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ONGs exigen justicia por abusos sexuales en albergues infantiles de México

Organizaciones de la sociedad civil exigieron la reapertura de la investigación con el fin de atribuir responsabilidades penales a los supuestos autores de abusos sexuales perpetrados en el refugio juvenil “Ciudad de los Niños” en el estado mexicano de Guanajuato, entre otros albergues.

Los hechos se reportan en cinco albergues sin supervisión oficial en los que presuntamente hubo “violencia física, emocional y sexual; desapariciones y adolescentes embarazadas” por parte de sacerdotes, expresaron.

El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez, decretó el pasado 10 de agosto la clausura de Ciudad de los niños. Las niñas, niños y adolescentes serían devueltos a sus familias o bien reubicados en otras instituciones.

La investigación se había abierto tan solo ocho días antes y este fue el único acto que la justicia fue capaz de ejecutar.

Las organizaciones demandantes consideran insuficiente la resolución a la par que evidencia una impunidad de los sacerdotes.

“Consideramos que no se está cumpliendo con la exigencia de una atracción eficiente e imparcial que permita brindar acceso a la justicia y reparación del daño”, expresaron.

Por otro lado, encuentran absurdo que las víctimas sean desalojadas del albergue, exponiéndolas “a situaciones de vulnerabilidad”.

“Por alguna razón o necesidad ingresaron a la institución” argumentan.

Las instituciones arremeten contra las jerarquía católica, a la que exigen que “reconozca la responsabilidad estructural que tiene en los casos de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes por encubrir y proteger a los sacerdotes pederastas”.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) “debe visibilizar el delito de pederastia clerical, con el objetivo de eliminar las prácticas que han perpetuado los abusos y la impunidad”, exigieron.

También que sea modificada la estructura eclesial y el código de derecho canónico “a fin de eliminar el encubrimiento de los crímenes de pederastia clerical”.

Las asociaciones demandantes son Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides) y Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

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