Uruguay podrá espiar correos electrónicos y llamadas a partir de enero

El Gobierno uruguayo compró tecnología de última generación a una empresa brasileña para espiar llamadas, correos electrónicos y las redes sociales como parte de su plan de lucha contra el delito.

La compra del equipo denominado “El Guardián” fue aprobada por el presidente uruguayo José Mujica en acuerdo con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a un costo de 2 millones de dólares.

La operación de compra “debe mantenerse en secreto”, sostiene la resolución presidencial que habilitó la adquisición, aunque la información fue revelada este lunes por medios locales.

Las empresas de telecomunicaciones de Uruguay comenzaron a probar, por orden del Ministerio del Interior, el funcionamiento del software con el objetivo de que esté operativo desde el mes de enero, señalaron fuentes oficiales citadas por la página digital del diario El Observador.

Con “El Guardián” el Gobierno podrá acceder a vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. El sistema habilita, además, a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales. Realiza monitoreo de voz y datos

No obstante, para poder hacerlo, deberá solicitar una orden judicial y presentarla ante las prestadoras del servicio. La plataforma, que será proporcionada por la empresa Digitro Tecnología, ya es utilizada por la Policía Federal de Brasil.

Sobre su funcionamiento, la empresa proveedora señala en su web que el sistema “realiza monitoreo de voz y datos” y ofrece “recursos avanzados” de análisis de “audio e identificación de locutores.

“Es una solución hecha especialmente para las operaciones de investigación legal”, asegura.

El fiscal de Corte y exjuez Jorge Díaz, dijo en declaraciones al portal digital del diario El País, que antes de la puesta en marcha del sistema de espionaje el Ministerio del Interior “debe garantizar” a jueces y fiscales su “uso correcto”.

Señaló que los operadores judiciales “deben tener claro” los “resguardos y alcances” del sistema porque son ellos quienes solicitan y libran las órdenes de interceptación de llamadas y correos.

“Seguramente habrá una etapa de mucho intercambio previa a la puesta en marcha del sistema”, estimó el fiscal de Corte.

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