Víctimas de caso Graham aún no recuperan el dinero que les fue robado
Un fideicomisario encargado de recuperar el dinero para las víctimas de delitos del ex fiscal de Las Vegas, Robert Graham, ha pasado más de cuatro años buscando activos y ha presentado unos 500 documentos judiciales.
Hasta ahora, las víctimas no han visto ni un centavo.
Se ha identificado casi un millón de dólares en activos, pero las únicas personas a las que se les ha pagado hasta ahora han sido contadores y abogados, aproximadamente unos 113 mil dólares, según muestran registros y entrevistas.
En 2016, un grupo de víctimas de Graham presentó un caso de bancarrota involuntaria contra su extinto bufete de abogados para recuperar el dinero que quedara. Un año más tarde, el juez del caso de Graham también ordenó la mayor restitución en el Condado Clark en los últimos cinco años, pero las víctimas no han visto ningún dinero de la restitución penal o del caso de bancarrota.
“Los honorarios de los abogados siguen acumulándose y son concedidos por el tribunal”, comentó Thane Parton, que perdió casi 500 mil dólares por el robo de Graham. “Hay mucha desconfianza en el sistema sobre la quiebra y no ha habido comunicación”.
Graham fue condenado a entre 16 y 40 años de prisión en 2017 por robar unos 17 millones de dólares a decenas de clientes para pagar sus gastos de oficina y personales.
Bárbara Macknin, cuyo patrimonio de su marido es el principal demandante, ha abandonado cualquier esperanza de ver dinero para ella o cualquiera de las otras víctimas. El marido de Macknin, Michael, murió de un cáncer relacionado con el amianto, y Graham le robó más de un millón de dólares de la indemnización que recibió de los fabricantes de amianto.
“No he escuchado nada y no espero escuchar nada”, dijo la semana pasada.
La administradora de la quiebra, Shelley Krohn, y su abogado, Jacob Houmand, no devolvieron las llamadas ni los correos electrónicos del Review-Journal en los que se les pedía una entrevista sobre cuándo concluirá el caso y si se destinará algún dinero a las víctimas.
Parton dijo que Krohn tampoco ha devuelto sus llamadas, y sospecha que es porque las víctimas recibirán poco o nada al final. Los documentos judiciales no detallan cuánto se le ha pagado a Krohn.
“Si alguien evade hablar contigo, es porque algo raro pasa”, dijo.
No hay contabilidad
Mientras que miles de páginas de archivos judiciales enumeran algunos de los activos recuperados y parte del dinero pagado, una contabilidad completa no suele ocurrir hasta que el caso se completa, explicó la profesora de derecho de la UNLV, Nancy B. Rapoport.
“Mi corazonada es que todavía están buscando activos”, opinó Rapoport, quien revisó el caso de bancarrota de Graham a petición del Review-Journal. “Hay una legítima y justa indignación (sobre la duración de estos casos), pero finalmente habrá una orden de cierre del caso”.
Utilizando los registros judiciales, el Review-Journal identificó unos 953 mil dólares en activos que figuran en el expediente. Pero casi la mitad de esa cantidad (400 mil dólares) son antiguas cuentas por cobrar que probablemente nunca se cobrarán.
Las cuentas por cobrar “de más de 90 días son difíciles de cobrar”, señaló Rapoport. “Las cuentas por cobrar de más de cuatro años son prácticamente imposibles de cobrar”.
La iglesia Mormona, que recibió donaciones de Graham, acordó devolver unos 156 mil dólares, según registros judiciales. Bank of America liberó 215 mil dólares, según registros. The Bar Association of Nevada proporcionó 132 mil dólares de las cuentas de Graham que fueron congeladas, según el abogado, Dan Hooge.
El resto de los activos fueron unos pocos miles en efectivo, algunos muebles de oficina, el alquiler y el depósito de su oficina de Colorado y la devolución de las primas de la póliza de mala praxis de Graham.
Algunas víctimas han recibido dinero de un fondo del colegio de abogados para reembolsar a las víctimas de robos de abogados, pero el fondo limita los pagos a 50 mil dólares.
Asesores pagados
El abogado de Las Vegas, Ryan Andersen, fue contratado en régimen de contingencia para ver si podía convencer a la compañía de seguros de mala praxis de Graham de que pagara a las víctimas, pero comentó que el contrato de seguro tenía una cláusula que liberaba a la compañía de su obligación si había fraude.
La compañía accedió a devolver unos 11 mil dólares en primas para resolver el caso y Andersen recibió el 40 por ciento de esa cantidad, es decir, unos cinco mil dólares, por 60 horas de trabajo. Mencionó que era bastante menos de lo que habría recibido si se le hubiera permitido facturar su tarifa por hora.
“En un caso como este (y en otros de fraude financiero), es muy costoso y lleva mucho tiempo desenmarañarlo y requiere conocimientos especializados”, explicó. “La distribución lleva mucho tiempo en un caso como éste”.
El mayor receptor de dinero hasta ahora es la empresa de contabilidad forense EisnerAmper, que recibió casi 108 mil dólares el año pasado para buscar el dinero de Graham. No está claro si los contadores encontraron algún activo, ya que la firma facturó por horas y no por contingencia.
El portavoz de la empresa, David Plaskow, declinó hacer comentarios. “No comentamos sobre asuntos relacionados con clientes pasados, actuales o potenciales”, escribió en un intercambio de correos electrónicos.
Rapoport dijo que los registros judiciales muestran que EisnerAmper trabajó bajo una disposición en la ley de bancarrota que no da al juez mucho que decir sobre cuánto se les paga. La ley de bancarrota también permite pagar a los contratistas antes que a cualquier deudor no garantizado, como las víctimas de Graham, informó.
“Para convencer a gente inteligente de que trabaje, tiene que haber alguna compensación”, señaló.
Krohn está recibiendo unos honorarios que no salen de los fondos recuperados, pero también recibirá un porcentaje de cualquier dinero que recupere para las víctimas, añadió Rapoport.
El abogado de Krohn, Houmand, tiene un acuerdo para facturar hasta 325 dólares la hora por sus servicios, según los registros judiciales, pero el tribunal no ha entregado ningún dinero a su bufete hasta el momento.
Parton espera que cualquier dinero que se encuentre vaya a parar al fideicomisario, a los abogados y a cualquier otro contratista.
“Hay que reformar el sistema”, apunta. “Tiene que haber un incentivo para encontrar el dinero sobre la base de la recaudación y no cobrar lo que se quiera”.
