Fiscalía halla en el suroeste de Colombia fosa con restos de más de 60 personas

La Fiscalía colombiana halló en el suroeste del país una fosa común con restos de unas 62 personas, que se cree que pueden ser víctimas de grupos paramilitares, informaron este sábado medios locales.

El hallazgo fue realizado en una zona rural del municipio de Olaya Herrera del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, señaló el fiscal general, Eduardo Montealegre, que no reveló cuándo se produjo el hallazgo, informó la agencia Efe.

Según el fiscal, “se identificaron 13 restos”, pero agregó que según informaciones de una autoridad de la zona “pueden ser 62 personas” las enterradas en ese lugar.

Montealegre agregó que se están haciendo las exhumaciones, trabajo en el que participan la Fiscalía, la Gobernación de Nariño, la Cruz Roja y el Instituto de Medicina Legal.

El funcionario indicó que se trabaja en la ubicación de los restos, encontrados en la región de Bocas de Satinga (Nariño), desde hace varias semanas en cooperación con la Gobernación de Nariño, la Cruz Roja, Medicina Legal y la Fiscalía.

Los grupos paramilitares de extrema derecha, surgieron para combatir a las guerrillas de izquierda en Colombia, y se les atribuyen cientos de masacres y desplazamientos forzados en Colombia, sobre todo durante su máxima expansión, en la década de 1990 y principios de la década de 2000, añadió por su parte la Agencia France Press.

La Fiscalía estima que los restos son de personas desaparecidas entre el año 2000 y el 2005 no solo en el departamento de Nariño, sino en otras regiones de Colombia.

Efe destaca que más de 31,000 integrantes de grupos paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron a mediados de 2006 dentro de un diálogo de paz con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El Gobierno de Uribe promovió como marco jurídico para la reinserción de las AUC la llamada Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005 y que establece, entre otras cuestiones, penas alternas de entre cinco y ocho años de prisión para responsables de delitos atroces.

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