Historia de la Ley de Derecho al Voto de 1965
La Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act of 1965) es considerada como histórica dentro de la política estadounidense, ya que tuvo el objetivo de prohibir las prácticas discriminatorias en el derecho al voto de las minorías. Si bien ya existía la Decimoquinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (la cual prohíbe la discriminación en derechos al voto), esta ley aseguraba protecciones al momento de ejercer un sufragio.
De acuerdo con la historia, hasta 1965 había algunos estados de la Unión que, para permitir el voto de determinados ciudadanos, les solicitaban pruebas de alfabetización o el pago de algún impuesto. De esta manera limitaban la posibilidad de ejercer su sufragio a ciertas personas.
Estas limitantes fueron conocidas como “Leyes Jim Crow”, las cuales fueron normas estatales y locales emitidas en algunos estados cuyas Legislaturas eran dominadas por demócratas de origen caucásico. Emitidas entre 1876 y 1965, las “Leyes Jim Crow” (nombre atribuido por un espectáculo musical caricaturesco, referido a un afro-estadounidense) buscaban la separación de grupos étnicos en escuelas, transporte, restaurantes, entre otros sitios; además del derecho al voto.
Coincidentemente fue un presidente demócrata quien inició con los esfuerzos por terminar con estas desigualdades. El presidente Lyndon B. Johnson promulgó la Ley de Derechos Civiles en 1964, y un año después decretó la Ley de Derecho al Voto para darle al Congreso el poder de supervisar la administración electoral en determinados estados. En 2006, el entonces presidente republicano George W. Bush decidió extender esta ley por 25 años más.
La Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto, requiere que ciertos estados y ayuntamientos obtengan autorización del gobierno federal antes de realizar algún cambio en sus prácticas de votación. La Sección 4 (b) de la misma, contenía la fórmula de cobertura que determinaba a las jurisdicciones que estaban sujetas a dicha autorización, esto basándose en sus antecedentes de irregularidades en la aceptación de votantes hasta antes de 1965.
Sin embargo, en el año 2013, una demanda del Condado Shelby v. Holder derivó en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara (por votación de 5-4) que la Sección 4 (b) de dicha ley era inconstitucional, argumentando que sus elementos se basaban en datos de hace más de 40 años y que las necesidades actuales eran distintas.
Este tema ha tomado importancia recientemente, ya que en febrero de 2019 la congresista Terri Sewell introdujo el proyecto Ley de Promoción de los Derechos al Voto de 2019 (HR4) (Voting Rights Advancement Act), la cual busca modificar la ley original para revisar los criterios que determinan qué estados y ayuntamientos están sujetos a la Sección 4 y modificar el ya mencionado inciso (b).
Por otra parte, para externar apoyo a la HR4, las organizaciones Mi Familia Vota, NextGen Nevada y Make It Work organizaron un evento informativo en la Biblioteca del Este de Las Vegas, el cual aconteció el martes 25 de junio del presente año.
“En Nevada, estamos viviendo en un estado que está haciendo bien las cosas. En la Sesión Legislativa, en Carson City, hicimos muchas cosas para asegurar que todos tengamos el privilegio de votar, como la ley AB345 que fue firmada por el gobernador, y que hace es que todos van a estar registrados (para votar) en cuanto cumplan los 18 años… Tenemos que motivar a las personas a que vayan a votar, necesitamos seguir ese progreso”, comentó la organizadora de NextGen Nevada, Crisaly Santos.
El director de operaciones de NextGen Nevada, Kenneth Zamora, consideró que la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2013 dificulta la accesibilidad de votar a personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.
“Queremos asegurar que esas protecciones regresen, que nuestra comunidad se sienta segura de que su voto va a ser protegido. Hay veces que vamos al DMV y escriben nuestro nombre equivocado, entonces nuestra tarjeta de voto e identificación no son iguales. Pueden usar esa excusa para negarnos nuestro voto”, opinó Zamora.
Otra limitante que han mencionado los críticos del fallo emitido en el 2013, es que en ciertos estados se cerraron o cambiaron de ubicación algunos lugares de votación, lo cual puede reducir la participación en una elección.
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