Se prolonga batalla por la acción ejecutiva

Los 26 estados que demandaron la acción ejecutiva migratoria que el Presidente Barack Obama anunció en noviembre del año pasado respondieron el lunes a una moción del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) gestionada el sábado.

El gobierno trata de impedir que se otorgue autorización para verificar qué procesos y documentos se utilizaron para aprobar, después del 20 de noviembre de 2014, poco más de 108 mil permisos de trabajo por tres años a dreamers que renovaron la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) vigente desde el 15 de agosto de 2012.

El jueves de la semana pasada el juez federal Andrew S. Hanen, quien preside la Corte Federal del Quinto Circuito en Brownsville, Texas, otorgó un plazo de 48 horas al DOJ para que redacte y presente una moción que impida a los estados revisar esos documentos.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) otorgó 108,081 tarjetas de empleo a dreamers después que Obama anunciara la acción ejecutiva sin que la medida estuviera en vigor, autorizaciones que debieron ser emitidas con una duración de dos años.

El gobierno ha insistido en que la apelación de los Estados carece de legitimidad y no pueden demostrar ningún daño cognoscible que pueda ser causado por el beneficio.

Añaden que la medida, que ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados, incluye dar prioridad ejecutiva a la expulsión de extranjeros que han cruzado recientemente la frontera y quienes figuran en la lista de prioridades de remoción (entre ellos individuos que han cometido crímenes, amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional).

A principios de marzo el director de la USCIS, León Rodríguez, explicó que la agencia sólo había emitido permisos de trabajo por tres años a beneficiarios del DACA de 2012, y que desde el fallo del juez Hanen el 16 de febrero su agencia sólo estaba otorgando permisos por dos años bajo las guías del programa original.

El gobierno también dijo a la Corte que emitiría nuevas autorizaciones de empleo a los 108,089 dreamers que recibieron permisos por tres años.

El freno

El 16 de febrero Hanen dictó una medida cautelar frenando la entrada en vigor de la acción diferida, que ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010. También protege a dreamers amparados por el DACA de 2012.

Ambos grupos, además, recibirán un permiso de trabajo por tres años.

Pero el gobierno se anticipó y, previendo que el beneficio iba a entrar en vigor el 18 de febrero, 48 horas después del fallo de Hanen, adelantó las autorizaciones de empleo a los dreamers que estaban renovando el beneficio del DACA otorgado en 2012 y que tiene una duración de dos años.

El 23 de febrero el DOJ presentó un recurso de emergencia para pedirle a Hanen que levante el fallo cautelar y permita que la acción ejecutiva entre en vigor mientras ventila la demanda entablada el 3 de diciembre.

Hanen se ha tomado tiempo para revisar los argumentos de las partes señalando que se trata de un caso complejo.

Los estados insisten en que no existe una situación de emergencia que constituya el levantamiento de la orden cautelar, y que la puesta en vigor de la acción ejecutiva impactará económicamente en los estados, por ejemplo en la emisión de licencias de conducir.

Insisten en que el freno de las deportaciones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes permanentes se trata de un beneficio ilegal, y que no habrá ninguna diferencia en la comunidad indocumentada si la medida no entra en vigor.

Sin respuestas

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández dijo que “no entiendo cómo un juez de la Corte de Distrito en Brownsville, Texas, está legitimado para imponer acciones en los estados más allá de su jurisdicción”, y señaló que por ahora tanto DAPA como DACA no ha sido declarada inconstitucional.

“¿Cómo puede un juez de una corte de distrito en un estado detener la ejecución de la acción ejecutiva en un estado en el que no tiene absolutamente ninguna competencia sobre todo cuando ese Estado apoya su aplicación y no impugna su constitucionalidad?”, preguntó.

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