Luchan por el poder
Da la impresión que el gobierno no ha comprendido que hay una emboscada en su contra, con las peores intenciones de ruptura institucional.
Hay grupos que están trabajando para provocar el colapso político y económico de México, y ello puede ocurrir si el gobierno no toma medidas de emergencia para atender una situación que es excepcional.
Estamos frente a un escenario de lucha por el poder. Un grupo quiere tomarlo, y lo ha dicho a los cuatro vientos.
Vean nada más: los protagonistas de la descomposición en Guerrero son los que marchan, toman carreteras, incendian alcaldías y ponen contra la pared al gobierno federal, en protesta por la ausencia de Estado de derecho.
Ya lo dijo su líder: buscan la caída del gobierno y que se convoque a nuevas elecciones. El eterno candidato, que ha vivido en campaña desde hace varios años, no se quiere esperar hasta el 2018.
Lo que vemos es una campaña orquestada con fines de desestabilización. No existe otra explicación para que encapuchados asalten la casa de Gobierno en Guerrero, o que estudiantes tomen casetas de peaje y pidan cuotas “por los desaparecidos de Ayotzinapa”.
El gobierno se tiene que ver. Necesitamos señales de que sí está gobernando, y que el país no se encuentra abandonado a su suerte en materia de orden y seguridad.
Desde luego la intención de los que promueven la desestabilización es poner al gobierno en la disyuntiva de reprimir o declararse incompetente.
Hasta ahora todos los heridos, muertos y desaparecidos, son obra suya, de la izquierda. Quieren que el gobierno les regale víctimas para provocar una reacción social incontrolable.
Pero entre reprimir y declararse incompetente hay vías intermedias, y esas las da la política.
No basta con buscar a los normalistas de Ayotzinapa, sino que se requieren avances informativos, con pruebas y detenidos, que nos expliquen lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, sea cual sea la verdad.
Hay autores intelectuales y cómplices de ese acto de barbarie que gozan de libertad.
¿Por qué están libres lo que permitieron la fuga del alcalde de Iguala, su esposa y el director de Seguridad Pública?
La verdad debe ir conociéndose, pues de lo contrario sólo se ve parálisis.
¿Nada tienen qué decir las autoridades de la normal de Ayotzinapa, de su posible vinculación con grupos de la delincuencia organizada, que actuaron esa tarde y noche del 26 de septiembre?
¿Nada tienen qué decir acerca de su relación con células de grupos armados, como el EPR y el ERPI?
Sería excelente ver ahora al gobierno actuar con la misma eficacia con que logró la mayor concertación política que se tenga memoria, el Pacto por México.
Necesitamos ver de nuevo al gobierno que toma la ofensiva.
Así como se hizo el Pacto por México, sería un aliciente ver un pacto entre partidos y el gobierno para la seguridad en el país. Que no se pasen la responsabilidad los gobiernos estatales con los municipios y la federación.
Que la aplicación de la ley sea en automático cuando haya toma de carreteras, asalto a radiodifusoras, saqueos a comercios, independientemente de quien gobierne y quien viole la ley.
La asonada está en marcha, y el gobierno debe reaccionar, porque esto va para más. La lucha es por el poder.
