Puerto Rico: gobernador aprueba referendo sobre estadidad
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Los puertorriqueños tendrán una nueva oportunidad de votar a favor o en contra de que la isla se convierta en estado de Estados Unidos después de que el gobernador aprobó el viernes 3 la realización de un referendo no vinculante para determinarlo.
El plebiscito se efectuará el 11 de junio e incluirá dos opciones: una es la obtención de la condición de estado, y la otra la independencia/libre asociación. Si la mayoría elige la última opción, se llevará a cabo un segundo referendo en octubre para que los electores opten por alguna de las dos alternativas.
“El colonialismo no es una opción para Puerto Rico”, declaró el gobernador Ricardo Roselló. “Es una cuestión de derechos civiles. Llegará el momento en que Estados Unidos tendrá que responder al reclamo de 3,5 millones de ciudadanos para obtener una democracia absoluta”.
Quienes apoyan la estadidad consideran que ésta ayudaría a Puerto Rico a superar su grave crisis económica de una década en momentos en que este territorio estadounidense pasa serios apuros para reestructurar una deuda pública de casi 70.0000 millones de dólares y afronta las exigencias de una junta federal de control de que adopte más medidas de austeridad.
Si el Congreso de Estados Unidos aprueba que Puerto Rico se convierta en el 51er estado del país, la isla podría recibir recursos adicionales por 10.000 millones de dólares al año y las agencias del gobierno y los municipios puertorriqueños podrían declararse en bancarrota, algo que las leyes locales y federales prohíben en la actualidad.
Los simpatizantes de la estadidad afirman que esta condición también le daría mayor igualdad política a la isla: en la actualidad los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses a los que no se les permite votar en los comicios presidenciales, y el representante de la isla en el Congreso tiene poderes de voto limitados.
Puerto Rico también paga impuestos del Seguro Social y del programa Medicare de servicios médicos para los ancianos, pero recibe menos prestaciones que los estados de Estados Unidos.
Aproximadamente medio millón de personas han emigrado en la última década desde Puerto Rico hacia el territorio continental de Estados Unidos, lo que ha reducido la base impositiva en la isla, que atraviesa por problemas para encontrar nuevas fuentes de ingresos fiscales a pesar del incremento a los impuestos y a los cobros por los servicios públicos.
Puerto Rico ya ha efectuado cuatro referendos que no pasaron a más en el Congreso de Estados Unidos, sobre el que recae la decisión final de cualquier cambio en el estatus político de la isla.
Los tres primeros referendos no tuvieron una mayoría clara. En el último, efectuado en 2012, el 54% de los electores dijo desear un cambio en la condición política de Puerto Rico. Un total de 61% que respondió una segunda pregunta dijo que favorecía la estadidad, pero casi 500.000 dejaron el espacio en blanco, por lo que muchos consideraron que el resultado era ilegítimo.
Están aumentando las preocupaciones por la forma en que está redactada la quinta consulta.
“No deja espacio para otras opciones, que me parece corresponderían a una fuerte porción del electorado”, dijo Edwin Melendez, director del Centro para Estudios de Puerto Rico en el Hunter College de Nueva York.
“En este momento no es evidente que una mayoría clara esté a favor de la estadidad… Si se repite un resultado parecido al de 2012, no tendrá la legitimidad para avanzar”, agregó.
Además del referendo, los legisladores puertorriqueños tienen previsto someter a votación una iniciativa que permitiría a Roselló elaborar una constitución estatal y efectuar comicios en los que se elegiría a dos senadores y cinco representantes al Congreso y se les enviaría a Washington para que exijan la estadidad, una estrategia a la que Tennessee recurrió para integrarse a la unión en el siglo XVIII.
El presidente Donald Trump no dijo durante su campaña si apoya que la isla se convierta en estado y sólo menciono que el Congreso “debe tomar en cuenta” la voluntad de los puertorriqueños.
“A fin de cuentas, no importa cómo vote el electorado en Puerto Rico”, señaló Melendez. “El resultado necesitará la aprobación del Congreso”.
