Renuncia de procurador de EE.UU. afectaría pesquisa sobre injerencia rusa
La renuncia forzada del procurador general estadunidense Jeff Sessions podría descarrilar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump, alertó la organización Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).
En un comunicado emitido este miércoles, el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, indicó que aunque el despido de un procurador general es una prerrogativa del presidente, la decisión no debería tomarse con base en motivaciones políticas.
“El despido del principal funcionario en hacer cumplir la ley de la nación es un gran paso, que no debe basarse en motivos políticos, y ciertamente no se debe hacer para proteger al presidente o a sus amigos de la ley”, afirmó el directivo de la organización sin fines de lucro.
Romero aseguró que ACLU supervisará de cerca el futuro de la investigación del fiscal especial Mueller y el impacto que pueda tener en las pesquisas el nombramiento de un nuevo procurador general.
“El Senado debe exigir que cualquier nominado para procurador general se comprometa a no interferir en la investigación del abogado especial, y a mantener a Robert Mueller operando bajo la regulación de la fiscalía especial”, consideró Romero.
Horas antes, Sessions anunció que había entregado su renuncia a petición de Trump, un duro crítico de Sessions desde queel procurador se excusó de la investigación sobre la posible colusión rusa con la campaña presidencial de Trump, para evitar conflictos de interés.
El funcionario que ocupará al menos de manera interina el cargo de Sessions es quien fuera su jefe de gabinete, Matthew Whitaker, quien declaró el año pasado al canal CNN que vislumbraba un escenario en el que se bloquearía la investigación de Mueller.
“Puedo ver un escenario en el que se reemplaza a Jeff Sessions, se nombra a un reemplazo durante el receso del Senado y ese procurador general no despide a Bob Mueller, pero reduce su presupuesto a un nivel tan bajo que sus investigaciones quedan estancadas”, explicó Whitaker.
El despido de Sessions fue anunciado además un día después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata retomó el control de la Cámara de Representantes, lo que le permitirá iniciar investigaciones en torno a supuestas acciones ilegales de Trump.
Asimismo, la Cámara de Representantes podría iniciar un proceso de destitución del mandatario, especialmente si cuenta con elementos que documenten la culpabilidad de Trump en torno a la posible colusión con Rusia, de acuerdo con el informe que entregará eventualmente Mueller.
Pese a mostrar su alarma por lo que podría suceder tras el despido de Sessions, el directivo de ACLU fustigó al desde ahora exfuncionario, a quien calificó como “el peor procurador general de la historia moderna de Estados Unidos”.
Según Romero, Sessions violó de manera reiterada los derechos civiles y las libertades civiles, desde su plan para deportar a los “dreamers” (migrantes sin documentos traídos en su niñez a Estados Unidos) hasta discriminar a las personas transexuales y ampliar la aplicación de leyes racistas en materia de drogas.
“Sessions permitió que el Departamento de Justicia funcionara como el brazo político de la administración de Trump para deshacer los derechos fundamentales que nos protegen a cada uno de nosotros, sin tener en cuenta los años de precedentes legales y la ley”, aseveró Romero.
Por su parte, Nicole Austin-Hillery, directora en Estados Unidos del organismo civil Human Rights Watch, consideró que Sessions ha sido un enemigo de los derechos humanos, tanto en materia de justicia penal como en políticas de inmigración.
“Sin embargo, la decisión del presidente Trump de solicitar la renuncia de Sessions plantea serias preocupaciones sobre el compromiso del presidente con el estado de derecho en Estados Unidos”, alertó Austin-Hillery.
