Jueza de Las Vegas se enfrenta a un interrogatorio sobre lenguaje inapropiado en un suéter
Dos juezas de Las Vegas se encontraron en el estrado el martes.
Fiscales especiales, tratando de mostrar que las juezas de paz de Las Vegas, Melanie Andress-Tobiasson y Amy Chelini, representan una amenaza para el público, se centraron en el uso de lenguaje inapropiado fuera del tribunal.
Thomas Bradley, abogado y fiscal de la Comisión de Disciplina Judicial de Nevada con sede en Reno, no estaba de acuerdo con la cruda redacción de un suéter que Andress-Tobiasson portaba mientras caminaba por los pasillos del Centro Regional de Justicia.
Un administrador de la corte desde entonces fotografió a Andress-Tobiasson vestida con un suéter color turquesa ilustrando un par de pastelillos y las palabras “eat s— and die” (come m***** y muérete, en español) en el palacio de justicia en 2017 y más tarde entregó la foto a los investigadores de la comisión.
“Hablemos de tu suéter”, dijo Bradley durante el segundo día de una audiencia disciplinaria de dos días en la sala Thomas & Mack Moot de la Facultad de Derecho Boyd de la UNLV. “¿Estuvo bien usarlo una vez?”
“Bueno, pues lo usé”, contestó Andress-Tobiasson.
“¿Estaba por debajo de la dignidad de tu oficina llevar un suéter al juzgado para ser visto por el personal de la corte que dice “come m***** y muérete”? ¿Fue apropiado?”
“Puedo ver por qué se consideraría inapropiado”, respondió la jueza. “No lo pensé por la forma en que está escondido en el suéter”.
“Así que el hecho de que no fuera lenguaje inapropiado lo hace aceptable, pero el hecho de que era un poco más difícil de ver lo hace aceptable, ¿es eso lo que estás diciendo?”
“Digo que no lo consideré como una denigración de la dignidad de la judicatura”, respondió Andress-Tobiasson.
Bradley trató de preguntarle dónde compró el suéter, pero los comisionados decidieron que no tenía que responder a la pregunta.
Desperdicio de dólares de los contribuyentes
El fiscal también le preguntó a Andress-Tobiasson si había maldecido en el juzgado, la jueza reconoció que lo había hecho, pero confesó que no de manera despectiva.
“¿Así que el uso de blasfemias no denigra a la oficina?” preguntó Bradley.
“Supongo que no me ofende tanto el uso de algunas malas palabras como aparentemente a otros”, respondió Andress-Tobiasson.
Andress-Tobiasson y Chelini se enfrentan a una posible suspensión por haber interferido en la contratación y el despido de los administradores de la corte y plantean “una amenaza sustancial de daño grave al público o a la administración de justicia”.
La Presidenta del Tribunal Supremo de Paz, Suzan Baucum, testificó el martes que ninguna de las dos juezas desempeñó un papel en la decisión de despedir a varios funcionarios a principios de este año.
En respuesta a las preguntas de la fiscalía, Chelini mencionó que consideraba que la audiencia y la investigación sobre la conducta de las juezas equivalía a una “cacería de brujas”.
“Esto no tiene sentido”, aseveró. “Tienen literalmente a dos personas que no han hecho nada malo, que tratan de dirigir sus cortes eficientemente, y siguen con esto”.
Miró hacia Bradley.
“Estás sonriendo porque obviamente estás de acuerdo”, apuntó Chelini.
El fiscal respondió: “Estoy sonriendo porque me gusta tu respuesta”.
“Estoy seguro de que sí”, contestó la jueza. “Creo que es un desperdicio de los dólares de los contribuyentes, el único peligro para la administración de justicia es esta acusación”.
Patrón de mala conducta
Los abogados defensores de las juezas han dicho que las acusaciones no se derivan de la conducta en una sala de audiencias.
Andress-Tobiasson, ex fiscal del Condado de Clark, asumió el cargo en 2009. Chelini, ex abogada defensora, fue elegida en 2016.
Bradley señaló “un patrón continuo de mala conducta” y pidió a los siete miembros del panel que suspendieran inmediatamente a ambas juezas con beneficio de sueldo, a la espera del resultado de una investigación más exhaustiva.
Mencionó que las juezas querían el control sobre los secretarios que trabajaban en sus salas, lo que llamó “mala conducta diseñada para mostrar a la administración de la corte que estas juezas y sus secretarios no estaban sujetos a su control, que estas juezas hacían lo que querían y que protegerían a sus secretarios”.
Bradley describió que el uso “flagrante” del lenguaje en la corte era “espantoso”.
“El problema es que no parecen entender del todo que sus funciones como juezas requieren que actúen de otra manera que no sea al estilo de una preparatoria”, comparó.
Los abogados de las juezas, Bill Terry y Tom Pitaro, argumentaron que las acusaciones no deberían equivaler a una suspensión.
“Estos son lo que llamamos buenas juezas”, aseveró Pitaro. “Se preocupan por la gente que trabaja para ellas, se preocupan por la gente que les precede y tratan de hacer lo que se supone que deben hacer: administrar la justicia de manera eficiente, imparcial y justa”.
El Comisionado Mason Simons concluyó que el panel emitirá una decisión por escrito sobre posibles suspensiones, pero no ofreció un cronograma sobre cuándo se emitirá dicha orden.
