Piden al gobernador Sisolak que tome acciones favorables para las familias migrantes
“Gobernador Sisolak, estamos aquí afuera de su oficina porque las familias de Nevada necesitamos y merecemos más. A pesar de haber sido excluidos de la mayoría de los programas de asistencia económica de COVID-19, hemos tomado todas las medidas posibles para estar seguros durante la pandemia”, fueron las palabras con las que la señora Susana Espada comenzó su participación en una manifestación en contra de los desalojos.
El evento fue organizado por miembros del centro de trabajadores Arriba Las Vegas, el cual es dirigido por la activista Bliss Requa-Trautz. Se realizó el miércoles 16 de diciembre en el estacionamiento del edificio estatal Grant Sawyer, lugar donde decenas de personas se reunieron para pedirle al gobernador que actúe a favor de las familias afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19.
“Muchos de nosotros hemos sido desalojados y acusados por los propietarios. Estamos luchando para pagar el alquiler y asegurar que nuestras familias tengan los recursos para satisfacer las necesidades básicas”, dijo Espada al leer una carta dirigida al gobernador de Nevada.
Previamente, el gobernador Steve Sisolak anunció una medida de mitigación para la moratoria de desalojo, la cual entró en vigencia a las 12:01 am del martes 15 de diciembre y durará hasta el 31 de marzo. Sin embargo, los participantes de esta manifestación consideraron que esa medida solo prolonga el problema sin solucionarlo.
“No es suficiente, ya se han desalojado a miles de familias. Usted (Sisolak) y su familia están en su mansión, pero las familias desalojadas están en las calles, viviendo en automóviles y garajes. Las viviendas disponibles son limitadas, los propietarios corporativos están aumentando el alquiler y cuando podemos reunir fondos suficientes para un depósito de seguridad, nos rechazan debido a órdenes de desalojo en el récord”, continuó leyendo Espada.
Los manifestantes le pidieron al mandatario estatal que también emitiera una moratoria para evitar el corte de servicios públicos, aumentar la asistencia a través de una continuación y expansión de asistencia de renta, agregar asistencia en efectivo para las familias excluidas y reforzar la actual moratoria de desalojo.
María Ramona Hernández compartió que “soy madre soltera, la cabeza de la familia. Mi situación es algo especial porque debido al COVID-19 me quedé sin horas de trabajo. Básicamente me quedé sin dinero para poder pagar la renta, me sacaron de mi casa y fue un miedo terrible porque no sabía a dónde ir. Esto fue el mes pasado”.
Los asistentes aseguraron que necesitan ayuda para estabilizarse después de haber perdido sus empleos, algo que les está siendo complicado porque la deuda por alquiler aumenta mientras comienzan a recibir notificaciones sobre posibles suspensiones en servicios esenciales como la electricidad, gas e incluso el internet que actualmente es muy necesario para los estudiantes.
Al respecto, la señora Dulce Ayala consideró que “no podemos terminar en la calle y menos con nuestros hijos. Tengo tres hijos y me duele ver que están sufriendo”.
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