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Inmigrantes de EE.UU. no llaman al 911 por miedo a ser deportados

Una llamada al 911 cambió para siempre la vida de Miguel, un inmigrante de Nashville que quedó sujeto a un proceso de deportación luego de realizar una llamada a la policía para lidiar con un familiar problemático.

“Todo lo que puedo decir es que si volviera a vivir ese momento, no llamaría a la policía otra vez. La verdad es que yo considero que esa llamada cambió mi vida”, dijo a Human Rights Watch.

El caso de Miguel no es el único, pues según señala Human Rights Watch, son miles los inmigrantes que han agudizado su miedo la policía.

“La función federal de identificar a personas con fines de deportación no debería confundirse con la misión de los estados de proteger a personas frente a delitos como violación sexual”, indicó Alison Parker, directora del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Cuando esas funciones se confunden y sectores enteros de personas afirman que ‘temen llamar al 911’, se menoscaba la seguridad pública”.

En 2012 Human Rights Watch informó sobre temores similares al contacto con autoridades de seguridad pública por parte de trabajadoras agrícolas que fueron víctimas de agresiones sexuales.

En el marco del programa Comunidades Seguras, las huellas dactilares tomadas a personas que son arrestadas por las fuerzas de seguridad pública se envían al Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI) para que sean cotejadas con la información en las bases de datos del ICE. Cuando el ICE identifica a una persona como factible a deportación, pide a la Policía que detenga a esa persona para que pueda ser trasladada a la agencia inmigratoria y posiblemente deportada de Estados Unidos.

No obstante, pese a diversas declaraciones del gobierno federal, en las que asegura el programa comunidades seguras está orientado principalmente a la identificación de delincuentes violentos y peligrosos para hacer más fácil su deportación, el análisis de datos gubernamentales efectuado por Human Rights Watch en 2009 y 2013 indica que cientos de miles de personas con antecedentes de condenas por delitos menores no violentos que tienen sólidos vínculos familiares en Estados Unidos están siendo afectadas por el proceso.

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