Las agencias policiales de Nevada se benefician de los casos de decomiso

Después de que Anthony García, de 28 años, muriera en julio en un accidente de vuelco cerca de Primm, la policía de Las Vegas encontró cerca de 26 mil dólares en una bolsa de lona cerca de su cuerpo, junto con dos tarros Mason que contenían 64 libras de aceite de hachís THC.

Ese dinero fue incautado por la policía y actualmente está retenido en una demanda pendiente por decomiso de activos civiles, según los registros de la corte, pero la familia de García es nombrada como posible beneficiaria en el caso.

El Departamento de Policía Metropolitana incautó aproximadamente 2.3 millones de dólares en propiedad, incluido el efectivo, durante el año fiscal que terminó en julio y absorbió aproximadamente 2.2 millones de dólares en confiscaciones de activos civiles, según el informe anual de confiscación del fiscal general de Nevada.

Además de eso, las agencias locales de aplicación de ley que ayudan a las agencias federales en las incautaciones, pueden obtener un recorte bajo el Programa Federal de Participación Equitativa. La Policía Metropolitana (LVMPD) recibió aproximadamente 64 mil dólares en dinero decomisado del gobierno de los Estados Unidos el año fiscal anterior.

Un tema polémico

Un estudio realizado en 2017 por el Instituto de Investigación de Políticas de Nevada encontró que las confiscaciones “se dirigen de manera desproporcionada a los vecindarios con niveles relativamente altos de minorías y residentes de bajos ingresos”.

Según el informe, el 66 por ciento de las confiscaciones en 2016 ocurrió en 12 de los 48 códigos postales de Las Vegas. El nivel de pobreza promedio en esos códigos postales fue del 27 por ciento, en comparación con la tasa del 12 por ciento en los demás. En los códigos postales más específicos, la población promedio no blanca fue del 42 por ciento. Las poblaciones no blancas de los otros códigos postales fueron del 36 por ciento.

“Debido a que la mayoría de las confiscaciones se refieren a menos de mil dólares, a menudo no hay un recurso práctico para los presuntos infractores de la ley”, afirma el informe.

Esto se debe a que el costo de contratar a un abogado y llevar a cabo una acción legal sería mayor que la cantidad incautada.

“Es un sistema muy abusivo”, confesó el abogado Tom Pitaro de Las Vegas. A menudo no se notifica a sus clientes cuando sus vehículos están limpios y listos para ser recogidos, dijo, por lo que acumulan tarifas de almacenamiento.

Pitaro dijo que representaba a un cliente cuyo Mercedes fue incautado y no se le fue devuelto durante casi 10 años.

“Le perdieron la pista”, comentó el abogado. “Lo pusieron en algún lado en alguna parte y cuando lo recuperó, había maleza creciendo fuera del bloque del motor”.

Pitaro señaló que el cliente finalmente demandó por el valor del auto. Dijo que muchos otros clientes han tenido problemas para recuperar su propiedad después de que se incautó como prueba o decomiso.

“Es un dolor en el cuello, es lo que es”, expresó. “El proceso es muy burocráticamente inepto”.

El jefe de finanzas de LVMPD, Richard Hoggan, agregó que las incautaciones y las confiscaciones son punitivas.

“Nuestro principal problema es que las personas involucradas en actividades delictivas no obtienen recompensas de esa actividad”, añadió Hoggan.

La mayoría del dinero incautado proviene de personas acusadas de delitos relacionados con las drogas, dio a conocer. “Nosotros decimos: ‘Este tipo hizo algo realmente malo y no se le debe pagar por comerciar con drogas o proxenetar a adolescentes’”.

El 20 de febrero, la Corte Suprema de EE. UU., falló a favor de un hombre de Indiana cuya Land Rover SUV se perdió, luego de que se declaró culpable de comerciar con una sustancia controlada y conspiración para cometer un robo. El hombre pagó aproximadamente 42 mil dólares por el SUV con el dinero que había heredado, pero la multa máxima por su cargo de drogas fue de 10 mil dólares.

“La pregunta era si la disposición de la Octava Enmienda que protege contra multas excesivas se aplica o no a los estados”, destacó el profesor Ian Bartrum de la UNLV. Bartrum enseña derecho y teoría constitucional en la Facultad de Derecho de Boyd.

El tribunal dictaminó que la cláusula de multas excesivas de la enmienda sí se aplicaba al caso, recalcó Bartrum.

Pero la Corte Suprema de Nevada ya hizo esa distinción en el Condado de Levingston v. Washoe en 1998, después de que una casa de Reno propiedad de los cuatro herederos de un hombre, fue incautada bajo sospecha de actividad de drogas ilegales. El tribunal dictaminó que la confiscación de la vivienda constituiría una multa excesiva en virtud de la Octava Enmienda y se la devolvió a los herederos.

Incautaciones y decomisos

La policía confisca el dinero y los bienes que tienen causa probable para creer que son el producto de o fueron utilizados en comisión de un delito grave, como narcotráfico, asesinato o fraude.

Según la ley estatal, la policía puede confiscar bienes sin una orden judicial si se encuentra durante un arresto, una inspección o la ejecución de una orden de registro, o si existe “causa probable para creer que la propiedad está sujeta a decomiso”.

“El hecho de que se haya incautado algo no significa que se haya perdido”, señaló Matthew Christian, asesor general adjunto de LVMPD. “No sólo lo tomamos, una vez que se incauta, tiene que haber una presentación legal que resulte en una orden judicial de decomiso”.

El asesor legal presenta una demanda contra la propiedad en el Tribunal de Distrito y debe identificar a los posibles reclamantes de la propiedad a través de una “diligencia razonable”, según la ley.

A partir del viernes, casi $600 mil en efectivo y ocho vehículos estaban envueltos en casos pendientes de confiscación civil presentados durante el año fiscal actual, incluidas seis camionetas ligadas a un busto que involucra fraude de tarjetas de crédito.

Los reclamantes pueden unirse a la demanda y explicar sus circunstancias a las autoridades, indicó Christian, y si se determina que el dinero no estuvo involucrado en un delito, se devuelve en un plazo de siete días.

Christian aseveró que un ejemplo podría ser un hombre arrestado por cargos de drogas que tenía mil dólares que su madre le dio para pagar un auto. Incluso si el hombre fuera condenado por los cargos, podría unirse al proceso de decomiso y explicar las circunstancias.

En ese caso, LVMPD hablaría con su madre para confirmar el reclamo del hombre y luego le devolvería el dinero, comentó Christian.

“Y hemos visto esto antes, donde se gana dinero a través del juego y cosas así”, puntualizó. “Tuvimos un caso donde fue dinero de cumpleaños”.

Lo mismo ocurre con los vehículos y las casas que se utilizaron en delitos sin el conocimiento o consentimiento del propietario, lo que se denomina “defensa del propietario inocente”, destacó.

En cada demanda, la carga recae en la policía para demostrar que el dinero o la propiedad estuvieron involucrados en un delito.

La policía puede incautar cualquier cosa que crea que esté involucrada en un delito, incluidas drogas y parafernalia de drogas, vehículos, casas y casas móviles. La mayoría de las incautaciones involucran dinero en efectivo.

En una confiscación del último año fiscal, la policía recibió pelotas de golf y un par de binoculares.

El portavoz de LVMPD, Aden Ocampo Gómez, dijo que los artículos fueron incautados después de que la policía detuvo a un hombre que conducía un automóvil robado lleno de artículos robados. Los artículos en el vehículo pertenecían a al menos 13 personas diferentes, incluido el sospechoso, reveló Ocampo Gómez.

El propietario de las pelotas y los binoculares nunca fueron identificados, por lo que la propiedad se perdió.

El dinero va primero a las víctimas

El dinero y las propiedades que llegan a la policía, se usan primero para la restitución. Christian detalló que en un caso de fraude, una mujer persuadió a un anciano para que le firmara su departamento. Al presentar una demanda de decomiso y poner un derecho de retención contra el condominio, LVMPD evitó que la mujer lo vendiera y se guardara el dinero antes de ir a juicio. El condominio fue devuelto al hombre que fue estafado.

“Se puede usar para asegurar que la víctima de un crimen se recupere”, dijo Hoggan.

A veces los fondos pueden ser incautados directamente de las cuentas bancarias de los sospechosos. La policía tomó casi 8 mil 500 dólares del ex agente de policía de Henderson, Earl Mitchell, quien fue acusado de usar 163 mil dólares de dinero público para compras personales y un “estilo de vida de juego”.

A continuación, LVMPD paga los gastos asociados con la confiscación, como el remolque y almacenamiento de vehículos, los costos legales y los salarios del personal, mencionó Hoggan. Algunos se comparten con otras agencias.

La Policía Metropolitana puede conservar los primeros cien mil dólares generados por las confiscaciones, pero debe entregar el 70 por ciento del saldo restante al Distrito Escolar del Condado de Clark. Ese dinero debe usarse para comprar libros, hardware y software de computadora, de acuerdo con la ley estatal.

De los 2.2 millones de dólares perdidos el año fiscal anterior, el distrito escolar recibió poco menos de un millón de dólares y la policía recibió alrededor de $500 mil, después de los gastos.

El dinero confiscado por delitos relacionados con drogas debe usarse para optimizar las unidades contra ellas y el resto debe ir a una cuenta especial, en lugar del fondo general de la policía. El dinero no se puede utilizar para los gastos operativos diarios.

LVMPD está utilizando un recorte de 3 millones de dólares de una represión del FBI en 2017 por un plan de lavado de dinero basado en casino para compensar el costo de un nuevo centro de entrenamiento con armas de fuego.

Según los documentos proporcionados por Hoggan, en los últimos tres años, los fondos de decomiso se han utilizado para comprar equipos de prueba de narcóticos, así como robots y otros equipos para SWAT. Los fondos también pagaron dos unidades K-9, una que detecta armas de fuego y otra que busca drogas.

“No planeamos contar con esos fondos”, concluyó Hoggan. “Si vienen y podemos usarlos para el bien público, lo hacemos”.

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