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Tres semanas como límite para pagar 9,000 demandas de desempleo

Tras meses de sufrimiento en el limbo jurídico, algunos trabajadores autónomos y contratistas independientes podrán recibir un salvavidas para Navidad.

El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés) tiene tres semanas para liberar pagos de la Pandemic Unemployment Assistance (PUA) a más de nueve mil personas a las que el departamento había pagado previamente y que luego congeló, según dictaminó un juez del Condado Washoe el jueves.

El juez Barry Breslow declaró al departamento en desacato por no haber seguido su orden del 22 de julio de que la agencia reanudara el pago de beneficios a esos trabajadores para el 28 de julio “o poco después”. El juez multó al estado con mil dólares el jueves y advirtió de un mayor castigo si el departamento no cumple para el 24 de diciembre con la liberación de nueve mil 481 reclamos que congeló debido a preocupaciones de elegibilidad potencial en otros programas de beneficios.

“Una vez comenzado, los pagos no pueden ser detenidos”, aseveró Breslow, duplicando su mandato.

La multa

Andrew Stettner, miembro de la Fundación Century, mencionó que un fallo de este tipo es una primicia.

“Los trabajadores sin empleo tienen derecho al pago puntual de los beneficios de desempleo y al debido proceso si se plantea una cuestión”, explicó. “No es sólo en Nevada, sino en todo el país, donde los trabajadores están dejando de recibir beneficios. Nunca he escuchado de un juez que haya emitido una multa como esta, pero no hay duda de que es una farsa”.

Dave Cherkis de Las Vegas sigue esperando recibir sus beneficios de desempleo, después de haber presentado su solicitud bajo el programa PUA en mayo. El fotógrafo independiente comentó que el DETR debió haber recibido una multa mayor para asegurar que los solicitantes de la PUA reciban su dinero.

“Es como poner un curita en una fractura compuesta, no funciona”, comparó. “Si van a multarlos, háganlo bien”.

Bradford McEwen, un contratista independiente que congeló los pagos de la PUA después de recibir 21 semanas de compensación, expresó que estaba decepcionado con el fallo.

“Realmente pensé que el fallo sería mucho más severo contra el DETR”, señaló. Todo aquel al que se le detuviera el pago debió haber recibido mil dólares cada uno del DETR en su lugar, dijo.

“Deberían pagarnos por las horas y horas que hemos estado pegados al teléfono. La gente nunca habría tenido que hacer ninguna de esas llamadas a las líneas telefónicas del DETR si sólo hubieran atendido nuestros problemas”, dijo.

Esperando desde mayo

La orden de Breslow era parte de una demanda presentada en mayo en nombre de contratistas independientes y trabajadores autónomos que buscaban el pago inmediato de las reclamaciones pendientes de la PUA. La orden del 22 de julio dicta que el DETR no puede dejar de pagar los reclamos, con algunas excepciones por no cumplir con ciertos puntos de referencia de elegibilidad y sospecha de fraude, hasta que un trabajador haya tenido una audiencia o algún otro medio de protesta.

Al final de la audiencia de ocho horas, en la que se vio el testimonio de tres reclamantes de la PUA (empleados de la División de Seguridad de Empleo y la Directora del DETR, Elisa Cafferata), Breslow elogió a los empleados del estado por su trabajo en circunstancias difíciles. También admitió que su anterior plazo de julio era demasiado corto para que el DETR pudiera identificar y liberar razonablemente las reclamaciones en virtud de su orden.

“Pero han pasado cuatro o cinco meses. Esta gente necesita que se le pague”, añadió.

Cafferata dijo que el departamento estaba haciendo todo lo posible para cumplir con la orden. El DETR luchó por cuadrar la orden de Breslow con la orientación del Departamento de Trabajo alegando que los trabajadores son elegibles para la PUA sólo si primero se determina que no son elegibles para otros programas de beneficios, como el seguro de desempleo tradicional, argumentó el abogado estatal Robert Whitney.

La orientación es clara, y el DETR podría perder fondos federales por no obedecer, explicó uno de los testigos del estado, Brian Bracken, un ex empleado del departamento que regresó temporalmente para ayudar a adjudicar los reclamos.

Indeciso

Breslow sostuvo que ya había considerado la orientación del departamento de trabajo en su orden original, citando la precedencia de la Corte Suprema de Estados Unidos como la base principal de su decisión.

Los abogados demandantes argumentaron que el estado tenía la obligación de seguir la orden y no lo hizo. Si el DETR no estaba de acuerdo con el fallo, debió haber presentado una apelación o pedido una suspensión, comentó Mark Thierman del bufete de abogados Thierman Buck, con sede en Reno.

“No tomaron su orden en serio”, le dijo al juez.

Breslow agregó que estaba “indeciso” pero finalmente se negó a extender la orden a los trabajadores de la PUA cuyas demandas fueron congeladas debido a la preocupación por fraudes.

Programó una audiencia el 31 de diciembre para determinar si el departamento cumplió con el plazo del 24 de diciembre.

A partir del 21 de noviembre, 74 mil 49 nevadenses siguen recibiendo el pago por desempleo a través del programa PUA, y se han presentado 649 mil 615 nuevas reclamaciones desde que el programa se lanzó en mayo.

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