convertirán los registros públicos en confidenciales.

Los ciudadanos no pueden estar sin recursos. Cuando se enfrentan con obstáculos, pueden solicitar a los tribunales que los derriben. Esa ruta, sin embargo, puede volverse costosa a toda prisa.

“Podríamos presentar una de estas demandas todos los días”, dijo la abogada del Review-Journal: Maggie McLetchie. “Pero, fundamentalmente, no debería tener que pagar a un abogado para tener acceso a los registros de las agencias financiadas por los contribuyentes. El punto es que el gobierno trabaja para nosotros, la gente, y deberíamos poder evaluar el trabajo del gobierno”.

El Director Ejecutivo de la Asociación de Prensa de Nevada, Barry Smith, mencionó que, además de su actual manual de registros públicos para las agencias estatales, Nevada podría fortalecer las leyes de transparencia mediante la creación de un defensor independiente y abierto. Estados como Indiana y Washington ya lo han hecho.

“Ayudaría a establecer un mejor marco de coherencia sobre cómo ocurren las respuestas”, puntualizó. “Una cosa que hacen otros estados es mejor: cuando tienen algún tipo de aplicación o proceso que es un paso intermedio además de ir a la corte”.

Prueba Desequilibrada

Un método común para bloquear el acceso a los registros del gobierno en Nevada es la aplicación por los gobiernos de una “prueba de equilibrio” establecida por una decisión de la Corte Suprema del estado en 1990.

Donrey of Nevada v. Bradshaw permitió a los gobiernos retener registros no considerados confidenciales si los funcionarios deciden que el secreto es lo mejor para el público.

Henderson invocó la prueba de equilibrio para negar las solicitudes del Review-Journal de documentos de investigación sobre su ex jefe de policía. Del mismo modo, cuando los empleados del Departamento de Bomberos de Las Vegas fueron acusados de tener relaciones sexuales en una estación de bomberos de la ciudad, los detalles de la siguiente investigación y la disciplina se consideraron confidenciales en virtud de la prueba de equilibrio.

“La ciudad considera que la transparencia es un aspecto esencial del servicio público. Nos enorgullece nuestra capacidad de respuesta a las solicitudes de registros y nuestra minuciosidad al proporcionar respuestas completas”, escribió en un correo electrónico el portavoz de la ciudad de Las Vegas: David Riggleman. “Dicho esto, hay algunas partes de nuestros registros que la ciudad siempre ha mantenido como confidenciales”.

El caso Donrey ha sido citado por los gobiernos locales en todo tipo de solicitudes de registros denegados, incluidos los relativos a la información del personal de los empleados públicos, las reclamaciones contra los empleados públicos y los documentos relacionados con la aplicación de la ley y las investigaciones de aplicación del código.

Wonderlich mencionó que tales denegaciones se pueden utilizar para frustrar el daño potencial al público, pero la solicitud de equilibrio a menudo se malinterpreta si la revelación de información puede dañar la reputación de un gobierno.

“No hay exención de registro público por vergüenza”, dijo. “Si hay algo que realmente no se puede divulgar, se puede editar y el resto del informe se puede divulgar. Es desafortunado que los gobiernos utilicen un enfoque amplio para decir que ninguna parte de un documento puede ser pública, cuando la parte más sensible pueden ser en realidad un par de palabras”.

Los legisladores están exentos

Los problemas para obtener registros públicos no se limitan al sur de Nevada. En 2015, los legisladores estatales votaron para excusarse de las leyes de registros públicos.

Su razonamiento: la Legislatura de Nevada no es una “entidad gubernamental”, lo que significa que sus funcionarios electos no necesitan poner a disposición documentos como correos electrónicos y calendarios.

Mari St. Martin, portavoz del gobernador Brian Sandoval, comentó al Review-Journal el viernes que el gobernador firmó el proyecto de ley sabiendo que solo codificaba el precedente existente relacionado con la inmunidad y los privilegios legislativos.

“Si las interpretaciones posteriores de esta legislación sirven para ampliar o alterar las leyes sobre exenciones de registros públicos, esas interpretaciones no son consistentes con el propósito declarado de la ley, que es codificar en lugar de cambiar la ley como ya existía cuando se aprobó la ley”, San Martín dijo.

Más tarde, en 2015, el estado obtuvo una calificación de “F” en rendición de cuentas y transparencia del gobierno en la Investigación de Integridad del Estado a nivel nacional del Centro de Integridad Pública. Entre los 50 estados, Nevada ocupó el lugar 46.

“La mentalidad ‘todo vale’ de Nevada se extiende más allá de las luces brillantes y las máquinas tragamonedas de la Ciudad del Pecado”, señaló la investigación.

Comparé Nevada con el estado de Washington, donde el gobernador Jay Inslee vetó este mes un proyecto de ley que habría eximido a los legisladores de su estado de su propia Ley de Registros Públicos. El gobernador rechazó la medida propuesta luego de recibir más de 4 mil 300 llamadas telefónicas y más de 8 mil 100 correos electrónicos, informó el Seattle Times.

“Creo que los legisladores se darán cuenta de que pueden cumplir con sus obligaciones y ser totalmente transparentes, al igual que los gobiernos estatales y locales en todo Washington”, escribió Inslee en un comunicado.

Revestimientos de plata

La información revelada a través de solicitudes de registros puede conducir a cambios significativos.

Luego del tiroteo masivo del 1 de octubre, las solicitudes de registro del Review-Journal revelaron que la División de Administración de Emergencias de Nevada había estado laxa durante años obligando a los casinos a cumplir con una ley estatal que exige que los complejos presenten planes de respuesta de emergencia al estado.

Los registros obtenidos de la agencia estatal mostraron que la mayoría de los casinos en el Strip no habían actualizado sus planes desde 2012 y más de dos docenas de grandes casinos de Las Vegas no habían presentado planes revisados desde 2008.

En respuesta a los informes del Review-Journal, el jefe de división: Caleb Cage, creó una fuerza de tarea pública para mejorar la supervisión de los planes de respuesta a emergencias.

“Lo que los lectores del Review-Journal ven en nuestro sitio web y aplicación y en nuestro periódico nunca refleja adecuadamente el trabajo de nuestro personal”, destacó el jefe editorial Glenn Cook. “Por cada pocos informes que se publican, hay otra historia en el limbo, incompleta porque una entidad gubernamental no está siguiendo el lenguaje claro de la Ley de Registros Públicos de Nevada. En algunos casos, nuestras solicitudes de información son denegadas únicamente para proteger a los funcionarios electos de las críticas.

“Sunshine Week es el momento perfecto para educar a nuestra audiencia sobre todas las preguntas importantes que estamos haciendo y, en algunos casos, sobre las demandas que presentamos para averiguar cómo se gastan los dólares de los contribuyentes”.