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El reclamo por la morosidad del gobierno

El reclamo tuvo que llegar directamente al presidente de la República de parte del nuevo líder del sector empresarial del país, Juan Pablo Castañón, a ver si así se entiende: el gobierno, federal y los estatales, no pagan sus adeudos y tienen al sector privado en vilo y con molestia.

Y no pagan a pesar de que tienen dinero.

Una situación incomprensible, pues tensa las relaciones entre el gobierno y el sector productivo, ya que dinero hay y los adeudos no se cubren mientras pasan y pasan los meses. Hasta los años.

No se trata de unos cuantos empresarios acaudalados y solventes los que reclaman pagos al gobierno federal y a los estatales, sino decenas de miles de grandes, medianas y pequeñas empresas las que se comen sus ahorros porque el gobierno no quiere pagar.

El costo de esa anomalía inexplicable no sólo es un mal ambiente social, sino que para el partido en el gobierno implica un rechazo porque no tiene la sensibilidad para cumplir sus compromisos. Y las elecciones siempre llegan. Y los electores cobran.

“Los retrasos e incumplimientos no sólo ponen en riesgo financiero a miles de empresas: ponen en riesgo a millones de empleos para las familias mexicanas”, dijo Juan Pablo Castañón al asumir ayer la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ante el presidente Peña Nieto.

Bien pudo haberse evitado este momento incómodo para el presidente y para los empresarios, en que se tienen que cobrar las cuentas en público porque las empresas no aguantan más.

El mal rato pudo no haberse dado si el gobierno cumpliera con sus compromisos en plazos razonables. O que expliquen las razones por las cuales no pagan.

En esta administración los requerimientos financieros del sector público indican que la deuda del gobierno ha escalado de manera notoria en comparación con la que dejó el gobierno anterior, en la banda de 30 puntos porcentuales del PIB, y ahora ronda 50 por ciento del PIB.

Lo anterior quiere decir que sí hay dinero. O que nos digan dónde están las grandes obras públicas que se han comido esa deuda.

Manuel Herrera, líder de la Concamin, sostiene que los estados deben 120 mil millones de pesos a 40 mil empresas. Y los estados tienen en sus cuentas bancarias “guardaditos” por 168 mil millones de pesos (EL FINANCIERO, 10 de diciembre).

Por todos lados surgen los reclamos de que, además de los estatales, el gobierno federal no paga a sus acreedores.

Ya decíamos en este espacio que a ICA, la empresa símbolo de la ingeniería mexicana, el gobierno le debe decenas de miles de millones de pesos por obras que ya están ejecutadas.

¿Que se aguanten los Quintana? Sí. ¿Y que se aguanten las mil 500 empresas medianas y pequeñas que son proveedoras de ICA?

También que se aguanten los campesinos acreedores de Aserca. Que se aguante el PRI en las elecciones.

¿Y que se aguante el presidente si se lo reclaman en público como ocurrió ayer?

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