Los cargos contra el ex jefe de la LVCVA reflejan el fracaso de toda la junta, señalan expertos
El caso criminal sin precedentes contra el ex director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA, por su sigla en inglés), Rossi Ralenkotter y otros ejecutivos, es el resultado de una supervisión fallida por parte de la junta de la agencia financiada con impuestos, afirman expertos legales.
Los fiscales presentaron cargos por delitos graves el lunes pasado contra Ralenkotter, de 72 años, y otros dos ex ejecutivos principales en el supuesto robo y mal uso de 90 mil dólares en tarjetas de regalo de Southwest Airlines compradas por la agencia de turismo. Un empleado de marketing de Southwest también fue acusado.
La queja de siete cargos se produce después de una investigación de un año de la LVCVA que, según la policía, fue provocada por los reportajes del Review-Journal que revelaron las compras secretas de las tarjetas. El periódico ha estado investigando el gasto excesivo y la poca responsabilidad de los obsequios al personal y los miembros de la junta, la mayoría de los cuales ocurrieron durante el mandato de Ralenkotter.
“La junta pudo haber actuado hace años y la reputación de todos habría quedado intacta”, advirtió Thomas Pitaro, un abogado de defensa criminal y ex profesor adjunto de derecho de la UNLV. “Pero abdicaron de su responsabilidad. Es un día triste en la comunidad cuando alguien muy respetado tiene que aparecer como un acusado criminal”.
Lisa Rasmussen, otra abogada de defensa veterana que no participó en el caso, agregó: “No entiendo lo que pensaba la junta. La junta comparte la responsabilidad en esto porque no han estado actuando sobre la información tal como la recibieron”.
Robert Langford, quien se postuló para Fiscal de Distrito del Condado de Clark el año pasado, estuvo de acuerdo.
“Como miembro de la junta en este caso, ustedes son responsables ante los contribuyentes”, aclaró. “Si no estás supervisando adecuadamente a las personas que trabajan para ti, te envía un mensaje de que no te importan los contribuyentes”.
El presidente de la Junta de la LVCVA, Larry Brown, se ofendió por los comentarios de los abogados.
“Creo que eso es ignorancia”, contestó Brown, comisionado del Condado de Clark. “Cuando el tema de las tarjetas llamó la atención de la junta, contratamos a un abogado externo, realizamos una auditoría, obtuvimos los datos lo mejor que pudimos y eso llevó al acuerdo de separación con el señor Ralenkotter y su jubilación anticipada”.
“Que estos abogados actúen como quarterbacks de lunes por la mañana y critiquen a los miembros de la junta de esta comunidad que han dedicado su tiempo y recursos a la Autoridad, eso es inaceptable”.
El viernes por la noche, Brown reveló que la LVCVA había rescindido el contrato de consultoría de Ralenkotter de 15 mil dólares al mes con la agencia a raíz de los cargos penales en su contra. El contrato, que se extendió durante 18 meses, expiraba en marzo de 2020.
Más rendición de cuentas
A principios de la semana pasada, Brown destacó que tanto la junta directiva como la Autoridad de Convenciones han hecho mucho para reforzar los controles en la agencia.
“Me centraría más en lo que esta Autoridad y la junta actual han hecho en los últimos 18 meses para aumentar la transparencia, tener más responsabilidad, analizar detenidamente las políticas que guían a nuestros empleados y nuestra junta, y creo que hemos avanzado un largo camino”, declaró Brown.
El sucesor de Ralenkotter como director ejecutivo, Steve Hill, ha trabajado para cambiar la cultura de gasto libre de la LVCVA bajo Ralenkotter y ha reemplazado una gran parte de su equipo ejecutivo.
Después de que los fiscales presentaron cargos penales el lunes, Hill emitió una declaración en eco de las palabras de Brown.
“Cuando la LVCVA se dio cuenta de los problemas que llevaron a los cargos de hoy, la organización tomó las medidas adecuadas para instituir la reforma”, reveló Hill. “Esos pasos incluyeron revisar y fortalecer las políticas y aclarar las expectativas con nuestros embajadores (empleados) actuales”.
Se supone que la junta de 14 miembros de la Autoridad de Convenciones vigilará a una agencia que tiene un presupuesto operativo anual de 251 millones de dólares para atraer turistas y convenciones a Las Vegas. La junta incluye funcionarios electos que se benefician personalmente de la asignación rica en beneficios y ejecutivos de casinos cuyas compañías se benefician de los millones de dólares gastados cada año en la comercialización de Las Vegas.
Hasta su jubilación anticipada bajo el peso del escándalo de las tarjetas de regalo en agosto de 2018, Ralenkotter era considerado como uno de los funcionarios públicos más poderosos de Nevada, ganando casi un millón de dólares al año en salario y beneficios. Fue considerado intocable en los círculos políticos debido a sus conexiones vinculantes con el turismo, el negocio más importante del estado.
Ralenkotter fue tan influyente que la junta votó para aprobar su paquete de jubilación de 455 mil dólares, que incluía el contrato de consultoría, sabiendo que la policía aún lo estaba investigando por el manejo de las tarjetas de regalo de Southwest Airlines. Ralenkotter había utilizado casi 17 mil dólares en tarjetas en viajes personales. Pagó a la agencia y se disculpó por su conducta meses antes de renunciar tres años antes de lo previsto.
Ralenkotter no recibió más que elogios de los miembros de la junta el año pasado cuando le presentaron el paquete financiero además de los casi 300 mil de dólares en beneficios de jubilación pública que ahora recibe.
Incluso después de que Ralenkotter fue acusado de robo y mala conducta por parte de un funcionario público en la Corte de Justicia, los miembros clave de la junta continuaron elogiándolo.
La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, lo llamó el “embajador por excelencia de Las Vegas” y dijo que esperaba que el sistema legal “produjera la verdad”. Su esposo, el ex alcalde Óscar Goodman, recibe 72 mil dólares al año para presidir el comité anfitrión de la LVCVA. Ralenkotter presionó por el contrato.
Se avecinan más peleas legales
Ralenkotter enfrenta un máximo de 14 años en prisión y una multa de 15 mil dólares si es declarado culpable en el caso penal.
Él siempre ha negado las acusaciones penales, y su abogado, Anthony Sgro, es veterano de muchos casos de alto perfil conocidos por defender agresivamente a sus clientes.
“Nos perdimos el día en que se anunció que el Review-Journal comenzaría a actuar como fuerza policial”, mencionó Sgro en un comunicado el viernes. “Aparentemente, no hay límite en cuanto a lo que los falsos acusadores del señor Ralenkotter están preparados para hacer para que puedan ejecutar sus agendas personales. Sin embargo, lo que esas personas no se dan cuenta es que el señor Ralenkotter y su equipo legal son implacables. Además, no se dan cuenta de que el camino para alguien que es realmente inocente es mucho más fácil que el camino para aquellos que buscan orquestar y manipular información para lograr objetivos financieros personales”.
El abogado defensor Todd Leventhal, que no está involucrado en el caso, elogió a la policía y los fiscales por “hacerle frente a alguien que cree que tiene control ilimitado sobre el dinero público”.
“Si los cargos se mantienen en la corte, creo que envía un mensaje de que la gente está vigilando y que nadie debería estar por encima de la ley”, subrayó Leventhal.
Pitaro dijo que el caso penal políticamente sensible debe pasar por el proceso judicial normal.
“Tiene que salir al aire”, recalcó. “Creo que la comunidad quiere saber qué sucedió porque la Autoridad de Convenciones es la cara de Las Vegas. Representa a Las Vegas en todo el mundo. Tenemos que asegurarnos de que esto no empañe nuestra reputación internacional”.
Rasmussen agregó que el caso criminal va más allá del mal manejo de 90 mil dólares en tarjetas de regalo de Southwest Airlines en la LVCVA.
“Es la imagen general del uso de los recursos de la Autoridad de Convenciones para beneficio personal”, concluyó. “Evidencia un nivel mucho más amplio y más alto de corrupción y abuso de los fondos de los contribuyentes. Espero que la fiscalía arroje luz sobre cómo pudo ocurrir esto durante años y años sin que nadie lo detuviera”.
El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera el Sands Expo and Convention Center, que compite con el Centro de Convenciones de Las Vegas operado por la LVCVA.
