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Los pagos por desempleo en Nevada ascendieron a 9 mmdd en 2020

CARSON CITY — Nevada pagó unos nueve mil millones de dólares en prestaciones por desempleo el año pasado, aproximadamente un 50 por ciento más que en los 12 años anteriores juntos, al tiempo que bloqueó dos mil millones de dólares en intentos de fraude y recuperó 100 millones de dólares en reclamaciones pagadas erróneamente, según revelaron el miércoles representantes de la agencia a un panel del Senado.

La Division of Employment, Training and Rehabilitation (DETR) repasó la actividad sin precedentes de la agencia durante el periodo devastado por la pandemia, en el que los cierres de empresas provocados por el brote de coronavirus hicieron que el desempleo en el estado superara en un momento dado el 30 por ciento, el más alto jamás registrado en todo Estados Unidos.

En su comparecencia ante la Senate Commerce and Labor Committee el miércoles, los responsables de la agencia también esbozaron un proyecto de ley que introduciría cambios en los impuestos por desempleo que pagan los empresarios y en el método de cálculo de las prestaciones a los beneficiarios, cambios ambos destinados a ayudar al estado a hacer frente a futuras crisis económicas y a recuperarse de la actual.

Pero como ha sucedido durante casi un año, desde que el impacto de la pandemia echó raíces en marzo y disparó las solicitudes semanales de desempleo de 20 mil a casi 380 mil en semanas, la agencia recibió críticas de algunos legisladores por no haber solucionado los problemas de pago con la suficiente rapidez a pesar de los desafíos sin precedentes.

Entre ellos: un “tsunami de fraudes”, le comentó la directora Elisa Cafferata al panel. El estado recibió 36 mil solicitudes iniciales de desempleo más que el número de trabajadores en el estado, indicó. Jeffrey Frischmann, un antiguo administrador adjunto contratado por la agencia, comentó después que el departamento había bloqueado 244 mil solicitudes falsas y tiene aproximadamente otras tantas en espera de revisión; posiblemente 10 mil de ellas sean solicitudes auténticas, agregó.

Los intentos de fraude “han ralentizado mucho todo el proceso de pago a estas personas”, dijo. “Queremos que se les pague, créanme, pero tampoco queremos enviar dinero mal habido por la puerta”.

El senador Keith Pickard, republicano por Las Vegas, discrepó con lo que denominó la presentación “optimista y elogiosa” de Cafferata en comparación con las quejas que recibió de los electores que intentaban cobrar sus prestaciones. Cafferata se convirtió en la tercera jefa de la agencia en un año cuando fue nombrada directora en funciones en agosto. Su nombramiento se convirtió en permanente el mes pasado.

La intención “no era decir que no había problemas”, dijo a Pickard. “La intención era decir que era una tarea hercúlea”.

Los legisladores también tenían dudas sobre los cambios en las tasas que el Senate Bill 75 haría a los impuestos que los empleadores pagan al fondo fiduciario de desempleo del estado. El fondo contaba con dos mil millones de dólares hace un año, pero se agotó el año pasado. El estado tuvo que pedir prestados 250 millones de dólares al gobierno federal para mantener los pagos, menos que los 773 millones de dólares que tuvo que pedir prestados durante la Gran Recesión. Los cambios en las tasas no entrarían en vigor hasta el próximo año y pretenden poner al día el calendario de pagos.

Los trabajadores del sistema escolar también testificaron en busca de un cambio en el proyecto de ley para proporcionar a algunos empleados no docentes que no pueden reclamar el desempleo. Dichos empleados realizan trabajos de verano para complementar sus ingresos, trabajos que perdieron durante la pandemia sin poder recurrir a las prestaciones.

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