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El nuevo fiscal federal Trutanich, se niega a descartar los cargos por el uso de marihuana — VIDEO

El nuevo abogado de Nevada, Nicholas Trutanich, se negó a descartar la posibilidad de procesar delitos de marihuana. Dijo que los agentes federales fueron victimizados durante el enfrentamiento de Cliven Bundy, por lo que está apelando la decisión de un juez que desestimó el caso. También cree que la policía federal puede ayudar a reducir las tasas de delincuencia local.

“El uso de drogas y las tasas de delincuencia van de la mano”, destacó Trutanich mientras filmaba Nevada Politics Today. “Nevada no es más seguro porque la marihuana está disponible en cada esquina. Lo que diré acerca de las leyes federales de aplicación de la marihuana es que lo hacemos de acuerdo con las prioridades y los recursos de la oficina”.

Cuando se le preguntó si los delitos de marihuana eran una prioridad para su oficina, Trutanich se centró en los esfuerzos para procesar otros delitos relacionados con las drogas.

“Lo que no voy a hacer es sentarme aquí y decir: ‘Vamos por esto, vamos por aquello”, expresó. “Pero evaluamos los casos que se nos presentan según la suficiencia de la evidencia y los recursos que tenemos en la oficina. En este momento, los opioides, el fentanilo y la heroína son una plaga en Nevada. Hemos sido una estrella brillante en la búsqueda de esa área prioritaria”.

Cuando le preguntaron si eso significaba que la marihuana no era una prioridad para su oficina, Trutanich respondió: “No, eso no es lo que estoy diciendo, me refiero a que hago cumplir la ley federal de acuerdo con las prioridades y los recursos de la oficina”.

La oficina de Trutanich apeló recientemente la decisión de un juez de desechar el caso que la oficina presentó contra Cliven Bundy en relación con el enfrentamiento de 2014 en el rancho de Bundy.

“Cuando pienso en el caso de Bundy y su persecución, lo primero que me viene a la mente son los agentes de la ley que se despidieron de sus familias ese día en 2014, fueron a trabajar y de repente quedaron amenazados con armas de fuego”, agregó Trutanich. “Esas son verdaderas víctimas de un crimen real. Lo que hemos hecho en el Noveno Circuito es pedir una revisión del remedio que impuso el juez”.

Un fallo favorable del Noveno Circuito permitiría a la oficina de Trutanich volver a revisar el caso, anunció que tomaría la decisión en el futuro.

“La pelota está en la cancha del Noveno Circuito”, destacó. “Cuando el Noveno Circuito la empuje a mi lado de la cancha, tomaremos una decisión”.

Una prioridad para Trutanich es el “Project Safe Neighborhood”, que es un esfuerzo de aplicación de ley colaborativa.

“Project Safe Neighborhood es la mejor herramienta del plan del Departamento para combatir el crimen en vecindarios violentos”, indicó. “La premisa general es reunir a los líderes de la comunidad, así como a las autoridades policiales, locales, estatales y federales, para perseguir a los delincuentes violentos en las zonas más peligrosas y ponerlos tras las rejas, fuera de las calles. También es una asociación del otro lado en los programas de prevención y reingreso, lo cual es igual de importante. La razón por la que el gobierno federal debería perseguir un crimen violento es porque podemos tener un gran efecto en el tipo de casos que presentamos”.

Trutanich citó su propia experiencia como un ejemplo de cómo puede funcionar el programa.

“He tratado casos y he estado involucrado en varios en los que hemos derribado docenas de miembros de pandillas”, afirmó Trutanich. “La tasa de homicidios en esas áreas de la ciudad ha caído desde más de 30 por año a menos de 10 por año. Por lo tanto, puede tener un impacto real cuando erradique una empresa criminal completa en un solo proceso”.

Trutanich se opone a los esfuerzos legislativos para limitar la cooperación entre las agencias federales y locales de aplicación de la ley. “La aplicación de la ley funciona mejor cuando se trabaja en conjunto”, apuntó.

Cuando su oficina trabaja en casos relacionados con inmigrantes ilegales, Trutanich dijo que el enfoque está en aquellos con antecedentes penales como violencia de pandillas, violencia doméstica o conducción bajo intoxicación repetidos.

“Nuestra oficina presenta alrededor de 100 casos de inmigración cada año”, argumentó. “Cuando los presentamos, analizamos detenidamente si esa persona es o no merecedora de un proceso federal”.

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