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Miles de nevadenses se enfrentan al desahucio tras el fin de la prohibición federal esta semana

Se espera que esta semana termine una protección federal para los inquilinos que no han podido pagar su renta durante la pandemia, y miles de nevadenses corren el riesgo de ser desalojados de sus hogares.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades implementaron la moratoria federal de desalojo el año pasado, y ha mantenido a millones de inquilinos en sus residencias. Aunque la agencia declaró el mes pasado que no extendería la orden después de que termine el sábado, los expertos legales y los líderes de la comunidad dicen que los nevadenses todavía pueden tomar medidas para protegerse si esperan un aviso de desalojo tan pronto como el 1º de agosto.

Rumaldo Chaidez, coordinador de educación y asesoría en materia de vivienda en la organización sin fines de lucro Chicanos For La Causa Nevada, dijo que solicitar el CARES Housing Assistance Program, o CHAP, es clave.

“Les decimos a los clientes que sean pacientes y que se comuniquen con el propietario en todo momento”, comentó Chaidez. “Luego, con suerte, se les aprueba y consiguen que la morosidad se solucione y se evite un desalojo”.

Hay varios pasos que los inquilinos deben tomar si reciben un aviso de desalojo, y el recientemente aprobado Assembly Bill 486 también proporciona protecciones adicionales, tales como la pausa de un procedimiento de desalojo hasta que su solicitud de asistencia de renta se procesa.

El abogado del Legal Aid Center of Southern Nevada Consumer Rights Project Attorney, Aaron MacDonald, dijo que el centro se ha centrado en cuatro puntos que los inquilinos deben tener en cuenta.

■ Un inquilino debe solicitar asistencia para la renta a través de CHAP, que ofrece a un solicitante elegible hasta 12 meses de renta atrasado directamente a su propietario.

“Si ya han solicitado, entren en su cuenta para verificar que toda su información está actualizada y deben asegurarse de vigilar de cerca su cuenta CHAP y su correo electrónico para la comunicación”, dijo MacDonald.

■ El segundo punto es que los inquilinos deben responder a un aviso de desalojo mediante la presentación de una respuesta a la corte que aparece en su aviso de desalojo.

Bailey Bortolin, director de promoción, alcance y política a nivel estatal en la Nevada Coalition of Legal Service Providers, dijo que si un inquilino decide no responder entonces el propietario se le concederá el desalojo y el inquilino puede esperar un bloqueo “de una manera muy rápida y expedita”.

■ Si un inquilino tiene una solicitud de CHAP pendiente, es importante decírselo al tribunal porque bajo la recién aprobada AB486 un juez estaría obligado a suspender, o retener, el procedimiento de desalojo hasta que el inquilino reciba su carta de aprobación o negación de CHAP.

“No importa el tiempo que tome CHAP”, dijo MacDonald. “El caso debe ser suspendido hasta que CHAP apruebe o deniegue la solicitud”.

Bortolin tambien anota que los inquilinos pueden aplicar para CHAP y tener su caso de desalojo suspendido aun después de recibir un aviso de desalojo.

“Los inquilinos pueden alertar al tribunal de que tienen una solicitud de ayuda a la renta pendiente, hecha de buena fe, en cualquier momento del procedimiento”, explicó Bortolin. “Con ello se pretende casar el calendario judicial con la ayuda a la renta en beneficio del inquilino y del propietario, ya que si se concede el desahucio el propietario deja de tener derecho al dinero de la ayuda a la renta”.

■ MacDonald dijo que su último consejo sería que los inquilinos eligieran la mediación siempre que pudieran durante el proceso de desahucio. El programa de mediación, que es gratuito, da a los inquilinos y a los propietarios un máximo de 30 días para intentar resolver su disputa y evitar el proceso de desahucio.

En riesgo

Los datos del Eviction Lab muestran que los propietarios presentaron más de cuatro mil desahucios el mes pasado, en comparación con un promedio histórico de unas 3,200 solicitudes en el periodo que abarca de 2016 a 2019.

El pico de solicitudes de desahucio es el segundo más alto visto desde enero de 2020 y se produjo mientras la moratoria de desahucios de CDC todavía estaba en vigor. El mayor pico de solicitudes de desalojo se produjo en noviembre con más de 4,500 solicitudes, o un 50 por ciento por encima de lo normal.

Chaidez dijo que la organización sin fines de lucro ha visto un aumento de los inquilinos que buscan ayuda cuando la moratoria llega a su fin.

“Lo venimos diciendo desde hace tiempo: va a haber una crisis de desahucios”, comentó Chaidez.

Agregó que la organización ya ha comenzado a mirar hacia el futuro, centrándose también en las necesidades de vivienda, como el alojamiento a corto y medio plazo, donde las familias pueden ser colocadas en unidades de renta temporal durante un máximo de seis meses.

“Durante esos seis meses, nuestros gestores de casos los entrenan y los llevan a donde necesitan estar para conseguir una vivienda permanente”, dijo. “Cualquier cosa que permita al inquilino, que está en mora con un propietario anterior, convertirse en financiable y poder rentar en otro lugar”.

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