Por temor a los desalojos, el Condado Clark prohíbe la discriminación contra los inquilinos
La Comisión del Condado Clark aprobó el martes un proyecto de ley que hace ilegal discriminar a ciertos inquilinos, aumentando las protecciones para los inquilinos vulnerables en medio de los crecientes temores de que una oleada de desalojos podría estar amenazando en todo el estado.
Por voto unánime, los legisladores del condado aprobaron una ordenanza de emergencia que prohíbe negarse a rentarle a alguien basándose en la fuente de ingresos “legal y verificable” de la persona o en la asistencia para la vivienda, o en un desalojo anterior relacionado con una pandemia que haya ocurrido porque perdió un trabajo o vio cómo sus ingresos se vieron afectados.
El condado se une a más de 80 ciudades y condados de otros 17 estados que han adoptado una política similar, pero sus razones son hiperlocales: No quiere que los inquilinos con dificultades que participan en un programa de asistencia para el alquiler de condados de 30 millones de dólares se enfrenten a obstáculos de vivienda y también está tratando de establecer protecciones para otros antes de que expire la congelación de los desalojos en todo el estado el 1º de septiembre.
“Si permitimos la discriminación contra aquellos con asistencia de vivienda del condado u otros vales de elección de vivienda, a las personas que ya se encuentran en circunstancias extremas se les negará la oportunidad de encontrar una vivienda estable o pueden terminar sin hogar”, subrayó el comisionado Justin Jones, quien presentó la ordenanza.
No se han resuelto todas las preocupaciones
El proyecto de ley fue acogido con beneplácito por algunas asociaciones comerciales, que Jones había estado discutiendo, aunque los grupos dijeron que entendían la intención de la ordenanza y la situación a partir de la cual evolucionó.
“Reconocemos la gravedad de la pandemia de COVID-19 y es un estrés no sólo para los inquilinos sino también para los propietarios”, señaló Joe Locatelli, un cabildero de Las Vegas Realtors.
Locatelli había buscado una garantía de que el proyecto de ley se pondría en marcha cuando la declaración de emergencia del gobernador Steve Sisolak terminara, una exención para las casas unifamiliares y la eliminación de las sanciones para los administradores de propiedades ya que creía que la responsabilidad debía recaer en los propietarios.
Entre la introducción de la ordenanza el mes pasado y su adopción el martes, el condado añadió una exención para los propietarios de viviendas unifamiliares (que incluye a Jones) pero no removió a los administradores de viviendas de su lista de personas que se podría determinar que violan la política.
La ordenanza, que entró en vigor de inmediato, está programada para expirar el 31 de diciembre, pero ese plazo podría ser modificado por los legisladores del condado.
Hasta 142 mil hogares de Nevada podrían tener dificultades para pagar su renta en septiembre, según un informe del mes pasado del Guinn Center, un centro de investigación y análisis de políticas sin fines de lucro y bipartidista.
Los sombríos hallazgos equivalen a 327 mil inquilinos, o más del 25 por ciento de la población que alquila en el estado, según el informe. Los individuos de bajos ingresos, la gente de color y los inquilinos indocumentados están particularmente en riesgo.
Con el comienzo de las clases virtuales a la vuelta de la esquina y la expiración de la moratoria de desalojo acercándose, “es el modo de pánico para muchos”, según la presidenta de la Comisión, Marilyn Kirkpatrick.
Kirkpatrick también se preguntó en voz alta si algún dinero federal extra de los programas de asistencia a empresas del condado podría ser inyectado a los propietarios que luchan por pagar las hipotecas, y el comisionado Lawrence Weekly señaló que rutinariamente recibe llamadas de tales propietarios que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y que tampoco desean poner a nadie en la calle.
“Esta ordenanza no requiere que la gente alquile a personas que no pueden pagar su alquiler. Es para aquellos que vienen con un vale, u otra fuente de ingresos, y son capaces de pagar”, señaló Jones. “Por lo tanto, debería ser un beneficio para los propietarios tener la seguridad de que se les pagará”.
