Urge organización a autoridades a combatir tortura sexual en el país
Aunque se estima que centenares de mujeres son víctimas de tortura sexual, esta práctica no ha tenido una respuesta institucional de rechazo e investigación, advirtió el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Santiago Aguirre.
En conferencia de prensa donde se presentó “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, indicó que el documento evidencia un aumento de esta práctica desde que comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en 2006.
En ese reporte, explicó, se analizan los casos de 29 mujeres detenidas en 12 entidades del país que fueron víctimas de tortura sexual, de las que 26 permanecen en prisión. En 16 casos hubo violación y en 11 amenaza de violación.
Además, Santiago Aguirre agregó que los estigmas sociales de los delitos que les fueron imputados impidió que fueran escuchadas al momento de denunciar tortura sexual.
Las historias recabadas en el análisis, abundó, involucran a 12 corporaciones, entre ellas algunas federales.
El tema común es que ninguna ha sido investigada, “permanecen impunes y en cada uno fallaron las garantías que tiene una persona acusada para que si es objeto de tortura, esa tortura sea tenida en cuenta y las pruebas obtenidas a través de esta práctica sean excluidas del proceso”.
En su opinión, existe falta de respuesta institucional, de rechazo e investigación, y además estimó que el universo de mujeres afectadas es más que el mostrado en el informe.
A su vez, la abogada del Centro Prodh, Araceli Olmos, detalló que de acuerdo con el análisis, la cantidad de mujeres privadas de la libertad en Centros de Readaptación Social (Cereso) aumentó de 63 casos en 2007 a dos mil 731 en 2017.
Detectaron que en 27 de los 29 casos se usó la figura de flagrancia para justificar la detención, pero sin contar con pruebas para ello, y en el total de casos hubo falta de puesta a disposición inmediata ante las autoridades competentes.
En 16 casos se consumó la violación sexual, en 12 se realizó de manera tumultuaria, y en dos se perpetró frente a familiares; además, al presentar a las detenidas ante las instancias correspondientes, en ninguno de los casos se informó el estado de integridad física ni se verificaron testimonios de tortura sexual.
Asimismo, en 21 de los 29 casos analizados las mujeres firmaron declaraciones autoinculpatorias como consecuencia de la tortura, y en ninguno se excluyeron estas pruebas obtenidas de manera ilícita aun cuando existía evidencia física de ello.
Al respecto, la investigadora Layda Negrete, de World Justice Project, afirmó que la alta incidencia de tortura sexual “no es un anécdota y sucede con relativa regularidad”, y al ser inculpadas por delitos como el crimen organizado aumenta la vulnerabilidad.
