AI exige a México investigar desapariciones forzadas en frontera con EE.UU.

MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) exigió el 14 de agosto a las autoridades mexicanas “investigar y esclarecer de inmediato la aparente desaparición forzada de tres personas”, incluidos dos menores, a manos de militares de la Marina en el estado de Tamaulipas (noreste), en la frontera con Estados Unidos.

La organización indicó en un comunicado que José de Jesús Martínez y Diana Laura Hernández, esta última de 17 años, fueron detenidos por militares en un retén en la ciudad de Nuevo Laredo (Tamaulipas), cuando viajaban en una camioneta la madrugada del 29 de julio.

“Un familiar pudo ver que fueron arrestados y llevados al campamento de la Marina en la Ciudad Deportiva” pero cuando sus parientes visitaron el lugar ese mismo día, soldados aseguraron que no tenían a nadie detenido ahí, según AI.

En un incidente similar, un día después, Raúl Álvarez, de 17 años, fue detenido en un retén en la zona sur de Nuevo Laredo, y varios testigos oculares, incluida una persona que lo conoce, aseguraron que el joven fue subido a un vehículo de la Marina.

“Los testigos no han declarado ante las autoridades por temor a represalias”, apuntó la ONG, que exhortó a las autoridades navales a “dar a conocer el paradero de las tres personas sin dilación y asegurar su integridad física”.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, “tiene la obligación de dar un mensaje fuerte de que la desaparición forzada es inaceptable durante su Gobierno”, añadió AI.

Además pidió “tomar las medidas urgentes necesarias para encontrar con vida a las víctimas y consignar ante las autoridades civiles competentes a los responsables”.

La ONG defensora de los derechos humanos urgió a la fiscalía general a “realizar una investigación completa, imparcial y efectiva para esclarecer estas presuntas desapariciones forzadas”, así como visitar las bases y campamentos de la Marina en Nuevo Laredo, ciudad cercana a la estadounidense de Laredo (Texas).

También instó a las autoridades a “garantizar la protección de familiares y testigos para prevenir posibles represalias”.

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