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¿Los casinos de Nevada presentaron sus planes de emergencia a tiempo? Los registros muestran discrepancias

Oficiales de seguridad nacional de Nevada todavía tienen problemas para rastrear los planes de respuesta de emergencia de los casinos dos años después de que una investigación del Review-Journal expuso serias fallas de supervisión.

Esto se produjo en medio de las noticias de un tiroteo en un casino de Montana el martes que dejó tres personas muertas y otra herida.

La investigación de 2017 encontró que la División de Administración de Emergencias (DEM, por su sigla en inglés) de Nevada tenía pocos recursos para revisar y monitorear los planes de seguridad, incluyendo los del Mandalay Bay, donde un hombre armado disparó contra un festival de música al aire libre. Los planes de respuesta de emergencia también cubren incendios, actos de terrorismo, ciberataques, brotes de enfermedades transmisibles y desastres naturales.

En noviembre, la DEM elaboró una lista de 24 centros turísticos que, según dijo, no habían cumplido con la fecha límite del 1º de noviembre para presentar planes actualizados. La lista era una cuarta parte de los 91 casinos en el estado obligados a mantener planes bajo una nueva ley para mejorar años de monitoreo y aplicación laxa.

En cuestión de semanas, la lista bajó a tres con pocas explicaciones sobre la discrepancia en los casinos reportados como no conformes.

Números de casino conflictivos

La agencia, según lo dispuesto por la nueva ley, remitió la lista a la Junta de Control de Juegos de Azar de Nevada el 14 de noviembre para una posible acción disciplinaria (y le proporcionó al Review-Journal una copia en respuesta a una solicitud de registros).

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Pero varios casinos contactados por el periódico insistieron en que habían presentado planes actualizados antes de la fecha límite, lo que entraba en conflicto con la información suministrada por los funcionarios estatales.

Luego, después de las investigaciones del Review-Journal sobre las discrepancias, la DEM redujo su lista de casinos que no cumplían con los requisitos a sólo tres: Treasure Island y Sahara en el Strip de Las Vegas y Terrible’s en Jean. Una vocera de Treasure Island informó que el hotel creía que había actualizado su plan y que consultaría con el Estado para ver por qué estaba en la lista. Un representante del Sahara Las Vegas no respondió a una solicitud de comentarios, y un ejecutivo de Terrible’s mencionó que el hotel presentó su plan a finales de octubre, pero se le notificó que necesitaba hacer algunos cambios y volver a presentarlo.

Kim Yoko Smith, vocera de la DEM, se negó a explicar por qué la lista original de 24 casinos era inexacta y si los 21 casinos eliminados de la lista habían cumplido con el plazo del 1º de noviembre.

“La DEM le proporcionó una lista a la Junta de Control de Juegos de Azar, y se dirigieron a los complejos turísticos que no cumplían con las normas, la mayoría han enviado sus planes de respuesta de emergencia”, señaló Smith en un correo electrónico. “Estamos trabajando activamente con los demás para recibir los suyos”.

Los ejecutivos de casinos argumentaron que un miembro del personal de la División de Administración de Emergencias regresó y revisó los planes con la intención de revisar la lista. Una fuente confirmó que la División indicó que un error en la base de datos pudo haber extendido erróneamente la lista original.

Los funcionarios de la Junta de Control de Juegos de Azar se negaron repetidamente a discutir sus esfuerzos de aplicación de la ley, argumentando que son confidenciales, pero el Review-Journal obtuvo una copia de una carta del 9 de diciembre que la junta envió a un casino.

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“Como licenciatario de juegos de azar, le informamos que el incumplimiento de cualquier disposición de la Ley de la Junta de Control de Juegos de Azar de Nevada, incluyendo los requisitos de su plan de respuesta de emergencias discutidos anteriormente, podría ser motivo para la suspensión o revocación de su licencia”, escribió James Taylor, jefe de aplicación de la ley para la junta.

Taylor ordenó que era “imperativo” que los resorts cumplieran con la nueva ley, y les dio hasta el 31 de diciembre para presentar sus últimas versiones a la división de administración de emergencias.

El Director de Seguridad Pública de Nevada, George Togliatti, cuya agencia supervisa la División de Administración de Emergencias, señaló que espera que cualquier resort que no cumpla con la fecha límite sea el resultado de una supervisión por parte del resort.

“No es una lista en la que quieras estar”, advirtió Togliatti. “Quieres que el público entienda que la intención de esta ley es prepararse para una emergencia o en el peor de los casos”.

Togliatti puntualizó que la mayoría de los complejos turísticos han establecido fuertes líneas de comunicación con los administradores locales de emergencias.

Los planes, que por ley son confidenciales y no están disponibles al público, proporcionan información interna sensible sobre los complejos turísticos, incluyendo rutas de evacuación, para ayudar a los clientes y a los equipos de respuesta rápida a hacer frente a una emergencia.

“Cuando ocurre un incidente importante, no es momento de empezar a buscar los planes”, mencionó el ex asambleísta John Oceguera, un jefe de bomberos retirado de North Las Vegas que patrocinó la ley de supervisión original de 2003. “Sé que nuestros equipos locales de respuesta rápida hacen un buen trabajo familiarizándose con estas instalaciones, pero tener esos planes disponibles para los equipos de respuesta rápida es crítico”.

¿Quiénes estaban en la lista?

Uno de los 24 casinos de la lista original enviada al Consejo Regulador era Lucky Dragon, que cerró en 2018.

Los otros 20 resorts, que ahora se consideran en cumplimiento de la ley, incluidos: Tropicana, Westgate, Golden Nugget, Hard Rock, Hooters (ahora OYO Hotel), Green Valley Ranch Resort, D Las Vegas, Silverton, M Resort y Mardi Gras Inn; todos en el área de Las Vegas.

Otros resorts en el sur de Nevada incluidos: Hoover Dam Lodge en Boulder City, Buffalo Bill’s y Whiskey Pete’s en Primm, y Riverside en Laughlin.

Otros seis resorts de Reno también estaban en la lista: Boomtown, Circus Circus, Eldorado, Silver Legacy, Grand Sierra y Sands Regency.

Todas las propiedades del Strip propiedad de MGM Resorts International y Caesars Entertainment Corp, las dos compañías de casinos más grandes del estado, no estaban en la lista y han cumplido con la nueva ley, eso incluye Mandalay Bay de MGM. Los planes de emergencia de los dos casinos del Strip, propiedad de Las Vegas Sands Corp, The Venetian y Palazzo, también están actualizados con el estado. (El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson).

El ex Jefe de Administración de Emergencias de Nevada, Caleb Cage, quien encabezó los esfuerzos para mejorar la supervisión de los planes, dijo que confía en que el estado ahora tiene la capacidad de asegurar que todos los complejos turísticos cumplan con la ley.

“La buena noticia es que ahora mismo hay medidas de cumplimiento más estrictas que antes”, apuntó. “Hay formas en que el estado puede remediar esto en el futuro, y sospecho que así será”.

Las leyes estatales ahora dejan claro que los reguladores de juegos tienen la responsabilidad de asegurar que los archivos de los casinos estén documentados y que actualicen sus planes anualmente de manera oportuna.

Sandra Morgan, quien preside el Consejo de Control, se negó a comentar la gravedad de las violaciones y las medidas que su agencia tomaría contra los casinos que no cumplen con las normas. Mike Lawton, quien maneja las preguntas de los medios de comunicación para la junta, no respondió ninguna pregunta.

El monitoreo de los planes es importante para mantener la cooperación entre los administradores de emergencias estatales, locales y la industria de los casinos en una era de crecientes amenazas de terrorismo nacional e internacional.

La investigación del Review-Journal en 2017 encontró que la División de Administración de Emergencias no había revisado los planes de seguridad del Mandalay Bay y la mayoría de los otros casinos del Strip durante casi cinco años.

La mayoría de los centros turísticos del Strip tampoco habían proporcionado planes actualizados al estado durante ese lapso, según mostraron los registros en ese momento.

La investigación también encontró que nunca se incluyeron medidas de aplicación en la ley de supervisión original de 2003.

Bill Elliott, el miembro del personal de la División directamente responsable de supervisar los planes de emergencia, reconoció durante la investigación que no los había leído en años, que no tenía recursos para hacer un seguimiento de ellos y que tenía poco conocimiento sobre lo que constituye un plan de calidad. Elliott continúa supervisando los planes.

No hubo evidencia de que las fallas de supervisión permitieran que el pistolero del festival Route 91 atacara el lugar del concierto con rifles de alta potencia y luego se suicidara el 1º de octubre de 2017. Cincuenta y ocho personas murieron a causa del ataque, y cientas más resultaron heridas.

Pero los mortíferos disparos en masa pusieron aún más de relieve la necesidad de que el Estado mantenga abiertos los canales de comunicación con los casinos.

En enero de 2018, el entonces gobernador Brian Sandoval expresó su preocupación por los débiles controles sobre los planes de respuesta de emergencia, lo que llevó a Cage a crear posteriormente un comando de trabajo especial para mejorar la supervisión.

El comando, que incluía a funcionarios estatales, locales y ejecutivos de casinos, celebró audiencias públicas y elaboró una guía integral de respuesta a emergencias para ayudar a los centros turísticos a diseñar sus planes.

Bajo la ley, los planes de emergencia de los casinos deben proporcionar un plano o mapa de todas las áreas dentro de los edificios y terrenos de un resort, con una descripción de cada área.

Los casinos también tienen que proporcionar la ubicación del equipo de emergencia y los puestos de mando, el número de teléfono del coordinador de respuesta a emergencias y una descripción de cualquier peligro para la salud pública o la seguridad.

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