Las dificultades para integrar jurado en caso “Chapo” Guzmán

El juez, la fiscalía y el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien enfrenta 17 cargos por tráfico de drogas en una corte de Nueva York, prevén complicaciones para conformar al jurado que decidirá sobre la culpabilidad de este acusado.

El mayor obstáculo será convencer a las 12 personas que formarían el jurado de que su labor estará exenta de peligro, luego que el juez Brian Cogan aseguró que existen “poderosas y creíbles razones para considerar que el jurado necesita protección”.

En un recuento de la evidencia presentada el mes pasado, la fiscalía afirmó que Guzmán encabezó en México “guerras” con cientos de sicarios en disputa por el control de ciudades. Asimismo, asentó, Guzmán cometió o participó en “actos de violencia” que incluyeron asesinatos, torturas y secuestros.

Debido a esta supuesta amenaza, Cogan determinó en febrero pasado que el jurado obtuviera protección durante el juicio, programado para comenzar el 5 de septiembre, lo que implica que estos individuos serán escoltados todos los días del proceso por alguaciles de Estados Unidos.

Cogan determinó además que el jurado permaneciera en el anonimato, y que toda su información personal fuera secreta para todos los participantes en el juicio, así como para los medios de información.

La decisión, de acuerdo con Cogan, se basó además en que individuos que aparentemente no se encuentran bajo el control de Guzmán prometieron su deseo de ayudarlo, como en el caso de unos prisioneros del estado de California, que le ofrecieron los servicios de “más de tres mil 500 soldados”.

El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, afirmó entonces que proteger a los miembros del jurado crearía “la impresión extremadamente injusta de que él es una persona peligrosa”.

Poco le ayudó, sin embargo, la revelación de la semana pasada de tres expolicías mexicanos que aseguraron a un fiscal de la ciudad de Los Ángeles que Guzmán asesinó a seis ciudadanos estadunidenses.

Uno de los exagentes, Jorge Godoy, de la policía del estado de Jalisco, incluso declaró a una filial en Dallas del canal ABC que a Guzmán “le gusta cortar gente”.

Balarezo negó tal afirmación. No obstante, él mismo aceptó que congregar a los 12 miembros del jurado, más a seis posible reemplazos, sería una tarea complicada.

En una audiencia celebrada en abril, Balarezo mencionó que la dificultad radicaría en convencer a los miembros del jurado de asistir a la corte prácticamente todos los días durante los tres o cuatro meses que se prevé podría durar el juicio.

Otro obstáculo es encontrar a miembros del jurado que sean imparciales, y que no tengan ideas preconcebidas sobre Guzmán que pudieran afectar su decisión de considerarlo culpable o inocente.

La decisión de los jurados debe basarse enteramente en la evidencia mostrada en el juicio, y no en las innumerables noticias, comentarios y series de televisión sobre Guzmán y sus supuestas hazañas como jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia.

Para determinar la imparcialidad de los miembros del jurado, tanto la fiscalía como la defensa elaboraron un cuestionario de 150 preguntas que entregarán a un grupo de entre 800 y mil personas.

En condiciones normales, los abogados y la fiscalía podrían verificar si un jurado es imparcial revisando, por ejemplo, sus comentarios en redes sociales y sus antecedentes públicos. En este caso, dado que los jurados son anónimos no existirá esa oportunidad.

Asimismo, en condiciones normales, alrededor de un centenar de personas serían consideradas para conformar un jurado. En este caso, la cifra de individuos considerados para formar parte de este jurado será casi 10 veces mayor.

Bajo este contexto, será necesario encontrar personas que pasen por alto el peligro potencial de sentenciar a un hombre sospechoso de cometer violentos crímenes, que dispongan de cuatro meses para el caso y que cuenten con la imparcialidad necesaria para asumir en principio la inocencia de Guzmán.

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