Madres inmigrantes detenidas en cárcel de ICE apelarán fallo que denegó sus peticiones de asilo

Las 28 madres centroamericanas cuyas peticiones de asilo fueron denegadas esta semana por un tribunal, dijeron este miércoles a Univision Noticias que apelarán el fallo. Y agregaron que seguirán luchando para evitar que el gobierno las deporte a sus países de origen.

“Ayer (martes) tuvimos una reunión con (el abogado) Lee Gerlernt de ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y decidimos apelar la decisión”, dijeron representantes del grupo en un correo electrónico. “Pero (el nuevo proceso) se tardaría de uno a cuatro meses”.

El un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 3er Circuito dictaminó que había negado las peticiones de asilo del grupo argumentando que los temores de que enfrentarían violencia en sus países de origen (en caso de ser deportadas) “no son creíbles”.

“Vamos a apelar la decisión”, dijo Cody Wosfy, de la ACLU. “Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que estas mujeres y sus niños no sean deportados”.

La batalla legal

Las mujeres, todas madres de familia con niños de entre 2 y 12 años, son originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador. Fueron arrestadas el año pasado en un sector de la frontera entre Texas y México, pidieron asilo al gobierno de Estados Unidos y sus casos fueron negados, resultando en una orden de deportación.

En noviembre la ACLU presentó un recurso de habeas corpus a nombre de las 28. Conocido como caso ‘Castro v. Department of Homeland Security’, alegó que las entrevistas hechas por los agentes de inmigración fueron superficiales y por ello no otorgaron las protecciones.

Explicó que el proceso de deportaciones iniciado por el gobierno fue “defectuoso” y llevó a tomar decisiones que tildó de “incorrectas”. Añadió que en muchos casos los inmigrantes que huyen de sus países no han tenido la capacidad de desafiar la legalidad de sus expulsiones una vez les niegan los pedidos de protección.

Huelga de hambre

El pasado 8 de agosto 18 de las madres del grupo junto a otras cuatro internas del centro de detención Berks, que opera bajo el mando de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), iniciaron una huelga de hambre para exigir que sean puestas en libertad mientras los tribunales de justicia deciden sus fututos.

El miedo a perder las custodias de sus niños hizo que el grupo suspendiera la huelga de hambre, que fue sustituida por un ayuno. “Pero la huelga se reactivó ayer martes” dijo una de ellas.

ICE ha dicho que no tomará represalias y que respeta el derecho de todas las internas del centro.

Abogados que conocen el caso y que pidieron no revelar sus nombres para no entorpecer las acciones de ACLU, dijeron que el caso Castro será llevado a una audiencia con un panel más amplio, y que la decisión del lunes “no es un dictamen final”.

Activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes temen que el fallo de la Corte de Apelaciones del 3er Distrito siente un precedente que afecte miles de peticiones de asilo que están siendo ventiladas en las cortes de inmigración desde mediados del 2014. Esta fue una de las principales razones esgrimida por ACLU para apelar la decisión.

“Y seguimos pidiendo nuestra libertad mientras se resuelve esto”, dijeron las madres en huelga de hambre. “Mientras tanto, nuestro amparo de no deportación todavía está vigente. Somos 22 en el grupo actual, 18 de la primera huelga”.

Agregaron que “no tenemos miedo a la deportación porque nuestro abogado ayer nos dijo que mientras seguíamos apelando la decisión, nuestro amparo sigue en pie”.

No todos tienen la misma suerte

A mediados de agosto la Patrulla Fronteriza dijo que el arresto de familias inmigrantes había aumentado en julio al igual que el número de menores no acompañados.

Durante el mes de julio fueron detenidas 7,574 unidades familiares (menores acompañados por un adulto), un 14% más que los 6,627 detenidos en junio, precisó. Mientras, el número de menores no acompañados arrestados en julio fue de 5,068, un 6% más que los registrados en junio cuando fueron detenidos 4,771.

La agencia federal detalló que en los 10 primeros meses del año fiscal 2016 iban 58,720 unidades familiares detenidas frente a las 29,406 del año pasado en el mismo período, lo que equivale a un 99% de aumento. En cuanto al total de niños o acompañados detenidos en los 10 primeros meses del año fiscal 2016, el reporte señala que la cifra alcanzó los 48,311, frente a los 30,847 del año fiscal 2015, un incremento del 56%.

Pero no todos los detenidos son enviados a centros de detención, entre ellos Berks. Más del 95% han sido puestos en libertad mientras un juez decide si permanecen no en el país.

“La liberación varía mucho entre los detenidos”, dijo Víctor Nieblas, abogado de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “Algunos tienen lazos o miembros de la familia en Estados Unidos y otros no. Y algunos tienen las solicitudes de asilo más fuertes que otros. El juez de inmigración tiene que equilibrar muchos factores para determinar si la persona es elegible para fianza y qué cantidad”.

Nieblas dijo que “las mujeres y los niños detenidos por lo general no pueden contratar a un abogado porque no siguen el debido proceso legal en Estados Unidos”, y que en algunos casos tienen la oportunidad de asistencia a través de programas voluntarios como CARA, “donde se les proporciona una breve orientación sobre sus derechos y lo que debe esperar”.

“CARA les ayuda pero no es capaz de representar a todas las mujeres en prisión. Hay otras mujeres que obtienen asistencia de abogados a través de familias que residen en los Estados Unidos”, indicó.

En el caso de quienes piden asilo, Nieblas dijo a veces “es más difícil ayudar a las mujeres cuando están detenidas porque se les dificulta encontrar las pruebas necesarias para establecer la petición”. Y aquellas inmigrantes que tienen abogado “las posibilidades de ganar el caso aumenta de manera espectacular, pero eso tampoco es una garantía para ganar un caso”.

Apoyo externo

Varias organizaciones dentro y fuera de Pennsylvania están apoyando la huelga de hambre de las madres de Berks. “”Este caso no ha terminado todavía, estas madres están dispuestos a llevar este movimiento hasta el final, a la Corte Suprema”, dijo el movimiento Dream Activist, integrado por jóvenes que entraron siendo niños a Estados Unidos y muchos están protegidos por la Acción Diferida de 2012.

“Hay algo mal con nuestras leyes cuando los que huyen de la violencia no se les permite tener el derecho básico a ser escuchados”, dijo Bridget Cambria, abogada de Cambria & Kline, uno de los despachos que asiste a algunas de las madres de Berks.

Cambria dijo que el proceso de temor creíble fracasó “no sólo en estas mujeres vulnerables, sino en cada uno de sus hijos”.

Varias de las internas que participan en la huelga de hambre han dicho que si el gobierno las deporta serán asesinadas en sus países.

Mohammad Abdollahi, organizador de DreamActivist.org, dijo que el rechazo a las peticiones de asilo en la primera entrevista obedece al trauma de las mujeres que huyen para salvar sus vidas, y que el gobierno no les ha permitido “nuevas oportunidades” para conocer sus argumentos.

“Si nos deportan, pues llegaríamos a la boca del lobo, al infierno donde hace un año estábamos desesperadas por salid tratando de buscar ayuda, resguardar la vida de nuestros hijos t tratar de tener un alivio”, escribió una de ellas el martes en un correo electrónico enviado a nuestra redacción.

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