La crisis migratoria de la frontera

La crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos hasta ahora no ha tenido un impacto directo con familias de Las Vegas. Aunque la opinión general es de “no a la separación de familias”, hay quienes ven el tema desde otra perspectiva.

El flujo de inmigración indocumentada, en su mayoría desde Honduras, El Salvador y Nicaragua, en busca de asilo en los Estados Unidos aumentó en los últimos meses. Para contenerla en abril pasado la administración Trump impuso la política de “Cero Tolerancia” y empezó a separar los hijos de sus padres. Un estimado de 2 mil 300 menores fueron puestos en albergues por todo el país, y sus padres detenidos para ser procesados.

Eso desató una avalancha de repudio nacional, a tal grado que a fines de junio el mismo presidente tuvo que dar marcha atrás en la separación de familias. Más tarde un juez de California ordenó la reunificación de los niños menores de cinco años (lo que se atendió en parte el 11 de julio) y los más grandes a más tardar el 26 de julio.

La pregunta es si esa crisis ha tocado a familias en el valle de LV.

“En Nevada y Utah (nuestra jurisdicción) no hay albergues para menores migrantes; no estamos vinculados directamente, no sabemos de casos locales, aunque acabamos de recibir una notificación”. Así respondió preguntas de este semanario Tirso Sermeño, cónsul de El Salvador en Las Vegas.

El 11 de julio –informó Sermeño— la oficina de Immigration and Customs Enformcement (ICE, por sus siglas en inglés) de Utah nos notificó el caso de una menor salvadoreña de 14 años, cuya madre ya no está en el país.

Hasta ahora solo sabemos que es una menor de 14 años. Su madre la dejó con un tutor y bajo la custodia de ICE, mientras ella firmó su salida voluntaria hacia El Salvador.

Al parecer la menor no podrá permanecer en el país. Tenemos que documentar el caso y buscar la reunificación de la niña con su familia en El Salvador.

“De los más de dos mil menores centroamericanos separados de sus padres, los de origen salvadoreño son unos 200. Y en particular existen unos 150 que en su mayoría son atendidos por los consulados cercanos a la frontera”, concluyó el cónsul.

Aunque en lo general una enorme cantidad de gente, organizaciones civiles y los medios de comunicación dan cuenta del rechazo al manejo que el gobierno federal hace de la crisis, hay quienes lo ven de otra manera.

La activista comunitaria Rosemary Flores afirma que la situación de las familias separadas no está muy bien comprendida por todos, “entendemos que la gente viene de Centroamérica huyendo de la violencia, de la pobreza. Me duele ver la separación de las familias, pero es algo necesario porque el gobierno tiene que hacerlo”.

Flores cuestionó que, “para empezar no está bien que los mismos padres de familia arriesguen a sus hijos en un viaje tan largo y peligroso desde Centroamérica pasando por México para venir a los Estados Unidos. Es un viaje donde ocurren robos, violaciones e incluso la muerte. ¿Cómo es posible que los padres traigan así a sus hijos e incluso les dejen viajar solos con los coyotes?”.

La activista comunitaria agregó que la gente detenida en la frontera entró de manera ilegal, se le separó, pero hora se está reuniendo. «Todo se hace con mucho cuidado, se hace para proteger a los menores de edad. Porque se les da de comer, servicios médicos y se previene que sean víctimas de abuso, eso es lo que hace la administración del presidente Trump».

Tiene que respetarse la ley, afirmó Flores. “Por eso el presidente Trump quiere construir la barda en la frontera, por dos razones principales: para protección de la gente aquí y eso incluye evitar la entrada de terroristas. Y por otro lado la barda es necesaria para evitar que la gente siga viniendo, arriesgando su vida y la de sus hijos”.

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