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La Fiscalía mexicana investiga un ataque a siete periodistas en el sur de México

La Procuraduría General de la República (PGR) de México inició una investigación por la agresión que sufrieron siete periodistas de diversos medios nacionales e internacionales a manos de un grupo de 100 personas armadas en el estado sureño de Guerrero, informó el pasado domingo la institución.

Los periodistas fueron retenidos el sábado durante unos 15 minutos, amenazados y despojados de un vehículo y su equipo de trabajo, incluyendo cámaras, computadoras y teléfonos móviles, por un grupo de unos 100 hombres armados que tenía instalado un retén en el municipio de Acapetlahuaya.

Los agresores amenazaron a los periodistas con quemarlos a ellos y a las camionetas, antes de dejarles ir en el segundo vehículo, según detalló el diario La Jornada.

Los periodistas agredidos fueron Sergio Ocampo, corresponsal del diario La Jornada; Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador del mismo medio; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Ángel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra.

Los comunicadores regresaban de San Miguel Totolapan, donde habían ido a cubrir la situación en ese municipio en que fuerzas federales y estatales ingresaron el 12 de mayo para iniciar una operación conjunta contra los grupos delictivos que operan en la zona.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, declaró que el grupo criminal denominado La Familia Michoacana es el responsable de la agresión a los periodistas.

“Estoy convencido que quien los asaltó es gente de La Familia Michoacana que se vino a meter”, dijo Astudillo, quien en redes sociales expresó: “Lo ocurrido a compañeros periodistas en (la región de) Tierra Caliente es un acto inadmisible que no toleraremos y condenamos enérgicamente”.

Por su parte, la PGR indicó en un boletín que desde el sábado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) contactó directamente a los comunicadores afectados al tiempo que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos.

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