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Sistema justicia penal, nuevo pretexto ante repunte de la violencia en México

El aumento de la violencia en México, en máximos históricos, ha hecho que las autoridades se aferren al argumento de que el nuevo sistema penal deja a los criminales en las calles; sin embargo, expertas consultadas por Efe señalan que este es un ardid para no admitir su responsabilidad en el problema.

Hace un año, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, celebraba como un logro decisivo que a nivel nacional hubiese terminado la implantación del nuevo sistema de justicia penal, que se basa en juicios orales, garantiza la presunción de inocencia e intenta frenar el abuso de la prisión preventiva.

El respaldo con el que fue recibido en su momento quedó eclipsado por los señalamientos surgidos después de que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicadas la pasada semana revelaran que mayo, con 2.186 homicidios, fue el mes más violento desde hace dos décadas.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, atribuyó el repunte a que el nuevo sistema no establece prisión preventiva por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que calificó como un “fallo de vida o muerte”.

Por otra parte, el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, declaró que el incremento de la inseguridad en la ciudad -una media de 87 homicidios al mes frente a los 62 de 2014- se explica porque que hay “leyes mucho más laxas” y que el sistema es “hipergarantista”.

“La autoridad está mandando mensajes completamente equivocados y la gente los cree, está tan enojada con el problema de la inseguridad y la violencia que querría que todo el mundo estuviera en la cárcel”, destaca a Efe María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común.

Para la activista, “no hay una vinculación directa” entre el nuevo sistema de justicia y la inseguridad, que se debe a que el Gobierno ha llevado a cabo una “estrategia fallida” y “confió en que la violencia venía a la baja”.

Los “verdaderos delincuentes” no están llegando a prisión, pero eso “no es culpa del sistema, es porque no prepararon bien a los policías, los operadores, los jueces”, asevera.

Para Patricia Lucila González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no ha habido “voluntad política” para invertir los recursos necesarios y ahora “el pretexto es decir que ese sistema no sirve”.

Los estados de Chihuahua y Oaxaca fueron pioneros en la implementación del sistema en 2007, mientras que el resto de estados lo fueron adaptando progresivamente hasta llegar al plazo límite, en julio de 2016.

Esta doctora en derecho se pregunta “qué hicieron” los gobernantes con los “millones y millones de pesos” que se les dio a los estados para este fin.

La falta de preparación de policías, jueces y fiscales evidencian que, en realidad, “las instituciones no han cambiado”, pese a que en teoría se hizo un “buen diseño legislativo”, señala.

De acuerdo con la Constitución, los delitos por los que hay prisión preventiva son homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y aquellos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

En la actualidad, si la prisión preventiva no está funcionando es porque “no se tienen las instituciones adecuadas” para vigilar que las personas que están afrontando su proceso en libertad “están cumpliendo o no con las medidas cautelares que les puso el juez”, como pueden ser no salir de la ciudad o no acercarse a las víctimas, argumenta González.

“Nadie sabe qué pasa con estas personas cuando obtienen su libertad”, apunta, y añade que se le tendría que dar oportunidad a los jueves para que “calificaran el riesgo” de que un individuo enfrente su proceso en libertad.

La cuestión de si se amplía la prisión preventiva al delito de posesión de arma de fuego, como pretende Sales, es un aspecto a discutir, aunque “hay que pensar muy bien si se van a tomar medidas regresivas”, reflexiona Morera.

En primer lugar, no garantiza que esto “cambie los índices de violencia real” ni que “no se vayan a plantar armas” en los casos para que a los acusados se les envíe a prisión.

Además, se seguiría sin resolver el problema de fondo, que es la preparación de los operadores del sistema.

La activista considera que el sistema es garantista, pero “para las dos partes”: “No se puede decir que los delincuentes tienen más derechos (que las víctimas), porque no es verdad”.

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