Seth Morrison intentó ser realista cuando vio un mensaje en su bandeja de entrada del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) a principios de abril. Más de dos meses antes, el jubilado de 68 años había escrito al departamento una solicitud conforme a la Ley de Registros Públicos de Nevada, buscando correos electrónicos sobre la capacitación de la policía internacional.

Morrison se mudó a Las Vegas desde el noreste hace tres años para pasar sus años dorados en el clima cálido y soleado de la ciudad. Con una mentalidad cívica, se involucró en su nueva comunidad, se ofreció como voluntario en campañas políticas y se unió a grupos locales de libertades civiles. Su interés en la policía comunitaria lo llevó a solicitar registros de la Policía Metropolitana.

Desde que envió su solicitud el 30 de enero, no había recibido ningún documento de la agencia de policía, solo un par de cartas que le informaban que aún estaban buscando. Entonces, con las expectativas gestionadas, leyó el último correo electrónico para ver si el departamento finalmente tenía respuestas para él.

Este mensaje era similar a los otros, con una diferencia importante: La Policía Metropolitana ahora quería un depósito de 160 dólares para buscar los registros. El depósito, independientemente de si la agencia localizó documentos de respuesta o no, no fue reembolsable, declaró la agencia. Además, LVMPD dijo que si los empleados del departamento localizaban algún documento, podría haber más tarifas. En ese momento, la carta de respuesta no incluía un tiempo estimado para la finalización de las solicitudes.

“Es tan frustrante que no haya podido obtener los registros a los que tengo derecho, y tengo que pasar por todos estos problemas burocráticos”, criticó Morrison. “Tener acceso a los registros públicos tiene que ver con la participación de las bases, sobre un ciudadano normal que desea participar en el gobierno y entenderlo, y luego ponen estos obstáculos”.

Aunque la Ley de Registros Públicos de Nevada requiere que las agencias gubernamentales pongan a disposición la mayoría de los registros públicos para su inspección, la experiencia de Morrison no es extraordinaria. Los documentos del gobierno y el personal que debe responder a las solicitudes se pagan con dólares de los contribuyentes. Sin embargo, los ciudadanos como Morrison pueden verse afectados por altas tarifas y retrasos al solicitar los registros. Los defensores de los registros públicos y los expertos legales dicen que muchas agencias violan la ley al negar las solicitudes, exigir tarifas ilegales, demorar o simplemente no responder en absoluto.

Ahora, un proyecto de ley ante la Legislatura de Nevada, destinado a abordar las deficiencias de la ley, se encuentra estancado en Carson City, aún en espera de una votación de comité con solo cuatro días para la sesión de 2019. El Proyecto de Ley Senatorial 287 apunta a aumentar la cooperación entre los empleados del gobierno y aquellos que solicitan registros. Se crearía más responsabilidad para las agencias públicas que retrasan o demoran la finalización de las solicitudes de registros públicos al evaluar las multas por incumplimiento.

“Al final del día, las agencias (gubernamentales) queremos que comprendan que existen en virtud de la gente”, explicó Tod Story, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de Nevada. La organización es parte de la coalición del Derecho a Saber Nevada, que respalda el proyecto de ley. El grupo incluye a los defensores de los derechos civiles y del buen gobierno, las organizaciones de los medios de comunicación y los funcionarios electos. “Y para que existan (las agencias) deben estar informadas sobre la información que recopilan sobre nosotros y estar dispuestas a compartirla con nosotros cuando la necesitemos”.

“Procesando todavía”

La Ley de Registros Públicos de Nevada requiere que una agencia responda a una solicitud dentro de los cinco días, ya sea proporcionando los registros, brindando una fecha futura cuando los registros estarán disponibles, explicando que otra entidad gubernamental tiene los registros o declarando que la solicitud será denegada en su totalidad o en parte si se deniega una solicitud o parte de ella, las agencias deben especificar la justificación legal para hacerlo.

El miércoles, el portavoz de LVMPD, Aden Ocampo-Gómez, le informó al Review-Journal que el departamento tiene un plazo de finalización estimado para el 28 de julio para la solicitud de Morrison.

Si para entonces se procesa la solicitud de Morrison, el departamento tardará casi seis meses en realizarla. El departamento no incluyó un tiempo estimado para su finalización en su carta de acuse de recibo inicial a Morrison el 1 de febrero, o en ninguna comunicación posterior, según Morrison.

Ocampo-Gómez, quien procesó la solicitud de Morrison, dijo que fue un descuido de su parte no incluir el marco de tiempo estándar de 30 días del departamento para compilar cualquier registro potencial en su carta de acuse de recibo. De lo contrario, sentía que el departamento cumplía con la ley.

“Porque lo reconocimos en los primeros cinco días y todavía lo estamos procesando y trabajando en ello”, actualizó.

Ocampo-Gómez mencionó que el largo proceso fue el resultado de la amplia solicitud de Morrison y que el pago era necesario para que los tecnólogos de la información del departamento inviertan mano de obra en la búsqueda de registros. Agregó que las tarifas adicionales podrían incluir posibles redacciones de documentos por parte del departamento legal.

Inconsistencias

Bajo la SB287, Morrison no habría tenido que pagarle a LVMPD para buscar registros. Si Morrison tenía que acudir a los tribunales para obtener los registros, un juez podría multar al gobierno todos los días si bloqueaba indebidamente el acceso del público a los documentos. El tribunal también podría imponer sanciones civiles adicionales contra el gobierno.

Una gran motivación para enmendar las leyes de registros públicos de Nevada se debió a una falta de coherencia en la forma en que las agencias gubernamentales responden a las solicitudes, señaló Story.

“La ley (actual) es demasiado liberal para definir qué deben hacer las agencias para ser exactamente responsables, y por eso tenemos la SB287, para tener más responsabilidad”, aseveró Story.

Señaló que la ACLU de Nevada envió la misma solicitud de registros a 17 distritos escolares de Nevada en 2013. Todas las respuestas variaron en el tiempo de respuesta, cumplimiento, cómo se produjeron los registros y su costo.

Requerir “cierta coherencia en toda la ley de registros públicos nos ayudará a avanzar para ser un estado receptivo en lo que respecta a la transparencia del gobierno y comprender cómo operan los gobiernos en este estado”, detalló Story.

El proyecto de ley ha enfrentado una firme oposición de más de una docena de agencias gubernamentales que consideran que las enmiendas son gravosas y potencialmente punitivas. LVMPD presentó una carta de 12 páginas en la que se oponía al proyecto de ley, afirmando que “carga al contribuyente al imponer multas e inmunizando a los medios para que nunca tengan que considerar los costos de producir registros voluminosos”.

En una audiencia de ley el miércoles, el senador David Parks, demócrata por Las Vegas, el principal patrocinador, le expuso al Comité de Finanzas del Senado que él y otros senadores seguían reuniéndose con agencias gubernamentales cautelosas para encontrar un acuerdo sobre los asuntos pendientes. Los organismos públicos dicen que temen que las reformas en el proyecto de ley signifiquen más trabajo para ellos a un mayor costo y que potencialmente los expongan a multas excesivas incluso por incumplimiento no intencional.

“Nos hemos reunido varias veces, y creo que estamos muy unidos. Solo tenemos que darle los toques finales”, aclaró el senador Ben Kieckhefer, republicano por Reno, quien está trabajando con Parks y los gobiernos locales en un proyecto de ley enmendado, después de la audiencia del miércoles.

Una lista de tres nombres

Otros nevadenses han experimentado obstáculos y retrasos al solicitar registros públicos en el estado.

Este año, en el Condado de Nye, la abogada Arlette Newvine esperó más de 70 días para obtener copias de permisos de animales exóticos.

Ella no recibió los registros hasta que presentó una demanda este mes exigiendo que la oficina del alguacil completara su solicitud. Newvine aseguró que debió haber contado con los registros, una lista que solo contenía tres nombres, dentro de los cinco días hábiles en que la ley estatal existente proporciona una respuesta.

“Ellos respondieron con tres personas con permisos. ¿Cómo podría tomar dos meses y medio encontrarlas en sus registros?”, preguntó. “Estas agencias están seleccionando y eligiendo con qué registros desean cumplir y qué tan rápido quieren cumplirlos”.

La Oficina del Alguacil del Condado de Nye no respondió a la solicitud de comentarios del Review-Journal.

Newvine indicó que ahora se está preparando para exigir dos mil 800 dólares en honorarios de abogados de la oficina del alguacil porque tenía que presentar una demanda para acceder a los registros.

A diferencia de muchos otros estados, no existe un recurso administrativo en la ley de Nevada para los registros de solicitudes de denegación por parte de entidades gubernamentales. La única opción de un solicitante después de una denegación es presentar una demanda contra la agencia gubernamental para obtener un tribunal que ordene la divulgación de los registros. Si un solicitante prevalece, un tribunal también puede ordenar que la agencia pague los honorarios del abogado del solicitante, pero no hay garantía de reembolso completo.

Entre fines de 2016 y principios de 2019, las agencias gubernamentales de Nevada pagaron a abogados externos más de 450 mil dólares para evitar la divulgación de los registros públicos solicitados en ocho juicios, según los registros públicos. Desde el año pasado, las agencias han pagado, o han sido ordenadas por la corte a pagar, por lo menos 311 mil dólares en honorarios de abogados a los solicitantes que han prevalecido en la corte, de acuerdo con los documentos de la corte.

“Han gastado todo este dinero para luchar contra el acceso”, condenó la abogada de la Primera Enmienda de Las Vegas y defensora de la SB287, Maggie McLetchie. Ella ha representado al Review-Journal y otros medios de comunicación en juicios que buscaron la publicación de registros públicos. “Esta ley podría incentivar el cumplimiento y hacer que eviten tarifas y costos innecesarios para litigar en los tribunales”.

Pero los opositores del proyecto de ley han condenado las penas y multas que los jueces podrían imponer a los gobiernos que ilegalmente retienen los registros. Durante el testimonio de abril sobre el proyecto de ley, los funcionarios del gobierno y los cabilderos teorizaron sobre un diluvio de demandas de ciudadanos que se engañaban.

“Demandar al gobierno siempre es una batalla cuesta arriba, y pensar que será fácil ir a los tribunales y obtener todos estos honorarios y multas … eso desafía la realidad”, explicó McLetchie, quien, junto con el Review-Journal, es un miembro de la coalición Derecho a Saber Nevada.

Sanciones severas en otros estados

Otros estados tienen penas severas para agencias e individuos que violan las leyes de registros públicos. Al menos nueve estados, incluidos Arkansas, Idaho y West Virginia, permiten que los tribunales impongan multas a funcionarios individuales que violen a sabiendas o intencionalmente la ley de registros públicos.

En algunos estados, violar las leyes de registros públicos es un delito. En febrero, un secretario de prensa del ex alcalde de Atlanta fue acusado penalmente de violar la Ley de Registros Abiertos de Georgia. Se le acusa de haber ordenado a otro empleado de la ciudad retrasar la entrega de registros públicos que contenían información perjudicial sobre los funcionarios de la ciudad. El año pasado, el ex secretario de prensa del alcalde de Houston fue acusado formalmente por un gran jurado, por retener ilegalmente los registros públicos.

“Lo que propone este proyecto de ley es en realidad una de las sanciones más amigables en el país”, determinó Story, y agregó que la ley actual de Nevada no tiene incentivos para que las agencias gubernamentales cumplan con la ley. “Lo que estamos tratando de hacer aquí es establecer cierta responsabilidad, que ya existe en las leyes de reuniones abiertas de Nevada, y estamos modelando a partir de eso”.

Según el proyecto de ley, los gobiernos aún podrían cobrar a los solicitantes por el costo del papel, tinta, franqueo y otros materiales utilizados para crear copias de los registros. Pero a los gobiernos se les requeriría proporcionar copias electrónicas de los registros que se almacenan electrónicamente sin costo alguno.

La ley actual establece que las agencias gubernamentales pueden cobrar tarifas no más que “el costo real para la entidad gubernamental para proporcionar la copia” y un adicional de 50 centavos por página de registros para solicitudes que requieren un uso extraordinario del personal o los recursos de la agencia.

La SB287 prohibiría explícitamente que las agencias gubernamentales cobren por el tiempo del personal para investigar y revisar documentos, como en la solicitud de Morrison.

“Tenemos que hacerlo aún más claro porque las entidades públicas están desobedeciendo la ley tal como está escrita”, argumentó McLetchie.

La disposición podría ahorrarle a los solicitantes dólares sustanciales y hacer que los negocios del gobierno sean más accesibles para los contribuyentes. Una encuesta realizada por el Review-Journal de 2017 a los gobiernos del sur de Nevada encontró que algunas agencias cobraban hasta un dólar por página por las copias físicas de los registros, a pesar del cargo máximo por página de 50 centavos que figura en la ley. Algunos cobrados por la página por las copias electrónicas también, aunque la ley no establece un cargo por página por las copias electrónicas.

Otros departamentos de policía

Morrison decidió arriesgarse en su solicitud de registros y pagar el depósito solicitado por LVMPD. Conseguir los registros fue importante para él. En su correo electrónico del 4 de abril, el departamento informó a Morrison que el pago debe hacerse en forma de cheque de caja o giro postal, pero la carta no le indicó a Morrison cómo hacerlo. El mismo día, Morrison respondió, preguntando a dónde debía enviar el depósito.

Aproximadamente un mes después, el 15 de mayo, Morrison anunció que no había recibido respuesta del departamento. Así que fue a la oficina central de LVMPD para entregar personalmente su giro postal de 160 dólares y esperó aproximadamente una hora antes de que alguien cobrara su pago.

Ocampo-Gómez señaló que asumió la responsabilidad de olvidar aclarar cómo se debe hacer el pago en su correo electrónico del 4 de abril.

Cuando Morrison envió su correo electrónico de enero, también envió la misma solicitud de registros públicos al Departamento de Policía de Henderson y al Departamento de Policía de North Las Vegas.

Cada una de esas agencias respondió a la solicitud de Morrison en un plazo de cinco días, según lo exige la ley, dándole un tiempo de respuesta estimado en el que la agencia produciría los documentos. Las agencias de policía de Henderson y North Las Vegas también le dieron actualizaciones sobre cualquier demora en la compilación de los documentos y las razones por las que les tomaría más tiempo juntarlos.

Para abril, añadió Morrison, ambas agencias le habían proporcionado los documentos que solicitó. El Departamento de Policía de Henderson le proporcionó los registros sin cobros.

“Me sentí respetado como contribuyente y cliente por esos departamentos”, confesó. “No me sentí así con la policía de Las Vegas”.

LVMPD envió su primera respuesta a Morrison dentro de los cinco días de su solicitud, pero no dio un plazo para completarla. Ocampo-Gómez dice que este fue otro descuido que realizó, y que los procedimientos del departamento son enviar una carta de reconocimiento inicial con un tiempo de respuesta de 30 días. LVMPD envió una carta de extensión en marzo, pero no dio una fecha estimada para la respuesta.

Ocampo-Gómez manifestó que entiende que el largo proceso puede ser frustrante, pero que la prioridad de la policía es la vigilancia.

“No somos un centro de investigación, somos un departamento de policía, y la función policial es nuestra función principal”, explicó. “No podemos simplemente dejar todo para llenar estas solicitudes”.

‘Es una pena’

En una entrevista de abril con el Review-Journal, el gobernador Steve Sisolak declaró que siempre ha apoyado el derecho del público a acceder a los registros del gobierno.

“Siempre fui un gran defensor de los registros públicos cuando estaba en la Comisión del Condado de Clark”, enunció. “Francamente, nunca entendí por qué tardé tanto en producir algunas de estas cosas. Es una pena, es desafortunado”.

Si bien el destino de SB287 sigue siendo incierto, muchos ciudadanos han dejado comentarios en el sitio web de la Legislatura, con una mayoría que apoya la aprobación del proyecto de ley.

Cuando Morrison se enteró de la SB287, se acercó a sus legisladores y los instó a apoyar el pasaje del proyecto de ley. Él cree que mejorar las leyes de registros públicos les brinda a los ciudadanos una mejor oportunidad de ser participantes informados en el gobierno local.

“Como nuevo residente de Nevada, me sorprendió y decepcionó la lentitud y la burocracia de este proceso y la incoherencia entre los departamentos”, denunció. “Este proyecto de ley es muy importante”.

La SB287 requeriría que las agencias gubernamentales “hagan un esfuerzo razonable” para ayudar a los ciudadanos a escribir solicitudes de registros que produzcan documentos con la información que buscan lo más rápido posible.

Es una estrategia que el Distrito de Salud del Sur de Nevada ya practica voluntariamente. Cuando la agencia rechaza una solicitud, también da consejos al solicitante sobre cómo reescribir una consulta para obtener mejores resultados.

“No estamos tratando de negar a las personas el acceso a nuestros registros”, apuntó Heather Anderson-Fintak, la abogada que supervisa el programa de solicitud de registros públicos de la agencia. “Solo necesitamos saber realmente a qué intentas acceder”.

Paulette Flamond, una visitante de Las Vegas que dijo que ella y su esposo fueron mordidos cientos de veces por chinches durante su estadía en un centro turístico local en febrero, tuvieron que volver a escribir su solicitud de registros de informes de infestación dos veces antes de que el distrito de salud lo aceptara.

Pero las negaciones se produjeron el mismo día en que Flamond escribió sus solicitudes y con sugerencias sobre cómo mejorar la investigación. El distrito de salud envió por correo discos compactos de 10 años de registros a la casa de Flamond en British Columbia por 60 dólares en marzo.

“Creo que en general mi experiencia fue positiva. “De una escala del uno al 10, les daría alrededor de un seis”, afirmó Flamond. “Estuvieron en comunicación conmigo, no me dejaron colgando de una extremidad”.

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