Retrasos y redacciones rodean la liberación de registros del tiroteo de Las Vegas

Tras el tiroteo del 1 de octubre de 2017, el Las Vegas Review-Journal solicitó todos y cada uno de los registros policiales de la masacre.

Pero tomó una lucha legal de un mes y una orden de la Corte Suprema de Nevada para que el Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) comenzara a liberarlos.

“La transparencia sobre las respuestas de las autoridades a las tragedias masivas es vital y sirve al bien público”, declaró la abogada del Review-Journal, Maggie McLetchie. “En lugar de cooperar con las solicitudes, LVMPD retrasó el acceso a los registros. “La falta de acceso a la información causó confusión y alimentó teorías de conspiración”.

El Review-Journal estará destacando la lucha por los registros del tiroteo durante “Sunshine Week”, un análisis anual del derecho del público a acceder a los documentos y datos del gobierno. El periódico publicó el lunes otra historia que describe la lucha continua de la policía para retener los registros de tráfico sexual y prostitución.

Incluso cuando los jueces locales determinaron que el departamento debió entregar los registros de despacho, las imágenes de videos corporales, las llamadas al 911, los informes de los oficiales y las declaraciones voluntarias relacionadas con el tiroteo, los abogados de LVMPD se involucraron en “tácticas de demora de litigios”, explicó McLetchie, “lo cual solo empeoró todo”.

En abril, la jueza de distrito, Stefany Miley acusó a la policía de Las Vegas de “estar jugando”.

“Han pasado meses desde que ocurrió el tiroteo y sigue siendo el mismo retraso, retraso, retraso”, criticó Miley. “Si una técnica no funciona, entonces cambias a otra. Eso es muy preocupante para la corte”.

El ataque de 2017 ocurrió en el último día del festival Route 91 Harvest. Un hombre armado abrió fuego desde su suite en el Mandalay Bay al otro lado de la calle, matando a 58 fans de la música country e hiriendo a más de 800. Ahora es considerado como el peor tiroteo en masa en la historia moderna de Estados Unidos.

Esa noche, más de 500 policías de Las Vegas descendieron a la escena. Algunos despejaron los terrenos del festival, otros despejaron las habitaciones del hotel en Mandalay Bay.

Casi todas las agencias de emergencia en el condado respondieron para ayudar, incluidas ambulancias privadas. Incluso la policía de parques salió a ayudar, manteniendo bajo control al menos un punto del perímetro. Trece hospitales locales recibieron pacientes.

La movilización masiva de los servicios de emergencia era diferente a todo lo que el valle de Las Vegas había visto. El Review-Journal solicitó los registros para examinar, seis meses después, el periódico comenzó a recibirlos pero la lucha legal continúa.

“El Review-Journal y otras entidades de medios ganaron una dura batalla por el acceso a los informes, pero LVMPD aún se niega a proporcionar información que refleje si ha cumplido con las órdenes de la corte”, detalló McLetchie. “No está claro qué se ha producido y qué no, y hay preguntas serias sobre las redacciones excesivas y la información que posiblemente falte”.

LVMPD declinó hacer comentarios.

“Parece un juego”

La lucha por los récords del tiroteo en Las Vegas llegó a su punto crítico hace aproximadamente un año, cuando el juez de distrito, Richard Scotti, dictaminó por primera vez que la policía estaba obligada a comenzar a exponer los récords de forma continua.

También dictaminó que el departamento no podía cobrar a los periodistas cientos de miles de dólares por la producción de esos registros.

En lugar de cumplir, el departamento solicitó que una nueva jueza reconsiderara el caso, así que fue transferido a la sala de audiencias de Miley.

Pero alrededor de un mes más tarde, cuando fue el turno de Miley, los abogados de LVMPD pidieron que se retirara su moción para reconsiderar y, en cambio, avanzar con una apelación ante el Tribunal Supremo.

“Todo lo que han hecho es prolongar el proceso aún más de lo que debió haber sido y eso es lo más preocupante”, dijo Miley en ese momento. “Parece un juego”.

La abogada de LVMPD, Jackie Nichols, respondió: “Y respeto su honor, pero no estoy de acuerdo”.

Aproximadamente dos semanas después, la Corte Suprema de Nevada ordenó al departamento comenzar a liberar los registros. Pero no sin la protesta del alguacil del Condado de Clark, Joe Lombardo, quien en una conferencia de prensa declaró que los registros permitían “traumatizar aún más a una comunidad herida”.

“Siempre hemos tratado de proteger a las víctimas y sus familias de este incidente”, señaló Lombardo. “Seguramente ocurrirá una mayor victimización y es algo que queríamos evitar”.

‘No es de gran ciencia’

La mayoría de los documentos fueron proporcionados dentro de aproximadamente dos meses, pero la filmación de las cámaras corporales tardaron nueve meses en publicarse mientras la policía trabajaba para revisar y redactar los videos.

Adam Marshall, abogado del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, recalcó que ha habido una desconexión a nivel nacional entre la promesa y la práctica de la tecnología de cámara corporal.

“Las cámaras corporales se promocionaron y se vendieron al público como una herramienta de transparencia que proporcionaría información necesaria en casos en disputa y quizás narraciones unilaterales”, mencionó Marshall.

Sin embargo, las legislaturas de todo el país están promulgando leyes que limitan o eliminan completamente el acceso a las imágenes, expresó.

Apenas la semana pasada, la policía de Las Vegas no permitió que un reportero del Review-Journal acompañara a la familia mientras observaban las imágenes de la cámara corporal de un familiar que estaba bajo custodia policial. La medida fue contraria a los deseos de la familia y en violación de la Ley de Registros Públicos de Nevada.

“Las cámaras corporales no están ahí para ser solo otra herramienta de recolección de evidencia”, dijo Marshall. “Existen para el beneficio del público”.

En torno a cuánto tiempo le tomó a la policía de Las Vegas redactar los videos del 1 de octubre, Marshall explicó que hay una “increíble variedad” de herramientas que pueden ayudar en la redacción, incluida la automatizada.

“Es completamente posible redactar un video y hacerlo de manera oportuna”, continuó. “No es de gran ciencia”.

En enero, LVMPD anunció que había terminado de liberar todos los registros del tiroteo masivo, pero no proporcionó documentación que lo probara. El Review-Journal continúa buscando esa documentación a través de un caso pendiente de la Corte Suprema.

Aproximadamente un mes después, la Fundación del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas organizó una gala que en parte honró la “Unidad de Redacción del 1 de octubre” del departamento, que “durante nueve meses revisó y redactó miles de páginas de documentos, así como examinó cientos de horas de las imágenes tomadas de la cámara desde la tragedia”, según un comunicado de prensa.

El editor ejecutivo del Review-Journal, Glenn Cook, respondió al evento con preocupación.

“Es preocupante que una unidad dedicada a limitar el acceso a la información pública sea rechazada por el encubrimiento de registros públicos, a veces sin una base legal para hacerlo”, destacó Cook.

Señaló que la policía ha sido durante mucho tiempo hostil a la divulgación pública.

“La transparencia crea confianza en la vigilancia policial”, añadió Cook. “El secreto hace lo contrario”.

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